La formación y las microempresas
Si toda crisis entraña una oportunidad, de acuerdo con el reconocido análisis de Einstein, parece que ésta ha demostrado largamente que es la economía real, productiva, de las empresas orientadas a la producción de bienes y a la prestación de servicios, la única sostenible, frente a los modelos orientados hacia la especulación. Y la economía productiva depende, entre otros, de la calidad del capital humano, el nivel de formación de sus trabajadores. Si, como indica una y otra vez la Comisión Europea, los empleos del futuro serán más cualificados y complejos, el crecimiento económico será cada vez más y más dependiente de ese nivel de formación.
No parece entenderlo así el actual Gobierno. En el paso por el Congreso del proyecto de ley de presupuestos para 2014, el grupo popular ha incorporado una enmienda que reduce drásticamente, en un 75% según estimaciones prudentes, los créditos para formación de las microempresas, aquellas que tienen entre 1 y 5 trabajadores. Dicho de otro modo, no recibirán prácticamente dinero alguno para la misma.
El Real Decreto 395/2007, que firmé como Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, reguló el sistema de formación profesional para el empleo y en el mismo se dispuso que estas pequeñas empresas dispondrían de un crédito de bonificación de 450 euros anuales por trabajador a aplicar en la llamada formación de demanda, es decir, las acciones formativas de las empresas y los permisos individuales de formación para responder a las necesidades específicas de formación planteadas por las empresas y sus trabajadores, para garantizar un aprendizaje permanente a todo trabajador ocupado ante los cambios, rápidos y profundos, de la economía moderna.
La formación constituye un objetivo estratégico para reforzar la productividad y competitividad
A partir de ahora, si no se remedia en el trámite del Senado, estas empresas dispondrán únicamente de la bonificación del 100% sobre la cuantía ingresada por la empresa en concepto de formación profesional, lo que representará a lo sumo un 20 o 25% de la cantidad mencionada, reducción que hará casi imposible prestar formación alguna en estas microempresas. En una economía cada vez más global, interdependiente y compleja, la formación constituye un objetivo estratégico para reforzar la productividad y competitividad de las empresas. La propia Unión Europea considera este aprendizaje permanente un pilar fundamental de la estrategia de empleo en una economía basada en el conocimiento y en todas sus evaluaciones reprocha al Gobierno de España los recortes masivos en los recursos destinados a la formación del capital humano, bien sea en educación reglada o en formación para el empleo. Dicho de otro modo, para salir de esta crisis precisamente se nos recomienda invertir en la formación como un instrumento vital para superarla.
En 2007, y en el marco del diálogo social, decidimos integrar los subsistemas de la formación ocupacional, dirigida a desempleados, y continua, para trabajadores ocupados, en un único modelo de formación profesional para el empleo, introduciendo mejoras que permitieran adaptar la formación dirigida a ambos tipos de trabajadores a la nueva realidad económica y social. Y entre los criterios de distribución de los fondos de formación elegimos un sistema redistributivo de modo que las grandes empresas, aquellas con más de 250 trabajadores recibirían un 50% de su cotización y las muy pequeñas, las más numerosas de nuestro tejido económico y productivo, disfrutarían de una cantidad lineal de 420 euros/año, muy superior al importe de su cotización, precisamente para hacer posible un sistema de formación general que llegara a todos. A menos tamaño de las empresas, mayor porcentaje de fondos para su formación, lógica que ahora se elimina. Como es evidente, hoy es más necesario que entonces el garantizar estos recursos, especialmente para las muy pequeñas unidades que tienen mayores dificultades en este momento de crisis.
Esta decisión, pues, constituye un grave error. Precisamente una de las principales debilidades estructurales de nuestro modelo económico consiste en la reducida intensidad tecnológica de nuestras empresas, su reducida dimensión y su escasa orientación al mercado exterior. Pues bien, para superar estas debilidades un escalón básico y fundamental consiste en prestar formación y mejorar su contenido, para lo que se necesitan los recursos que ahora se eliminan.
¿Por qué no corregir estas deficiencias y sentar requisitos para que estas entidades presten formación?
En la justificación de la enmienda incorporada por la mayoría parlamentaria del Partido Popular, sus autores reconocen que a lo largo de los últimos años se ha conseguido extender y generalizar la formación para el empleo, contribuyendo por una parte a generar una cultura de formación y por otra a desarrollar un mercado en el sector de la formación que permite llegar a un amplio número de trabajadores y empresas en todo el territorio nacional. Si esto es así ¿por qué se eliminan las posibilidades de formación para estas empresas de entre 1 y 5 trabajadores?. Si los mismos autores de la enmienda reconocen que en 2007 se creó este sistema para incentivar la formación en el supuesto de pequeñas empresas de modo que dispusieran de más recursos para formación ¿por qué este retroceso?
La explicación parece estar en el hecho de que según las evaluaciones realizadas, que por cierto no conocemos, se dan ineficiencias que impiden alcanzar la calidad requerida. También se alega la dificultad de que sean las propias empresas las que organicen la formación de sus trabajadores, lo que ha dado lugar a una proliferación excesiva de entidades organizadoras sin que existan requisitos para que estas entidades presten servicios a empresas de forma agrupada, lo que, dicen, genera malas prácticas. Supongamos que es así. ¿Por qué no corregir estas deficiencias y sentar requisitos para que estas entidades que prestan formación lo hagan a empresas agrupadas para alcanzar mejores resultados, en lugar de eliminar de raíz el acceso a la formación de estos trabajadores?
Confieso que no tengo respuesta, pero sí tengo un pronóstico: esta decisión hará peores a nuestras empresas y perjudicara la salida de la crisis. Lamentable.
Jesús Caldera es vicepresidente de la comisión de Economía del Congreso y exministro de trabajo y asuntos Sociales