El secretario del consejo de Bankia informa a Anticorrupción de 15 operaciones irregulares
Afirma que se limitó a seguir las instrucciones del entonces presidente Rodrigo Rato
El secretario del Consejo de Administración de Bankia, Miguel Crespo, ha asegurado hoy ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que la auditora Deloitte nunca les informó de que hubiera detectado problemas de viabilidad en la entidad luego nacionalizada.
Durante su declaración como testigo, Crespo también ha dicho que cuando el 4 de mayo de 2012 envió dos correos electrónicos -uno al Ministerio de Economía con el plan de viabilidad presentado al Banco de España y otro a los consejeros de Bankia anunciando que Deloitte había pedido más tiempo para finalizar su trabajo- se limitó a seguir las instrucciones de su entonces presidente, Rodrigo Rato.
Fuentes jurídicas han señalado que el directivo de Bankia ha insistido en varias ocasiones en que Deloitte, encargada de revisar las cuentas de la entidad, no advirtió sobre la gravedad de la situación del grupo ni planteó dudas sobre su viabilidad.
Otras fuentes han precisado que lo que ha dicho Crespo es que en ninguna de las actas que levantaba como secretario general de Bankia consta que Deloitte avisara de esos problemas y que ha añadido que, en cualquier caso, esas actas reflejan fielmente lo dicho en las reuniones.
De este modo, el testigo ha desmentido que el socio auditor de Deloitte en Bankia, Francisco Celma, llegara a decir que Bankia requería una inmediata aplicación de capital para no incurrir en causa de disolución.
Las acusaciones le han preguntado cómo es posible que, si nadie había dado la voz de alarma sobre Bankia, esta entidad presentara al Banco de España un plan pidiendo 7.000 millones de euros, a lo que Crespo ha respondido que ambas cosas son compatibles.
El testigo ha señalado que hasta ese mismo 4 de mayo no conoció ese plan, en cuya elaboración no participó y de cuyo contenido informó por la tarde a Economía por indicación de Rato.
Media hora después envió otro correo, en esta ocasión a los consejeros de Bankia, explicando que la entidad había depositado “físicamente” el 30 de abril en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sus cuentas anuales formuladas sin auditar, pero que debido a problemas técnicos no se habían podido publicar hasta ese día.
Además anunciaba que, “dada la complejidad de un grupo nuevo durante el ejercicio 2011”, la auditora Deloitte había requerido “un mayor plazo de tiempo para finalizar sus trabajos”, de los que decía que “se desarrollan con total normalidad”.
Preguntado por qué no aprovechó la ocasión para informar a los consejeros de que se acababa de presentar un plan de viabilidad al Banco de España, ha respondido que se trataba de “cosas distintas” y que se limitó a seguir las órdenes de Rato.
Así, ha dicho que fue éste, y no Deloitte, quien le dijo que la auditora necesitaba más tiempo, y ha añadido: “¿Cómo no ve voy a fiar de la palabra de mi presidente?”.
El nombre de Rato ha vuelto a salir a propósito de otro correo electrónico enviado a los consejeros el 27 de abril de 2012, desmintiendo las informaciones periodísticas acerca de un informe del FMI publicado dos días antes en el que -sin citar a Bankia- se hablaba de los problemas de la entidad.
De nuevo, Crespo ha dicho que se limitó a transcribir lo que le dijo su presidente y ha negado que supiera de la preocupación del FMI por las necesidades de capital de la entidad, asegurando que ni los representantes de ese organismo ni el ministro de Economía, Luis de Guindos, se la transmitieron nunca.
Por otra parte, el directivo ha confirmado que en abril de 2012 estuvo presente junto a Rato y a Verdú en la que el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, les recomendó “profesionalizar” la entidad, nombrando a un presidente o un consejero delegado del sector bancario.
También ha dicho que Bankia ha puesto en manos de la Fiscalía una quincena de operaciones -básicamente de Bancaja- relacionadas con créditos supuestamente irregulares concedidos a empresas de la familia del presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, entre ellas uno de 35 millones a Share Capital para la compra de activos inmobiliarios en Europa del Este.