La inversión en I+D retrocede a niveles de 2007
El gasto empresarial cae por cuarto año consecutivo La ocupación desciende un 3%, especialmente en el sector público
En marzo de 2000, el Consejo Europeo aprobó una estrategia denominada “Agenda de Lisboa” para que la Unión Europea se convirtiera en referencia mundial en materia de I+D. Los dos principales objetivos que se marcaron fueron que cada miembro invirtiera, al menos, el 2% del PIB en esas actividades y que el sector privado recogiera el testigo del público a la hora de financiarlas, aportando dos terceras partes de los fondos en 2010.
Trece años después, tras la caída de Lehman Brothers, la mayor crisis financiera mundial y el derrumbe del sector inmobiliario español, todo apunta a que lograr estos objetivos se ha convertido más en una quimera que en una realidad. Y España es un claro ejemplo del retroceso que han experimentado esas cifras desde que finalizó la etapa de quince ejercicios consecutivos de crecimiento. Los datos aportados por el INE así lo avalan. En 2012, el gasto en I+D fue de 13.392 millones de euros, lo que representa una caída del 5,6% respecto al ejercicio anterior. Se trata del tercer año consecutivo de descenso y devuelve la cifra de inversión global a la registrada en 2007. Si se analiza con el PIB, el porcentaje retrocede hasta el 1,30%, un nivel que igualmente no se veía desde el inicio de la crisis.
La caída de fondos públicos y el recorte de los presupuestos de las empresas no han sido exclusivos de España y se ha repetido en países del entorno como Francia, Italia o Portugal, abriendo una brecha entre los países del Norte, con inversiones que rebasan con holgura el 3% del PIB, y los del sur, donde apenas superan el 1%.
El segundo objetivo, que las empresas aporten dos terceras partes de los fondos, parece más plausible, aunque más bien por el fuerte recorte de fondos públicos para estas actividades que por el propio crecimiento del gasto privado. En 2012, las compañías aportaron algo menos de la mitad y ejecutaron el 53% del gasto, lo que muestra que cada vez disponen de menos recursos externos (fundamentalmente subvenciones y créditos) y que casi todo el dinero debe salir de sus bolsillos. De los 13.392 millones gastados en 2012, 6.303 fueron aportados por las Administraciones Públicas y 6.112 por las empresas.
La falta de financiación ha sido el principal factor que ha lastrado el gasto en el sector privado. La inversión en I+D cayó en 2012 por cuarto año consecutivo, hasta alcanzar los 7.094 millones de euros. En términos absolutos, la crisis ha restado en cinco años cerca de 1.000 millones de euros en gasto procedente de las empresas.
El deterioro económico también ha tenido un impacto muy importante a la hora de abrir aún más la brecha entre las comunidades que más y menos invierten en I+D. En la clasificación regional, aparecen cuatro (País Vasco, Navarra, Madrid y Cataluña) por encima de la media nacional (1,30%) y el resto por debajo. Esa diferencia ha crecido en los últimos ejercicios, como muestra el hecho de que la primera en la lista es País Vasco, con un gasto del 2,19% del PIB, mientras que la quinta es Castilla y León, con un 1,12%. Todo ello pese al espectacular crecimiento experimentado por esta última comunidad autónoma, que ha pasado en un año de la novena a la quinta posición.
El ajuste se concentra en el empleo publico
Los centros de investigación, tanto públicos como privados, no han sido ajenos al deterioro experimentado por el mercado laboral en los últimos años. La tasa de paro, pese a la bajada encadenada en los últimos trimestres, roza el 26% de la población activa y el número de desempleados supera los 5,9 millones, muy por encima de la media europea.
El número de investigadores en España ha caído por tercer año consecutivo al pasar de 134.653 a 126.778 empleados. Solo en el último ejercicio se han destruido 3.457 puestos de trabajo, todos ellos concentrados en el sector público. De hecho, el número de investigadores en las empresas ha crecido testimonialmente en cinco personas, pasando de 44.915 a 44.920 trabajadores dados de alta.
En el sector público, el ajuste se ha concentrado en el personal universitario, con 2.410 empleos menos (un 70% del total), seguido por las administraciones públicas, con 1.043 empleos menos. Pese a ello, el sector público sigue siendo el principal empleador, con dos terceras partes del total.