La lacra de la morosidad amenaza con perpetuarse
Los proveeedores piden un recargo del 20% para la administración que no pague en plazo y sanciones a las empresas incumplidoras Solo el 10% de pymes y autonómos se apuntarán al régimen que permite no tener que pagar el IVA de las facturas hasta que éstas no se hayan cobrado
El Ejecutivo puso en marcha en 2012 un plan de pago a proveedores para poner el contador de la deuda comercial a cero. Desde el inicio de la crisis, las administraciones comenzaron a alargar sus plazos de pago a proveedores como una vía para obtener liquidez. Dicho de otra manera, se beneficiaban de sus impagos y el resultado es que terminaban financiándose a costa de sus proveedores.
Todo ello, pese a la existencia de una ley, reformada y aprobada en 2010, que establecía unos límites en los tiempos que se irían reduciendo progresivamente. Así, a partir del 1 de enero de 2014, las empresas no podrán abonar sus facturas a más de 60 días y las administraciones públicas no lo podrán hacer más allá de 30 días. Unos plazos de difícil cumplimiento teniendo en cuenta que los últimos datos muestran que la cultura de pago a proveedores está muy lejos de esos registros: las empresas lo hacen a un promedio de 93 días y el sector público, a 141.
La solución que ha propuesto el Ejecutivo es doble: por un lado, activar otro plan de pago a proveedores que liquide toda la deuda comercial acumulada por Estado, comunidades y ayuntamientos entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de mayo de 2013 y, por el otro, generar un mecanismo para evitar impagos futuros.
De este modo, las facturas que no sean abonadas en plazo por las administraciones lo serán por Hacienda, que recuperará después ese importe reteniendo la cantidad pagada de las transferencias que realiza a las administraciones. Una solución que no ha dejado satisfechos a autónomos y proveedores, que auguran que el problema no dejará de producirse si no se coge “el toro por los cuernos” y se aplican sanciones de verdad.
Sanciones
La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, que representa a 1,5 millones de empresas y a cuatro millones de trabajadores, se ha convertido en el principal lobby empresarial contra la morosidad en los pagos. Su presión fue la que provocó el cambio legal en 2010, con un calendario de plazos de pago cada vez más exigente para empresas y administraciones públicas, y ahora quiere jugar un papel similar. El presidente de la Plataforma, Antoni Cañete, ya ha anunciado que no cejará en su empeño para que se establezca un régimen sancionador a los impagadores. La propuesta que ha elaborado propone sanciones que van hasta los 900.000 euros para infracciones muy graves, de 300.000 euros para las graves, y hasta 30.000 euros para las leves. También, propone que las autonomías puedan decretar el cierre temporal de una empresa siempre que haya reincidido tres veces en infracciones muy graves.
Todo esto se planteó en un documento que la Plataforma presentó al conjunto de portavoces parlamentarios en el Congreso en la última cumbre política celebrada a finales de noviembre. En ese acto, el representante de CiU, Josep Sánchez Llibre, confirmó que el régimen propuesto se traducirá en una proposición de ley que se tramitará a principios de año en el Congreso. El portavoz popular Vicente Martínez Pujalte se mostró dispuesto a tramitarla, aunque en ese acto ya dejó claro que las sanciones solo se deberían aplicar en el caso de que la relación entre empresas sea de desigualdad, es decir, que una compañía intente imponer plazos abusivos a otra utilizando su posición de dominio.
Intereses de demora
Los dos planes de pago a proveedores han sido muy bien recibidos por los acreedores. “Han sido un auténtico balón de oxígeno para las empresas con problemas de liquidez, ya que han salvado a 150.000 autónomos y han permitido mantener 400.000 puestos de trabajo”, resalta Lorenzo Amor, presidente de la asociación de autónomos ATA y embajador español contra la morosidad. Los elogios, sin embargo, se tornan en críticas a la hora de criticar la permisividad del Gobierno para no castigar a las empresas y administraciones morosas. “He pedido reiteradamente al ministro de Hacienda que establezca un recargo del 20% para aquellos deudores que no paguen en plazo. No puede ser gratis no pagar las facturas en España”, resalta Amor en clara alusión a la quita que han tenido que asumir los proveedores.
Todos aquellos que han querido cobrar sus deudas en los dos planes de pago han tenido que renunciar a sus intereses de demora, algo que la Plataforma cifra en 1.366 millones de euros. De esa cantidad, las comunidades autónomas se han ahorrado el pago de 742 millones, mientras que la administración local y el Estado se han librado de pagar otros 189 millones.
Recursos ante la UE
Los proveedores están expectantes sobre la respuesta de las administraciones y de las empresas ante el nuevo marco creado por el Ejecutivo. Lo que parece claro es que no están dispuestos a permitir que los retrasos vuelvan a reproducirse en el sector público y privado. Por este motivo, amenazan con presentar un alud de demandas ante las autoridades comunitarias si no se cumple lo establecido por ley. “Se hará una movilización de protesta masiva contra el Reino de España”, alerta Cañete.
El pasado 16 de marzo se traspuso en España la directiva europea de plazos de pagos, que establece un máximo de 30 días, y ese es el resquicio legal que quieren utilizar para presionar a Hacienda. De hecho, advierte que preparan un alud de demandas que presentarán ante las autoridades comunitarias si finalmente los impagos persisten, si el Gobierno no crea un régimen sancionador y si los grandes lobbies logran su propósito de seguir pagando más allá del plazo legal.
Subcontratas
En los últimos tres años de crisis, el foco de Hacienda ha estado muy centrado en la morosidad de las administraciones públicas. Ahora, los proveedores quieren que la atención de Hacienda gire sobre las grandes empresas y su capacidad de imponer plazos de pago abusivos a medianas y pequeñas. “Muchas subcontratas (los proveedores de los proveedores) todavía hoy día continúan a la espera de cobrar por parte de aquellos que sí han recibido el dinero de las Administraciones (fabricantes y contratistas) a través de estos planes de pago a proveedores”, recalca Cañete. El dedo acusador se dirige hacia las grandes empresas del Ibex. El último informe de la Plataforma, realizado a principios de este año, señalaba que estas grandes compañías pagaban sus facturas con un retraso medio de 215 días, más del triple de los 75 días permitidos por la Ley de Lucha contra la Morosidad para este ejercicio.
Divergencia entre administraciones
El presidente de ATA se muestra especialmente preocupado por la diferencia en los plazos de pago entre administraciones. “Es evidente que se ha producido una mejora en el último año, ya que se ha pasado de un plazo medio de pago de 150 días a otro de 129, gracias a la agilización experimentada por el Estado, por los ayuntamientos y por alguna comunidad autónoma”, subraya. “Lo que no puede ser es que una administración pague a 30 días y otra a 150, porque marca serias diferencias entre empresas que tratan de competir en igualdad de oportunidades”, señala. Amor apunta que para corregir esta situación lo “lógico” sería que las administraciones aplicaran el mismo rasero para los contribuyentes y para los morosos.
“Si un ciudadano no paga una multa o un autónomo no paga sus facturas, al día siguiente tiene un recargo del 20%. Ese criterio no se aplica con los impagos y sería un mecanismo muy efectivo para evitar situaciones injustas. No puede haber administraciones de primera y ciudadanos de segunda”, apunta indignado.
Crédito
El presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad recalca que todos los cambios aplicados para tratar de acabar con la bola de morosidad pública tendrán un impacto limitado si el mercado del crédito no se recupera y las pymes vuelven a tener abiertas las puertas de la banca. “Si sigue sin haber crédito, las empresas seguirán teniendo la tentación de aplazar el pago a sus proveedores”, advierte.
El IVA con criterio de caja
Era una de las medidas estrella con la que el Ejecutivo quería aportar una inyección de liquidez a las pequeñas y medianas empresas. Se trata de que las entidades no paguen el IVA de las facturas hasta que no las cobren, algo que no sucede en la actualidad. La gran mayoría afronta el pago del impuesto sin haber cobrado ni un euro. De ahí que la falta de liquidez que generan los retrasos en los pagos, unido a ese adelanto del abono del impuesto, haya abocado a muchas empresas a echar el cierre o a despedir trabajadores. Amor calcula que el 20% de los cierres y el 25% de los despidos tienen su origen en la morosidad. No obstante, en el paso de la teoría a la práctica, la medida ha perdido mucha fuerza. Este régimen se limita a empresas y profesionales con una cifra de negocios inferior a dos millones. Los potenciales beneficiarios ascienden a 2,3 millones y los expertos aventuran que menos de 200.000 compañías optarán por el nuevo modelo en 2014. Diversos motivos explican las previsiones a la baja de los expertos. El primero es que la empresa no deberá pagar el IVA hasta cobrar la factura, pero tampoco podrá deducirse el impuesto hasta que se haya pagado. Luis del Amo, secretario técnico del REAF, señala que las pequeñas empresas que vendan al consumidor final no tendrán ningún interés en aplicar el nuevo criterio, ya que suelen cobrar el IVA en el momento de vender un producto y, por lo tanto, les resulta más cómodo mantener el viejo modelo que les permite deducirse el IVA soportado antes de pagar a sus proveedores.En este escenario, la PMcM propone que el Gobierno invierta el sujeto pasivo para que el proveedor (en su gran mayoría pymes) quede exonerado del anticipo del impuesto y se ponga de manifiesto qué clientes (muchos son grandes empresas) no pagan sus facturas a tiempo.
Pobreza y divorcios
A los efectos de la morosidad pública y privada sobre la sociedad española se han unido los provocados por la subida de precios y de impuestos, que han recortado notablemente el poder adquisitivo de los hogares. Un estudio sobre la política de pago de consumidores, elaborado por la consultora de recobros sueca Intrum Justitia, a partir de una encuesta a 10.000 ciudadanos europeos de 21 países diferentes, así lo certifica. De los 507 españoles, uno de cada tres hogares reconoce que después de hacer frente al pago de las facturas se queda sin dinero para poder vivir.
El informe no ofrece datos comparables con otros países, pero sí lo hace a la hora de conocer si el nivel de renta que queda tras pagar deudas permite a los ciudadanos de un país llevar una vida digna. La brecha entre norte y sur es evidente. Solo el 14% de los daneses considera que no dispone de una cantidad suficiente de dinero. El porcentaje crece levemente hasta el 17% en Noruega, el 18% en Austria, el 19% en Alemania o el 20% en Holanda. En el otro lado, se sitúan España, donde la cifra de personas con dificultades se eleva al 25%, o Portugal o Italia, con un 29%. Luis Salvaterra, director general de Intrum Justitia en España y Portugal, señala que la brecha también ha empezado a abrirse entre el oeste y el este de Europa. “El 52% de la población de Estonia no tiene capacidad para llevar una vida digna, seguida por Hungría (47%) y Grecia (44%)”, subrayó. En el caso de España, los ciudadanos han optado mayoritariamente por dejar de consumir como única alternativa a la menor renta disponible.
Entre las principales causas que han generado ese ajuste del consumo, los 507 encuestados apuntan a la pérdida del empleo como el primer factor, con un 70% de las respuestas, seguido por los recortes de los salarios (56%) o la falta de disciplina financiera del país (50%). Pese a que en la clasificación sale en un puesto muy bajo, con tan solo un 12% de las respuestas, Salvaterra destaca a los divorcios como uno de los principales problemas que condicionan el crecimiento del gasto en los hogares.
Un dato que parece baladí, pero que no lo es si se tiene en cuenta el importante peso que tiene el consumo de los hogares en el PIB de España. Un mayor o menor gasto de los hogares puede ser determinante a la hora de establecer una salida más rápida o más lenta de la crisis.