Cinco años de la caída de Lehman ¿Qué hemos aprendido?

Reuters

El 15 septiembre 2008 quebró Lehman Brothers, uno de los mayores bancos de inversión del mundo. Es considerado el pistoletazo de salida oficial para el mayor crack financiero desde 1929, aunque la grieta venía ensanchándose desde hacía meses. El Tesoro de EE UU tuvo que acudir al rescate de las entidades hipotecarias semipúblicas Fannie Mae y Freddie Mac apenas una semana antes. Y la Reserva Federal había salvado en marzo a Bear Stearns de otro descalabro.

Pero no hubo dinero público para Lehman y su bancarrota, la mayor de la historia con un pasivo de 430.000 millones de euros, provocó una devastadora onda expansiva. La Bolsa de Nueva York se hundió más de un 40%. La Reserva Federal salió de nuevo al rescate. Esta vez fue la aseguradora AIG con un préstamo de 85.000 millones de dólares. Los bancos centrales de EE UU, Canadá, Japón, Suiza, Inglaterra y el BCE inyectaron 180.000 millones en los mercados. Todo esto sucedió en tan sólo tres días.

Pocos meses después se celebró una pomposa reunión del G20 en la que el lema era nada menos que “refundar el capitalismo”. La respuesta de Barack Obama fue la ley Dodd-Frank, aprobada en 2010. Su traducción europea, la directiva EMIR (European Market Infrastructure Regulation), aún está en pañales. La intención regulatoria era limitar la interdependencia entre grandes entidades globales para así minimizar el riesgo sistémico, es decir evitar que los problemas de un banco desencadenen un efecto dominó. Pretendía prevenir futuras quiebras con planes específicos de liquidación entidad por entidad. Separar las carteras de inversión de las comerciales, elevar las exigencias de capital y destapar el opaco mercado de los derivados financieros.

La sacudida financiera provocó la Gran Recesión y la crisis económica que aún atenaza a gran parte de Europa. Cinco años después, la banca estadounidense sigue concentrada en unas pocas entidades (los activos de las seis mayores compañías financieras de este país son ahora un 28% superiores a los niveles de 2007). La regulación ideada a posteriori está estancada o incompleta y el mercado financiero quizá no haya cambiado tanto como pretendía la ley:

Titulización de hipotecas:

El invento no es nuevo. Consiste en trocear y empaquetar deudas hipotecarias en títulos financieros para luego venderlos como la pólvora entre inversores de medio mundo. Pero la pócima mágica de ingeniería financiera convertía paquetes compuestos por pedazos de hipotecas con diferentes tramos de riesgo (subprime) en un excelente bono AAA avalado por prestigiosas agencias de calificación. El calentamiento del precio del activo, el ladrillo, parecía no tener fin. Hasta que en marzo de 2007 la Asociación de Bancos Hipotecarios de Estados Unidos reveló que el número de impagos en el sector hipotecario había alcanzado su punto más alto en siete años. La pelota fue haciéndose cada vez más grande hasta llevarse por delante a Lehman Brohters y desencadenar los multimillonarios rescates con dinero público de AIG o Bearn Stearns.

El remedio ideado por la Dodd-Frank se limita a exigir que el emisor de la titulación provisione un 5% del riesgo estimado. Este requisito tiene además numerosas excepciones y está pendiente de un desarrollo legislativo que debía haber estado listo en 2011 y que dos años después sigue bloqueado en el Congreso.

Productos derivados:

Una de las conclusiones de aquellas proféticas reuniones del G20 fue la necesidad de sacar de la sombra a los mercados OTC, over the counter, en sus siglas en inglés: literalmente “detrás del mostrador”. Operaciones que quedan fuera de las Bolsas y otros mercados regulados. El canal por el que se negocian la mayoría de los productos derivados y que escapan a la lupa del supervisor.

El objetivo último es que mayor número posible de contratos OTC deban ser liquidados en cámaras de contrapartida central, al penalizar a los contratos que queden fuera con requisitos de capital más altos. Junto con la exigencia además de que toda las transacciones queden consignadas en almacenes de datos, los llamados trade repository.

Pero la norma, una vez más, tiene excepciones. Quedan fuera los swaps de divisas. Según los cálculos de Bloomberg, estos productos representan casi el 80% del mercado de derivados.

La capacidad de los grandes bancos para esconder el riesgo cuatro años después de la caída de Lehman queda demostrada con el agujero de 6.0000 millones de dólares en la mesa de trading de JP Morgan tras el escándalo del London Whale.

Agencias de rating

Apenas un mes antes de la caída de Lehman Brothers, las entidades de rating respaldaban su solvencia con unas notas sobresalientes. Lo mismo sucedió con Bearn Sterns o, antes incluso, con Enron. Estas agencias, cuya función es precisamente analizar y medir el riesgo de que, en este caso, una empresa pueda quebrar, llevan siendo furiosamente cuestionadas desde entonces.

La Dodd-Frank ordenó preparar un informe sobre cómo proporcionar incentivos para que las agencias de rating mejoren sus procedimientos de calificación del riesgo. El informe se publicó en 2011. Pero, de momento, el Gobierno de EE UU no ha tomado decisión alguna, salvo demandar a Standard & Poor's por haber bendecido el invento de la titulación de las hipotecas basura. 

Banca de inversión y banca minorista

Goldman Sachs y Morgan Stanley doblaron el beneficio en el último año. JP Morgan, Citigroup o Bank of America se anotaron subidas de entre el 30 y el 60%. Todos se dedican al negocio de la banca de inversión y operaciones con acciones y deuda.

Una de las patas de la Dodd Frank es la llamada ley Volcker. El espíritu de la norma pasa por reinstaurar la conocida como Ley Glass-Steagall, que en 1933 obligó a separar el negocio bancario de corte tradicional (intermediación financiera) de la banca de inversión. La norma fue derogada a finales de los noventa por la administración de Bill Clinton. Curiosamente, el secretario del Tesoro por aquella época, Larry Summers, es una de los principales candidatos para suceder a Bern Bernanke al frente de la Fed.

La ley volcker ha sido muy descafeinada porque no ha logrado aglutinar el apoyo suficiente para hacer frente al lobby de Wall Street. Su alcance, de momento, no pasa de la prohibción de las operaciones realizadas por una entidad por cuenta propia (el llamado propietary trading), dejando fuera lo que se haga con el dinero de los clientes. Y siempre y cuando la cartera de inversión supere un determinado volumen y cuando suponga un porcentaje significativo del balance total de una entidad.