Editorial

Cotizaciones y salario mínimo coherentes

El Gobierno sigue fiel a su doctrina liberal de control de los costes, de todos los costes, para contribuir a la devaluación interna de la economía y reforzar la competitividad de las empresas: ha congelado para 2014 tanto el salario mínimo interprofesional como las cuantías de las bases mínimas de cotización a la Seguridad Social. El salario mínimo seguirá en 645,3 euros cada mes, marcando el coste laboral por trabajador de entrada en el mercado de trabajo, y en coherencia con esta decisión, congela también el coste de las cotizaciones que para financiar el sistema de pensiones tienen que hacer tanto empresas como trabajadores.

Estas dos decisiones, junto a la congelación de los sueldos de los funcionarios para 2014, son los tres pilares que aporta el Ejecutivo al mantenimiento de la moderación de los salarios y, por ende, de los costes. El resto debe aportarlo una negociación colectiva que ya en los últimos años ha registrado sistemáticas caídas en la remuneración de los nuevos trabajadores, pese a que los pagos recogidos en las tablas salariales contabilizasen ligerísimas subidas al menos en los dos últimos años.

Este control de los salarios y las cotizaciones, que tiene plena sintonía con un comportamiento cuasi plano de la inflación, es además parte esencial del espíritu del pacto salarial que empresarios y sindicatos tienen firmado aún para el próximo año y que, con los cambios legislativos en materia de contratación, despidos y determinación de salarios en las empresas, está contribuyendo a modificar los paradigmas del mercado de trabajo, hasta el punto de que con un ligero crecimiento de la economía ha comenzado a activarse el empleo en los servicios y en la industria.

El Gobierno se ha cuidado mucho, no obstante, de subir las cotizaciones de quienes lo hacen por las bases máximas del sistema, que son quienes tienen mayores remuneraciones y, por ello, mayor capacidad económica. Este ejercicio, que ya fue aplicado en las cuantías de 2013, refuerza en parte los recursos de la Seguridad Social, aunque únicamente el 4% de los cotizantes pagan por unas bases máximas que subirán otra vez un 5%. Pero este es el dilema en el que está en parte atrapada la Administración: reducir los costes para generar la mayor cantidad posible de empleo, y perder la menor cantidad posible de recursos en el sistema de pensiones que ya está en situación abultadamente deficitaria.

La solución del segundo problema solo vendrá de la mano de una solución consistente del primero, que a su vez depende de más cosas que unos costes laborales bajo control: confianza, demanda interna, crédito, estímulo fiscal, etcétera.

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