Tribuna

Energía nuclear por razones de Estado

La utilización de reactores nucleares para la producción de electricidad nunca ha estado justificada económicamente, como demuestra su historia y el hecho de que ninguno de estos reactores haya sido construido y operado sin garantías estatales sobre su rentabilidad, y con la externalización, a cargo del sector público, de sus muchos inconvenientes: limitación de responsabilidad civil ante un accidente, tolerancia de sus emisiones radioactivas rutinarias, almacenamiento de residuos, etc. A pesar de ello, los partidarios de este tipo de energía siempre han afirmado que se trata de una buena opción, tanto desde el punto de vista económico como en la necesaria reducción de emisiones causantes del cambio climático.

En los últimos años, el Reino Unido se ha convertido en el estandarte del pretendido renacimiento nuclear en los países de la OCDE. Si en el año 2003 el gobierno británico opinaba que “los parámetros económicos convierten esta opción en poco atractiva para generar electricidad libre de emisiones, sin que además esté resuelto en problema de los residuos”, en 2006 el gobierno de Tony Blair cambió de opinión y afirmó que la construcción de centrales nucleares era la mejor forma de alcanzar los objetivos de reducción de emisiones. Desde aquel momento, los sucesivos gobiernos británicos han apostado por promover la energía nuclear como una parte importante de su mix energético. Por ello, ante la caducidad de un parque nuclear antiguo y fracasado, y la necesidad de clausurar sus centrales de carbón por exigencias de la UE, se han volcado en revivir la opción nuclear en su país.

Después de vender todo su ruinoso parque nuclear a la francesa EDF, y de intentar promover nuevas inversiones nucleares en su suelo, han estado años negociando con distintas empresas para animarlas a construir una nueva generación de reactores nucleares. Finalmente, han conseguido que un consorcio franco-chino acceda, en principio, a invertir en la construcción de dos reactores en Hinkley, con determinadas condiciones. Estas condiciones ilustran, de nuevo, la escasa competitividad del sector nuclear y muestran hasta qué punto sigue siendo necesaria la intervención estatal para conseguir estas construcciones.

El acuerdo de principio que ha alcanzado el gobierno británico con el consorcio franco-chino se basa en garantizar el precio de la electricidad nuclear para los próximos 35 años, a un nivel que duplica el coste actual en el mercado mayorista británico. Además, el Estado avalará el 65% de la inversión a realizar, que a buen seguro superará los 19.000 millones de euros, casi cuatro veces lo que el mismo gobierno británico estimaba en 2006. Ello supondrá primas a la generación nuclear de unos 100.000 millones de euros a lo largo de la vida de estos reactores, que han de garantizar un retorno del 10% a los inversores. A pesar de ello, el gobierno británico sigue manteniendo que no se trata de ningún subsidio.

EDF y Areva, propiedad del gobierno francés, cubrirán un 55-60% de la inversión, mientras que dos compañías estatales chinas suscribirán entre un 30% y un 40%, quedando el resto para otras empresas, ninguna de ellas británica, ya que Centrica se apartó del proyecto a la vista de la estimación de costes. Se trata por tanto de inversiones estatales, garantizadas por Francia, China y el propio gobierno británico, con todo el riesgo para los consumidores y contribuyentes británicos, lo cual pone en cuestión toda la política de liberalización y privatización de la UE, que fuera ardientemente defendida en los años 80 precisamente por los gobiernos de Margareth Thatcher.

El acuerdo de intenciones está sujeto todavía a la aprobación por parte de la Comisión Europea de lo que es a todas luces una ayuda de estado. La CE está revisando la normativa europea sobre este tipo de ayudas, de la cual ha excluido, en términos generales, la energía nuclear, que revisará caso por caso.

Por paradójico que parezca, es el gobierno Tory, como en España la FAES, que continuamente alertan sobre los peligros de la intervención estatal, los que quieren conducirnos por este camino, alegando razones de Estado. Al parecer, la propiedad estatal de este tipo de infraestructuras es aceptable, siempre y cuando sean otros estados los que intervengan. A esto le llaman economía de mercado.

Marcel Coderch es ex vicepresidente de la CMT

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