Las entidades han unificado su argumento de defensa ante sus peticiones al Ejecutivo y al BCE

El mensaje de la banca y del Gobierno: armonización

Ahora sí parece que llegamos al final de la reforma del sistema financiera. Ha costado esfuerzo y dinero, y el resultado está aún por comprobar, por lo menos para los contribuyentes, que han sido los que más fondos han aportado para arreglar el desaguisado de las entidades financieras y lo único que han sacado a cambio han sido más impuestos por parte del Gobierno y más comisiones por la de los bancos.

El pasado viernes fue un día clave para la banca. El Gobierno aprovechó para aprobar una serie de medidas que afectan directamente a la solvencia del sistema financiero, a la remuneración de los banqueros, y a la concesión de créditos por parte de la banca en momentos de bonanza económica, con lo que se quiere evitar el cúmulo de errores que derivaron en la crisis financiera, no solo de España, sino internacional, y que estalló hace ya un lustro y de la que estamos empezando a recuperarnos.

Parece que el Gobierno ha querido apurar los tiempos para presentar a la troika –CE, BCE y FMI– un aluvión de normas en su última visita a España para analizar el desarrollo del rescate del sector financiero. Hoy, de hecho, Economía tiene previsto someter a información pública el anteproyecto de ley que completa el real decreto aprobado con carácter de urgencia el viernes.

En esta futura norma se definen los requisitos de liquidez tanto a corto como a medio plazo, entre los que destaca el de apalancamiento –relación entre deuda y fondos propios–. Este es uno de los problemas fundamentales que dio lugar a la crisis actual, el excesivo riesgo con un nivel de endeudamiento muy elevado. De ahí viene la necesidad de limitarlo, según explicó el viernes el ministro de Economía, Luis de Guindos.

Pero una de las medidas que más esperaba la banca, poder mantener los activos fiscales diferidos como capital de máxima categoría, no se hizo de rogar más. El viernes fue aprobado el real decreto por el que la banca puede seguir sumando 31.000 millones de euros, el 60% de los activos fiscales que tiene en balance, como capital. Las entidades financieras y el Gobierno han explicado por activa y por pasiva que este aval del Estado, “no es ayuda pública, sino un apunte contable que permite a la banca seguir sumando como capital lo que ya tenía”. Además, aseguran que el resto de la banca europea también aplica normas similares que les permite incluir estos activos fiscales diferidos (conocidos como DTA en sus siglas en inglés)_como capital. “Lo que ha hecho el Gobierno es homogeneizar las normas. A partir de ahora, hay que armonizar toda la regulación para competir en igualdad de condiciones con el resto del sector financiero europeo. Si hay supervisión única debe haber regulación común”, repiten sin descanso los directivos del sector. Parece como si el sector se hubiera puesto de acuerdo (que lo ha hecho, según reconocen varias fuentes) para transmitir al ciudadano el mismo mensaje. Y no pueden salirse del guión.

La banca también se ha preparado ya el examen al que le someterán en estos días la troika (examen oral, claro). El guión es el mismo que en su visita de septiembre. Se trata de una reunión ordinaria de seguimiento del cumplimiento del MoU. Crecimiento del crédito, impacto de las refinanciaciones, apelación al BCE, resultados extraordinarios, impacto de la nueva norma de haircuts o quita que penaliza más a las cédulas (con el fin de que la banca no la retenga en balance) e incentivar así el mercado de titulizaciones, o qué impacto tendrá en la liquidez las bajadas de rating, forman parte del cuestionario de la troika.

Mientras, la subasta de Novagalicia sigue su curso. El 13 de diciembre finaliza el plazo para que las entidades interesadas en la firma gallega presenten sus ofertas vinculantes. Si el FROB decide que hay una oferta que destaca sobre el resto será la adjudicataría. De lo contrario, elegirá las tres propuestas más competitivas y hará una segunda vuelta. El precio es fundamental en esta puja, pero no solo por lo que pueda desembolsar la entidad compradora, sino también por lo que pueda ahorrar al Estado con su oferta.

Por ello, y siguiendo el ejemplo de Evo Banco, subasta que, según el FROB se ha convertido en referente, el mantenimiento del empleo en Novagalicia no es una condición vinculante, pero sí sumará puntos. Esta es la apuesta del fondo estadounidense Guggenheim y del venezolano –aunque su sede en España–, Banesco. Esta última entidad pone el acento en sus compras en España, el Banco Etcheverría y 57 oficinas de Novagalicia adquiridas hace unos meses y que se ha incorporado a su filial en España. En ambos casos ha mantenido su plantilla.

Otra espinita que se quitará el Gobierno será la de la incertidumbre del destino de Ceiss. Antes de que termine el año se conocerá el final del largo noviazgo entre Unicaja y Ceiss (anterior Caja España Duero). Todo hace prever que la historia acabará en boda, aunque no sea del todo feliz. Los grandes perdedores son los preferentistas, esos pequeños ahorradores que un día confiaron en su entidad, Caja España o Caja Duero, y que ahora serán los que paguen una unión a la que han sido invitados a la fuerza. Eso sí, el FROB prefiere esta salida que la liquidación o subasta de Ceiss. De ahí que sea el padrino.

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