Grandes derrochadores
El Gobierno británico quiere que la austeridad allane el camino hacia la atrevida modernización de Gran Bretaña. En realidad, sus recortes no revierten la gran explosión de gasto público y no hay mucho dinero para sus grandes sueños de infraestructuras.
El Análisis Global del Gasto de esta semana trató sobre todo los recortes a los llamados presupuestos de recursos de la mayoría de los departamentos del Gobierno, excepto los de educación y sanidad. Aquí la austeridad es incuestionable, incluyendo el 10% de reducción en Justicia, Medio Ambiente, Departamentos Comunitarios y el propio Tesoro. La Oficina de Responsabilidad Presupuestaria (OBR) asegura que desapareecrán otros 144.000 empleos, después de que ya hayan desaparecido más de medio millón de ellos. Con los salarios del sector público casi congelados, el presupuesto de los servicios de la administración pública será un 2% inferior entre 2015 y 2016 que en el actual ejercicio fiscal.
El problema está en los elementos menos controlables del gasto público: pensiones y seguridad social. Los llamados Gastos Anuales Controlados siguen creciendo. El Gobierno predice que aumentarán un 18% hasta los 395.000 millones de libras, desde este ejercicio fiscal al de 2017-2018. En total, se prevé que el austero gasto público llegue a los 765.000 millones de libras en ese ejercicio, un 6,3% superior al actual.
El gasto público en Reino Unido será un 6,3% superior en el ejercicio fiscal 2017-2018 que en el actual
El ministro de Economía, George Osborne, explicó esta semana la idea de poner un tope al gasto social. Pero eso no revertirá la expansión previa. El Análisis del Gasto dice que excluyendo las pensiones, las prestaciones sociales crecieron, entre 2000 y 2010, más del 45% en términos reales, ajustado a la inflación. Contra ese aumento, los ahorros previstos son insignificantes.
El Gobierno quiere cambiar las conversaciones sobre recortes por las de los grandes proyectos de inversión que crearán empleos. Los 100.000 millones de libras en inversión en infraestructuras públicas anunciados el jueves suenan osados, pero la elevada cifra llega solo hasta 2020. Se prevé que la inversión pública caiga por debajo del 3% del PIB en los próximos años.
Puede que el Gobierno tenga grandes ideas, pero sin reformas más radicales, no habrá dinero para pagarlas.