El juez ordena la detención de cinco exdirectivos de la CAM
El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha ordenado la detención de cinco exdirectivos de la Caja de Ahorros del Mediterraneo (CAM) a los que el magistrado imputa la presunta comisión de irregularidades en la gestión de la caja alicantina que condujeron a su intervención por parte del Banco de España en julio de 2011 y a la inyección de 2.800 millones de euros de dinero público a través del FROB.
Fuentes jurídicas han explicado que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) han arrestado a primera hora al ex director general de la caja Roberto López Abad y al exresponsable de proyectos inmobiliarios Daniel Gil Mallebrera y, poco después, al exdirector de la división internacional y negocio hotelero de la caja, Cesar Veliz.
Los tres comparecerán mañana ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional. En total, según las mismas fuentes, el juez, que mantiene bajo secreto estas diligencias, ha dictado un cinco órdenes de detención y está previsto que mañana tome declaración a los detenidos.
Gómez Bermúdez ha ordenado asimismo registrar dos despachos de abogados en Valencia y Alicante y una oficina mercantil en Mallorca, han informado a Efe fuentes jurídicas.
El FROB interpuso una querella en la Audiencia Nacional contra López Abad y Gil, entre otros, por “obtener un lucro personal” con cinco operaciones realizadas con una de las participadas de la entidad, la sociedad Valfensal, con la que Gómez Bermúdez abrió una pieza separada de la causa principal en la que investiga a los exresponsables de la caja.
Según la querella, se utilizó la compraventa de tres hoteles y la adquisición de dos parcelas en República Dominicana y México como “pantalla” para una “transferencia de fondos no justificada” desde la CAM hacia Valfensal.
El magistrado ya ha imputado en la causa general a López Abad, la también exdirectora general María Dolores Amorós, el ex presidente Modesto Crespo y los ex directores de recursos y planificación, Vicente Soriano y Teófilo Sogorb.
Gómez Bermúdez les impuso el pasado mes de junio una fianza solidaria de 35 millones de euros al considerar que todos ellos “al menos conocían o debían, pudieron y no quisieron conocer la situación patrimonial de la CAM”. A pesar de ello y “en el mejor de los supuestos”, no pusieron “objeción alguna a operaciones que iban a suponer un perjuicio patrimonial y un debilitamiento extremo de la entidad, provocando perjuicio a accionistas, acreedores y clientes”.
La CAM fue intervenida por el Banco de España el 23 de julio de 2011 y se sustituyó a sus administradores, además de aprobar una inyección de 2.800 millones de euros por parte del FROB. Los inspectores del Banco de España elaboraron un informe en el mes de enero en el que denunciaban graves deficiencias en la gestión de la caja, que iban desde pérdidas millonarias en inversiones inmobiliarias arriesgadas hasta el cobro de onerosas prejubilaciones tramitadas de manera irregular.
En marzo de 2011, los gestores de la caja de ahorros, actualmente propiedad del Banco Sabadell, que se la adjudicó por un euro, comunicaron a las autoridades financieras unos beneficios de 38,9 millones de euros cuando tres meses después las cuentas arrojaban unas pérdidas de 1.136 millones de euros.
