La UE quiere recuperar el modelo industrial con un plan para el acero
Pugna entre medioambientalistas y partidarios de la reindustrialización Reducción de los costes energéticos
El conflicto abierto entre ArcelorMittal y el Gobierno francés, al que la compañía amenazó con marcharse del país y este, a su vez, con nacionalizar sus instalaciones, unido a la denuncia presentada en Bruselas contra el Gobierno alemán, por eximir del pago de las primas a las renovables en las tarifas eléctricas a la siderúrgica, ha supuesto un punto de inflexión de la política de la Comisión Europea, francamente preocupada por la falta de competitividad de la industria.
Con la intención de dotar de un marco legal a las hasta ahora ilegales ayudas de Estado, la Comisión presentó ayer en Estrasburgo un Plan de Acción para el Acero, que, tras su tono retórico, busca apoyar a un sector, cuya demanda en Europa ha caído un 27% desde que se inició la crisis, con una destrucción de empleo del 10%.
Además de esta caída, la siderúrgica europea ha perdido competitividad debido a sus elevados costes, esencialmente los energéticos, y medioambientales. El desarrollo de la producción de shale gas en Estados Unidos, ha provocado que estos costes para la industria del país norteamericano sea un 50% inferior a los de la europea. Además, países como Alemania están comprando excedentes de carbón de EE UU, que está quemando en sus centrales térmicas gracia a los bajos precios de los derechos de CO2.
Ante la evidencia de que el acero está sufriendo los efectos de un derrumbe de la demanda y una sobrecapacidad a escala mundial;de los elevados costes de la energía y de las inversiones que tiene que realizar para cumplir con las exigencias medioambientales, Bruselas propone, entre otras medidas, cambios regulatorios que concretarán antes de finales de año; apoyos a la industria del automóvil y a la exportación e incentivos al I+D+i con fondos europeos. También “orientaciones sobre contratos de electricidad a largo plazo entre proveedores y clientes para aumentar la predicción de los costes”.
A corto plazo, propone reducir los costes energéticos para los grandes consumidores de energía, aunque ello dependerá de los Estados miembros.
En todo caso, añade el plan, el sector necesita un marco regulador estable porque, como en otras industrias con un uso intensivo de mano de obra, la planificación de las inversiones con vistas a los próximos 20 o 30 años.
Burbuja en España
En España la situación de la industria siderúrgica es crítica. Hasta el punto de que hay serios temores de que se pinche la burbuja generada en los últimos años. La banca tiene un riesgo en el sector de unos 4.000 millones de euros.
Por el momento, las grandes empresas consumidoras de electricidad lograron el año pasado un aumento de la subvención que reciben a través de los peajes eléctrico, la llamada interrumpibilidad, de 500 millones de euros a más de 700 millones. De este incremento se han beneficiado solo las instalaciones de las más grandes: Asturiana de Zinc, Alcoa y ArcelorMittal. También la gran industria soporta peajes mucho más bajos que los consumidores eléctricos, que estarían subvencionando a las empresa de manera indirecta.
Directrices sobre las primas de las renovables
El plan de recuperación de la industria siderúrgica aprobado ayer por la Comisión Europea dedica un apartado importante a la necesidad de reducir la factura energética del sector, que supone un 40% de sus costes de producción. El documento revela el debate interno que arrecia en el seno de la Comisión entre los partidarios de una reindustrialización a la vieja usanza y quienes defienden la introducción de tecnologías limpias como la mejor vía para ganar competitividad frente a países emergentes como China.
Ninguno de los dos bandos se ha impuesto todavía, aunque la crisis ha mermado la influencia del bando medioambientalista y ha dado alas al industrial. Y la nueva orientación se nota en el tono crítico del plan siderúrgico con las energías renovables y el mercado de emisiones, dos factores a los que se achaca en buena parte el elevado coste de la energía en Europa.
La victoria, sin embargo, no es definitiva. Y el plan, de momento, solo contempla la elaboración de unas directrices sobre los mecanismos de apoyo a las renovables, se supone que con el objetivo de mitigar el impacto en el consumidor final. La Comisión también se muestra dispuesta a elaborar alguna norma, desde el punto de vista de la competencia, sobre los contratos a largo plazo para el suministro de electricidad. Pero solo en caso de que surjan dudas al respecto y si se lo pide alguna tercera parte.
Bruselas se compromete además a fijar los objetivos de 2030 para combatir el cambio climático “de manera que se tome en cuenta el impacto en la industria”. Y a garantizar que los recortes de CO2 no generan una deslocalización de la producción a terceros países.
El plan recuerda, no obstante, que el sector siderúrgico recibió gratis los derechos de emisiones y que, con arreglo a las actuales normas sobre ayudas de Estado, puede beneficiarse de compensaciones hasta 2020.
Soria se apunta al apoyo de la industria
También el ministro de Industria, José Manuel Soria, pronunció ayer la palabra de moda:reindustrialización. Lo hizo en un desayuno organizado por Diálogos para la Democracia, en el que advirtió que la industria europea del automóvil “está perdiendo competitividad con respecto a los mercados con los que compite” y consideró este sector pieza “clave” del sector industrial nacional.
Soria aseguró que la “intención” de su departamento es “renovar” el Plan PIVE, si bien, esta decisión “va a depender de Hacienda”. Para Soria la industria automovilística española “no puede renuncia a una parte del incremento de la producción” mundial de automóviles prevista como consecuencia de la creciente demanda global. En 2020, la producción puede alcanzar las 215 millones de unidades, frente a 100 millones en 2017.
Respecto a la reforma eléctrica en ciernes, el ministro canario dijo que el objetivo es que todas las partidas reguladas tengan una rentabilidad “razonable” y similar, en base a los costes de inversión y ligada a la evolución de la deuda pública.
“La rentabilidad será la del Tesoro más una serie de puntos básicos”, apuntó Soria, que evitó dar más detalles de la reforma que el Gobierno ultima con medidas que no serán cómodas pero sí “necesarias e imprescindibles”, dijo.
El objetivo último de la reforma es atajar el déficit de tarifa, que ronda los 26.000 millones. Hasta abril, el déficit superó los 1.900 millones, según informó ayer la Comisión de la Energía.
Ante la próxima subasta Cesur que fijará la tarifa de último recurso (TUR)para el próximo trimestre, Soria aseguró ayer que la intención del Gobierno es “no alterar los peajes”. Por tanto, la revisión de la tarifa dependerá del precio de la energía resultado de dicha subasta.