El Gobierno ha ahorrado 3.160 millones en prestaciones fraudulentas
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. EFE

Santamaría: el fraude fiscal y laboral ha tenido un impacto de 22.500 millones

La vicepresidente del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado hoy en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que las medidas antifraude laboral y fiscal han tenido un impacto económico total de 22.500 millones de euros.

Sáenz de Santamaría ha detallado que de esta cantidad, 16.500 millones se han obtenido descubriendo fraude fiscal y 6.152 millones por empleo irregular y fraude a la Seguridad Social.

La vicepresidente ha asegurado que en el último año el Gobierno ha detectado a 520.572 perceptores de prestaciones por desempleo a los que no correspondía cobrarlas, algo que ha suùeto un ahorro de 3.161millones.

Ha anunicado también que el Gobierno prepara una nueva normativa para endurecer las sanciones tanto para el cobre de prestaciones indebidas, como los casos en que, habiendo el desempleado recibido una oferta adecuada de empelo, ésta sea rechazada.

A estos datos, la vicepresidenta ha incidido en que hay que añadir el efecto “fundamental” que tiene en la recaudación tributaria el ensanchamiento de las bases imponibles por la regularización fiscal, que supuso el afloramiento de 40.000 millones.

Asimismo, ha afirmado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han llevado a cabo 700 operaciones en las que se han imputado a más de 3.000 personas.

La vicepresidenta ha afirmado que el trabajo de verificación y de control del fraude en el desempleo ha ahorrado a los contribuyentes 3.161 millones, tras descubrirse 520.572 perceptores indebidos de estas prestaciones.

Además, ha indicado que la regularización de la tributación especial y el control de los bienes en el extranjero han servido para identificar bienes y valores por importe de 87.700 millones declarados por 131.411 personas.

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