Damm y Luxempart ofrecen 250 millones para hacerse con el control de Pescanova
La familia Carceller, propietaria del 7,8% de Pescanova –un 6,2% a través de Damm y otro 1,6% a través de Disa–, junto al fondo Luxempart con el 5,8% de la alimentaria y los fondos de capital riesgo KKR y Ergon Capital Partners, lanzaron ayer una oferta conjunta para hacerse con el control de la multinacional gallega. Entre todos inyectarán 250 millones de euros, con lo que se harán con el 51% de la compañía. La banca se quedaría con el 49% restante, según fuentes próximas a las negociaciones.
Fuentes de Damm han precisado que realizan una oferta que consideran “agresiva y ganadora, ya que hemos llegado hasta aquí queremos que Pescanova tenga un futuro a medio y largo plazo”. Añaden que su propuesta contempla que los pequeños inversores, que se cifran en unos 10.000, "no pierdan todo lo invertido en la compañía" una vez que se lleve a cabo la operación acordeón, con la consiguiente reducción de capital y posterior ampliación.
Este mismo miércoles se prevé celebrar un consejo extraordinario de Pescanova para analizar las propuestas, después de que se ampliara el plazo para su presentación hasta este martes. Aunque no se descarta que haya ofertas de otros de los fondos extranjeros que habían participado en las conversaciones con Lazard, el asesor financiero elegido por la banca acreedora, las fuentes mencionadas dan por vencedora a la encabezada por la familia Carceller.
Presumiblemente, al citado consejo de administración solo acudirán los consejeros independientes, ya que el resto de los miembros del máximo órgano de gobierno son accionistas de la alimentaria.
Además de José Carceller, representante de Damm, y François Tesch, representante de Luxempart, tiene un puesto José Antonio Pérez-Nievas, que posee el 3,39% de Pescanova a través de Iberfomento. Como independientes se encuentran el presidente de Pescanova, Juan Manuel Urgoiti; Alejandro Legarda, director general de CAF; Luis Ángel Sánchez-Melo, presidente de Astra Ibérica y consejero de Sareb, y Yago Méndez, hijo del ex director general de Caixa Galicia, José Luis Méndez.
No obstante, todo el consejo de Pescanova procede de la candidatura liderada por Carceller en la última junta general de accionistas de la compañía.
El administrador concursal designado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en Pescanova, Deloitte, ha acelerado el proceso en las últimas semanas, en parte por la crítica situación de la filial chilena de Pescanova, Pesca Chile, en concurso de acreedores desde el pasado mes de mayo.
Filial chilena
Esta división se considera ahora una pieza clave para el futuro del grupo, que trata de evitar que se trocee la filial, que supone en torno al 30% del ebitda de Pescanova. Para ello es necesaria una inyección en la división de unos 45 millones de euros, según fuentes próximas a la compañía, y el plazo para frenar la venta finalizaba este martes.
Además del futuro de Pesca Chile, en los próximos días se fijará la quita que finalmente tendrán que asumir los bancos acreedores, si bien estos han aceptado que como mínimos será del 70%.
Según el informe concursal de Deloitte, la deuda total de Pescanova asciende a 3.674 millones de euros, por lo que supondría perdonar alrededor de 2.570 millones de euros.
Entre las entidades españolas los principales acreedores son Banco Sabadell, Novagalicia Banco, Banco Popular, CaixaBank y Bankia. Estos cinco bancos, junto a Santander y BBVA, integran el conocido como G7, encargado de las negociaciones del convenio de acreedores. Deloitte quiere que este esté cerrado antes de finales de año.
Pequeños accionistas
Fuentes de Damm añadieron que su propuesta intentará que los pequeños accionistas, que se cifran en unos 10.000, “no pierdan todo lo invertido en la compañía” una vez que se lleve a cabo la operación acordeón, con la consiguiente reducción de capital y posterior ampliación. Estos quedaron atrapados en Pescanova el pasado 12 de marzo, cuando la CNMV decidió suspender su cotización en Bolsa por segunda vez. El último cruce del valor se estableció en 5,91 euros por título y desde entonces ha permanecido paralizada, después de que la compañía solicitara el concurso de acreedores el pasado 5 de abril.
