Editorial

La moderación salarial se abre camino

Tras más de cinco años de crisis y un saldo de casi seis millones de parados, los procesos de moderación salarial comienzan a afianzarse en España. Pese a que hasta 2011 los incrementos retributivos pactados en los convenios colectivos seguían fijándose por encima del IPC –un hecho difícil de entender y aún más difícil de explicar en un país inmerso en una brutal vorágine de destrucción de empleo– desde 2012 el escenario ha cambiado. Hasta el pasado 31 de agosto, del 40% de trabajadores protegidos por la negociación colectiva, una abrumadora mayoría había pactado ya subidas inferiores a la evolución de los precios. Entre las condiciones acordadas destaca un incremento salarial medio del 0,58%. Un dato que revela que el 0,6% de subida pactado para 2013 por las cúpulas patronales y sindicales en el último Acuerdo de Negociación Colectiva 2012-2014 se está cumpliendo. Además, casi tres de cada diez asalariados que han pactado su convenio este año se ha visto afectado por una congelación de su salario.

Pese a que la mayoría de los convenios, tanto los revisados como los de nueva firma, están acatando esa disciplina en los acuerdos, las cláusulas de garantía salarial que perviven en parte de ellos hacen que a final de año los trabajadores recuperen el poder adquisitivo perdido por el aumento de los precios. Es de justicia reconocer que el porcentaje de asalariados protegidos por estos mecanismos se ha reducido en los últimos años, algo que no es extraño si se tiene en cuenta la precaria situación de la economía española y la mala evolución del mercado de trabajo. Desde 2009, el porcentaje de convenios con esas garantías ha pasado del del 51% al 23% y el de trabajadores protegidos por ellas se ha reducido del 70% hasta el 40%. También es verdad que tras la reforma laboral, las empresas que atraviesan dificultades económicas cuentan con herramientas para no cumplir esos acuerdos, pero a día de hoy cuatro de cada diez trabajadores protegidos por convenio cuentan con una cláusula de garantía salarial.

La pérdida de poder adquisitivo de las familias es un problema muy serio que afecta no solo a la economía familiar, sino a la del conjunto del país. Se trata de un hecho cuya importancia no puede ni minimizarse ni ignorarse, pero que lamentablemente concuerda con la grave coyuntura que atraviesa España. La necesidad de frenar el deterioro del tejido empresarial es un prioridad indiscutible para proteger un mercado laboral en el que se sigue destruyendo empleo y en el que sector privado está llamado a liderar el proceso de creación de empleo. Dada la enorme magnitud de los puestos de trabajo que han desaparecido con la crisis, se trata de un camino largo que seguirá exigiendo grandes sacrificios. La moderación en los salarios es, sin duda, uno de ellos.

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