Deducciones verdes infrautilizadas
El principio de quien contamina paga trata de corregir el perjuicio de determinadas actividades económicas en el medio ambiente. Esta política se ha traducido en toda una retahíla de impuestos ambientales autonómicos que han crecido de forma exponencial en los últimos años. En 2002 se recaudaron en España algo más de 41 millones de euros por este concepto. En 2012, las comunidades autónomas ingresaron cerca de 206 millones, según datos extraídos del Ministerio de Hacienda y de los presupuestos autonómicos.
Los expertos achacan esta explosión a la necesidad de llenar las arcas públicas, sobre todo desde la crisis económica. De hecho, el mayor incremento en estos tributos se ha registrado en los últimos tres años. La otra razón es que la vía verde es prácticamente el único camino que pueden recorrer las autonomías para crear nuevas fuentes de ingresos mediante la fiscalidad.
Si en 1995 existía un único impuesto verde, en Galicia, que gravaba las emisiones de la industria más contaminante, el año pasado cerró con la existencia de 42 tributos en todas las comunidades autónomas que gravan actividades relacionadas con la contaminación de centros comerciales, vertidos en el litoral, residuos, energía nuclear, transporte eléctrico, agua embalsada, telecomunicaciones, energía eólica y sustancias peligrosas. Andalucía, Castilla y León, La Rioja y Valencia aglutinan el mayor número de tributos, con cuatro tipos de impuestos cada una.
Al tratarse de gravámenes extrafiscales, es decir que su pago no depende de los beneficios o de las rentas de las empresas sino del principio de quien contamina paga, en teoría no están pensados con un fin recaudatorio, sino para destinar los ingresos a políticas de prevención de riesgos ambientales. De ahí que algunas comunidades autónomas apliquen deducciones a las inversiones que tengan como resultado una mejora ambiental, pero no todas.
Al ser impuestos nuevos, que van apareciendo a medida que la legislación ambiental se hace más restrictiva, hay un déficit en la aplicación de estas deducciones. De hecho, “únicamente un tercio de las empresas sujetas a estos gravámenes se benefician de ellas”, comenta Ramón Lubián, experto de la consultora Alma CG, de origen francés y especializada en asesorar al sector privado en la reducción de costes mediante la fiscalidad.
Lasempresas pueden deducirse entre el 20% y el 100% de la inversión
Tan solo son deducibles de la variedad de impuestos verdes las inversiones realizadas en cuatro áreas: superficies comerciales, emisión de gases contaminantes a la atmósfera, vertidos al litoral y el transporte de electricidad y de instalaciones de telecomunicaciones.
Asturias, Aragón, Canarias, Cataluña, La Rioja y Navarra gravan las grandes áreas de venta o superficies comerciales por el impacto del mayor tráfico del transporte que trae a sus comarcas, pero sólo Aragón, Asturias yCanarias permiten una deducción en este impuesto por inversiones que supongan una corrección en los efectos negativos de estas actividades. Las empresas pueden recortar entre el 20% y el 100% del valor de la inversión, que puede suponer entre el 10% y el 45% de reducción en la cuota, en función de la comunidad autónoma.
El creciente debate sobre la calidad del aire de las ciudades –las principales urbes incumplen el límite de partículas tóxicas–, ha empujado a ciudades medianas a restringir el tráfico en el centro y a crear servicios municipales de alquiler de bicicletas. Pero algunos de los gases contaminantes que exhalan los tubos de escape de los vehículos, como las partículas de óxido de nitrógeno, también salen de las chimeneas de algunas industrias y plantas de producción de energía.
Galicia fue la primera comunidad autónoma que creó un impuesto para gravar las emisiones de gases contaminantes, en 1996. Desde entonces, se han subido a este tributo Andalucía, Aragón, Castilla La Mancha, Valencia y Murcia. La pionera es la única de estas autonomías que no prevé ningún tipo de bonificación en el impuesto para aquellas empresas que inviertan en mejorar su impacto.
En el sur, en Murcia y Andalucía penalizan el vertido directo a aguas litorales. En estos casos, el impuesto se calcula en función del volumen y de su carga contaminante para el agua de mar, pero solamente Andalucía permite la reducción de este gravamen mediante la realización de inversiones de protección ambiental, en concreto en infraestructuras y bienes de equipo destinados al control, prevención y reparación de la contaminación del agua.
Otras autonomías son más originales a la hora de crear impuestos verdes. Asturias, Castilla y León, La Rioja, Extremadura y Canarias tienen en 2013 impuestos que gravan el impacto contaminante, o sea visual, de las instalaciones de transporte y distribución de energía, además de las antenas, torres y postes de telecomunicaciones.
De estas, Asturias y Castilla y León penalizan solo el impacto estético del transporte eléctrico, pero entre todas, solo Canarias prevé la posibilidad de deducirse la compra de bienes o derechos dirigidos a tomar medidas de prevención o que corrijan los efectos de la contaminación en el medio natural. de hasta el 60% de la inversión.
Una progresión de impuestos al ritmo de la crisis
En el año 2002 se creó un impuesto ambiental autonómico nuevo en Asturias. Gravaba la compra de nuevas áreas y centros comerciales. Al año siguiente los tributos regionales subieron a dos y al siguiente a cuatro. El gran salto llegó en 2005, con 12 nuevos gravámenes entre Castilla la Mancha y Murcia relativos a la energía nuclear, los vertidos en el litoral, los residuos y las emisiones de gases contaminantes.
Desde ese año se ha ido creando una media de dos impuestos nuevos anuales, hasta alcanzar un total de 42 en 2012. Se espera que las Comunidades Autónomas recauden casi 350 millones de euros en 2013 por esta vía.
En principio, y al tratarse de medidas orientadas a reducir el impacto de las actividades industriales y de servicios en el medio ambiente, estos tributos de carácter extrafiscal no deben tener un fin recaudatorio y destinar estos ingresos a medidas de prevención de daños en el entorno.
Así, "parece lógico que se establezcan deducciones en aquellos casos en los que las propias empresas realizan inversiones de carácter ambiental, por contribuir a los objetivos de la política que se pretende fomentar", explican en la consultora Alma Cg, especializada en asesorar al sector privado en la reducción de costes mediante la fiscalidad.
Sin embargo, de los 42 tributos existentes en 2012, solo cuatro categorías permiten deducciones fiscales.
Además, las quejas de ciertos sectores han hecho dar marcha atrás a Hacienda en algunos de los gravámenes verdes de carácter estatal. El ministro del ramo, Cristóbal Montoro, suavizará el impuesto sobre gases fluorados presentes en neveras y otros electrodomésticos durante el primer año de funcionamiento, en 2014, a raíz de las quejas de los grandes fabricantes y distribuidoras de electrodomésticos. El Gobierno pretende recaudar con la medida hasta 340 millones de euros.