El Estado aún avala 51.500 millones de deuda emitida por la banca española
Las entidades nacionalizadas acaparan el 62% del saldo vivo de emisiones con garantía
No se han considerado como ayudas públicas al sistema financiero español, pero han jugado un papel fundamental para no provocar un colapso en la financiación de los bancos españoles. Los avales concedidos por el Estado a las emisiones de deuda de la banca se activaron en 2008, poco después de la quiebra de Lehman Brothers, cuando se secó de forma dramática el mercado de capitales.
Fue la primera respuesta del Ejecutivo a un problema que comenzó siendo de liquidez y que luego se reveló en toda su magnitud como un asunto de solvencia, que ha requerido la inyección directa de capital público en el sector de 61.366 millones de euros, según el último balance del Banco de España. Respecto a los avales concedidos por el Tesoro, la institución explica que, a mayo de este año, se habían devuelto el 48% de los concedidos. Pero aún quedan emisiones vivas por una cuantía de 51.500 millones de euros, de los que más de 4.000 millones vencen en lo que queda de este año.
El programa de avales del Tesoro estuvo disponible para la banca española en los años 2008, 2009 y 2012, siempre después de recibir la autorización pertinente de Bruselas dada su condición de respaldo público al sector. En función de su tamaño y cuota de mercado, cada entidad disponía de margen para emitir una determinada cuantía de deuda con aval del Estado. Santander y BBVA no llegaron a hacer uso de él en sus emisiones, y Popular o CaixaBank lo hicieron de forma puntual. Sí fue un verdadero balón de oxígeno para las entidades nacionalizadas.
Así, el grupo BFA-Bankia apuró al máximo en 2012 su línea de aval disponible, por 15.000 millones de euros, y tiene un volumen de deuda avalada de 24.253 millones de euros –contando también con los programas de 2008 y 2009–. También con cargo al programa de avales de 2012, año del rescate al sector, Catalunya Banc emitió 5.241 millones de deuda con garantía estatal y Novagalicia, 2.394 millones de euros.
Las emisiones se hicieron a un plazo de tres y cinco años, de modo que buena parte de ellas, las más antiguas, ya vencieron o incluso quedaron amortizadas anticipadamente. Es el caso de las realizadas por Popular, Sabadell o Bankinter, que han podido así recuperar parte del coste del aval, que debía pagarse en su totalidad en el momento de la emisión.
El Tesoro fue el primer sostén que, en el inicio de la crisis, encontró la banca española para asegurarse la liquidez pero el gran apoyo vino después del BCE y, especialmente, de las dos megainyecciones en las que aportó más de un billón de euros de liquidez al sector.
“Las emisiones con aval quedaron en segundo plano cuando se encontró la alternativa del BCE”, reconocen desde una entidad financiera, donde recuerdan el abundante uso que hicieron los bancos de esas emisiones con aval para presentarlas como colateral ante el BCE y poder disfrutar así de las líneas de liquidez de la institución. “Se llegó a emitir con aval con tal de tener más deuda que ofrecer en garantía al BCE, aunque hubiera que asumir el sobrecoste de la garantía del Estado”, añaden en el sector. Así, muchas de estas emisiones no se negocian en mercado sino que están en el balance de las entidades.
Un negocio rentable para el Tesoro
Los avales del Estado a las emisiones de deuda de la banca fueron una práctica común en el estallido de la crisis no solo en España sino también en Francia o Alemania. Las inyecciones de capital a la banca española sí van a tener un fuerte impacto en las cuentas públicas y solo el 70% serían recuperables, considerando ya a fondo perdido las primeras ayudas del FGD y del FROB y las concedidas luego con dinero europeo a entidades como Banco de Valencia, Novagalicia o Catalunya Banc, puesto que en las subastas difícilmente se reembolsará lo aportado. Los avales, en cambio, han sido buen negocio para el Tesoro, que aplicaba comisiones a cambio de la garantía, sin que haya habido suspensiones de pagos que obligaran a activar ese aval. Así, para una colocación de 12.000 millones, el coste aproximado de la emisión con aval podría rondar los 600 millones de euros, explican fuentes financieras. Las entidades han intentado amortizar de forma anticipada para recuperar parte de ese coste.
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