Los expertos recomiendan más reformas para evitar ajustes futuros

Las pensiones actuales podrán ser congeladas pero no recortadas

Un coeficiente ajustará las cuantías de las nuevas pensiones a la esperanza de vida

Todas las prestaciones (existentes y futuras) se actualizarán en función de los ingresos y gastos de la Seguridad Social

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, en el centro, con el grupo de doce expertos que ha elaborado una propuesta de diseño del factor de sostenibilidad de las pensiones.
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, en el centro, con el grupo de doce expertos que ha elaborado una propuesta de diseño del factor de sostenibilidad de las pensiones.

Los doce expertos nombrados por el Gobierno para diseñar una propuesta de factor de sostenibilidad de las pensiones entregaron el viernes a la ministra de Empleo, Fátima Bañez, su informe final. Este factor será un mecanismo automático de ajuste del gasto en pensiones que tendrá dos componentes:

Factor de revalorización anual (FRA): Actúa frente al riesgo económico

Se trata de un nuevo indicador –que sustituirá al actual IPC de noviembre– para actualizar la cuantía de todas las pensiones (las ya extistentes y de las nuevas que surjan cada año).

Este indicador se elaborará sumando tres términos: la tasa media de inflación;el crecimiento medio real de los ingresos del sistema depurando el efecto del aumento del número de pensiones y del efecto sustitución (que mide cuánto son superiores las nuevas pensiones sobre las que se dan de baja);y un tercer componente que reflejará el superávit o déficit del sistema a lo largo del ciclo económico. Los expertos recomiendan de “de cara a suavizar el impacto del ciclo en la revalorización de las pensiones” que se considere un periodo de 11 o 13 años (5 o 6 por delante y otros tantos por detrás del año en que se aplica). Debido a que este componente se calculará con proyecciones de ingresos, si éstas fallaran, se ajustarán en la revalorización a aplicar al siguiente año del ciclo. En cualquier caso, los firmantes recomiendan “garantizar –con una cláusula suelo– que la pensión de los pensionistas actuales no pueda disminuir nominalmente” con la aplicación del FRA. Con ello, las prestaciones podrán congelarse, con lo que se perderá poder adquisitivo, pero no disminuirá lo que ya cobran.

Factor de equidad intergeneracional (FEI): Actúa frente al riesgo demográfico.

Será un coeficiente que se aplicará en el momento de calcular la primera pensión de los nuevos jubilados. Se sumará a los parámetros ya existentes para calcular la pensión inicial” y relacionará la cuantía de la prestación con la esperanza de vida del perceptor. Según los cálculos elaborados por estos expertos, este factor tendrá un efecto gradual y muy lento. En concreto, en las actuales condiciones, las prestaciones podrían recortarse en el entorno de un 5% cada diez años.

No obstante, si la base media de cotización del sistema aumentara por encima del 5% en ese mismo periodo, la pensión real aumentará, en lugar de disminuir. “Hemos calculado que lo normal es que se produzca este aumento”, aseguró el jefe de Estudios del BBVA, Rafael Domenech.

Dicho todo esto, otro de los miembros de este comité, Miguel Angel García, explicó que les “interesa mucho no ocultar que si no se introducen nuevas reformas (que aumenten los ingresos y/o ajusten los gastos), el efecto del baby boom a partir de principios de la próxima década hará que “la pensión media del futuro sobre el salario medio disminuirá significativamente”.

La decisión final queda en manos de los políticos

“Las pensiones del futuro serán las que decida la política; nosotros (los expertos) no tenemos competencias para diseñarlas y somos conscientes de ello”. Así explicó el viernes, Miguel Ángel García, director del gabinete técnico confederal de CC OO, el papel de estos sabios con este trabajo. Tras entregar el informe, los expertos se defendieron de antemano de las posibles futuras críticas que les acusen de proponer un recorte de las pensiones, justificando que este factor de “no se diseña para bajar las prestaciones, sino para asegurar su pago”. Además, explicaron que se han ceñido a proponer un diseño de este factor y no una reforma del sistema de pensiones. “Siempre hemos manejado mantener el actual sistema de reparto de las pensiones, pero solo se puede repartir lo que se tiene”, añadió García.

Pese a que Empleo intentó que en el grupo estuvieran representadas “todas las sensibilidades”, quizás por esa heterogeneidad –aunque la mayoría estaba vinculada al aseguramiento privado– no fue posible concluir el informe con un apoyo unánime de los sabios. Aún así, el respaldo fue “muy amplio” según los firmantes. Hubo diez votos a favor, uno en contra, de Santos Ruesga (vinculado a UGT) y una abstención del catedrático José Luis Tortuero (vinculado al PSOE).

Estos dos expertos, junto a Miguel Ángel García –que sí votó a favor del informe general– emitieron tres votos particulares. El momento de aplicación del factor ha sido una de las cosas que ha generado estos votos. La mayoría defiende que sea en 2014. Ruesga pide su aplicación en 2032, como prevé la ley; y García, en 2019 por dos motivos: hasta ese año hay dinero del fondo de reserva para cubrir los déficit y para que la sociedad se adapte al cambio.

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