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En contra del real decreto del Gobierno

CC OO y UGT promoverán un recurso de inconstitucionalidad contra los cambios en los ERE

Ambos sindicatos acudirán al Defensor del Pueblo Acusan al Ejecutivo de ceder ante las presiones de las multinacionales

Los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo (i), de UGT, Cándido Méndez (d). EFE/Archivo
Los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo (i), de UGT, Cándido Méndez (d). EFE/ArchivoEFE

CC OO y UGT pedirán a la sala de lo Social del Tribunal Supremo y a la Defensora del Pueblo que interpongan un recurso de inconstitucionalidad contra el real decreto aprobado el pasado viernes en el que el Gobierno incluyó cambios técnicos en la regulación de los despidos colectivos que, a juicio de los sindicatos, no hacen sino facilitar a los empresarios la extinción de contratos.

En un comunicado conjunto, ambos sindicatos han anunciado que recurrirán a ambas instancias, al considerar que dichas disposiciones vulneran los artículos 14 y 28 de la Constitución, referidos a la igualdad de todos los españoles y al derecho de libertad sindical, respectivamente.

Asimismo, los sindicatos denuncian que el Gobierno, “en lo que supone una constante”, ha aprovechado un decreto, que en este caso tenía como objeto aumentar la protección de los trabajadores a tiempo parcial y con contrato fijo-discontinuo, para legislar en materia laboral, “con claro menosprecio a la separación de poderes, alegando razones muy discutibles de urgencia y necesidad, que podían afectar a su constitucionalidad”.

Los sindicatos recuerdan que, entre otras cosas, el decreto suprime la obligación de los grupos de empresas internacionales de entregar a la representación de los trabajadores y a la autoridad laboral la documentación que afecta a todas las empresas en procesos de despido colectivo.

En su opinión, ello supone un “claro perjuicio para los trabajadores de las empresas domiciliadas en España pertenencientes a grupos internacionales”, y establece un diferente trato respecto de otros trabajadores, lo que presenta visos de inconstitucionalidad.

Por otro lado, en tanto que el decreto modifica las previsiones legales clásicas sobre el nombramiento de las comisiones negociadoras en representación de los trabajadores, sustituyendo el criterio de representatividad sindical por el del número de trabajadores de los centros afectados, las centrales aseguran que los representantes no sindicalizados podrían desplazar a los sindicales en las negociaciones de medidas de flexibilidad.

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