Bruselas se hace un lío con el nuevo Pacto de Estabilidad

Bruselas no acierta con el Pacto de Estabilidad. Después de la reforma de 2005, para flexibilizarlo, y la contrarreforma de 2011, para endurecerlo, la Comisión Europea acaba de descubrir que tampoco le sirve del todo la maraña de indicadores, evaluaciones y alertas que a raíz de la crisis ha ido incorporando al sistema de control presupuestario y macroeconómico de la UE.

“Intentamos hacer nuestra vigilancia lo más efectiva y rigurosa posible”, señalaba hace unos días el comisario europeo de Asuntos Económicos, Olli Rehn, tras presentar el enésimo informe sobre el cumplimiento presupuestario en los distintos países.

Pero el propio Rehn parecía desbordado por la avalancha de análisis de las últimas semanas, cuyos resultados repetitivos o contradictorios parecen generar más confusión que disciplina. “Es un ejercicio muy pesado”, reconocía el finlandés. “Y después de varios días y semanas trabajando en este ejercicio, estoy seguro de que mejoraremos nuestra metodología en el futuro (...) e intentaremos simplificar el procedimiento, para que las recomendaciones no se solapen y estén más enfocadas”.

En otros departamentos de la Comisión, que también participan en el ejercicio, el veredicto es bastante más duro. Y se duda que la multiplicación de indicadores y baremos sirva para mejorar la gobernanza económica de la UE y de la zona euro.

“La clave de una buena gobernanza”, dice un veterano alto cargo de la CE, “estriba en ganarse el compromiso de los Gobiernos, no en abrumarlos con informes que repiten una semana tras otra las mismas conclusiones y las mismas recetas”. Igual impresión tiene el Parlamento Europeo, que la semana pasada criticó el empecinamiento de la CE con algunas de sus recetas y su optimismo, casi siempre frustrado, sobre los resultados que generan.

Solo los funcionarios de la Comisión directamente ligados al nuevo modelo de vigilancia parecen entender el embrollo. Y lo pregonan con un apasionamiento digno de mejores causas. Para el resto, en cambio, la gobernanza económica se ha convertido en un adefesio del que cuelgan el Pacto de Estabilidad y sus diferentes añadidos, los procedimientos por déficit y por desequilibrios macroeconómicos excesivos, los programas nacionales de reforma, los partenariados nacionales, el informe de crecimiento y una batería de alertas tempranas que, en teoría, se pueden activar en cualquier momento.

“El antiguo Pacto de Estabilidad, basado en un límite claro del déficit del 3%, ya no funcionaba”, decía la semana pasada Ashoka Mody en una teleconferencia organizada por el instituto de estudios Bruegel. Y no sin humor, el ex alto cargo del FMI añadía que “el nuevo Pacto es peor aún porque se basa en un indicador como el déficit estructural, que, si alguien piensa que puede definirlo, es que fuma algo ilegal”.

Mody acaba de publicar un ensayo, A Schuman compact for the Euro_Area, en el que aboga por la descentralización de la vigilancia, justamente lo contrario de lo que se está haciendo. Y apuesta por una fórmula muy del gusto de Berlín: “Que el mercado imponga disciplina porque ya somos todos mayores”.

El departamento de Rehn reconoce que el sistema es mejorable, pero asegura que ha dado resultado. E invoca como prueba que el déficit público de la zona euro se ha reducido a mitad desde 2009, del 7% al 3%. El viernes pasado, además, tuvo lugar por primera vez la revisión por adelantado de los presupuestos nacionales del próximo ejercicio. Un control previo que, como recordó Rehn, “parecía impensable hace solo unos años”.

A pesar de esos éxitos, en muchas capitales, incluida Bruselas, cunde la sospecha de que, después de tantos remiendos y dobladillos, el Pacto de Estabilidad sigue siendo un instrumento casi tan “estúpido” como cuando en 2003 lo describió con ese término el entonces presidente de la Comisión, Romano Prodi.

Y no pocos analistas consideran que los ajustes acometidos en la zona euro no se deben a la vigilancia de Bruselas, sino a la implacable presión de los mercados. Un látigo que el Gobierno de Merkel ha esgrimido desde 2010 con una puntería que no ha dejado margen para librarse. Berlín desea mantener esa fusta y garantizar que la prima de riesgo continúa en niveles suficientes para preservar la disciplina. Por eso, quizá la prueba de fuego del nuevo Pacto de Estabilidad llegue tras la crisis. ¿Prestará alguien atención al amasijo de recomendaciones de Bruselas si la presión del mercado desaparece?

55.000 eurócratas con el sueldo congelado desde 2010

Los tribunales son la última esperanza de muchos funcionarios españoles o portugueses para recuperar las pérdidas salariales provocadas por la crisis. Y a veces lo consiguen. Los miembros de la troika, al menos los que trabajan para la Comisión Europea, no han tenido tanta suerte en su jurisdicción. El Tribunal de Justicia europeo aceptó el martes pasado la congelación de facto impuesta por el Consejo de Ministros de la UE a los 55.000 empleados de las instituciones, incluidos, de manera indirecta, el presidente de la Comisión, José Manuel Barroso, y sus 27 comisarios, que ganan más de 20.000 euros mensuales cada uno. La sentencia permite dejar esos salarios en el punto que alcanzaron el 1 de julio de 2010. La pérdida de poder adquisitivo acumulada desde entonces ronda el 8%.

A diferencia de otros colectivos, la CE es consciente de que no puede esperar demasiada solidaridad de la opinión pública. “Se nos asocia con salarios de 16.000 euros que solo ganan un puñado de altos cargos”, reconoce un funcionario. Peor aún. Se les asocia también con una troika que ha exigido recortase desde Lisboa a Dublín, de Madrid a Atenas. Ironías de la historia, la sentencia que ahora impone la austeridad en Bruselas la leyó un griego: Vassilios Skouris, presidente del Tribunal europeo.

Por debajo del salario mínimo de Luxemburgo

Los funcionarios europeos parecen condenados a una congelación salarial por tiempo indeterminado. “Y en los escalones más bajos empieza a hacer daño”, aseguran en la CE. Desde 2004, los eurócratas destinados en Bruselas (con sueldos a partir de 2.800 euros) han sufrido una pérdida de poder adquisitivo del 10,2% mientras los funcionarios de la administración belga lo aumentaron un 2,6%. En Luxemburgo, otra sede de la UE, el sueldo más bajo de los interinos (1.600 euros) ya está por debajo del salario mínimo (1.874 euros). “Eso nos obliga a pasarlos a la categoría superior. para cumplir la ley”, explica el departamento de personal de la CE.