El Gobierno se enfrenta a sanciones económicas

La UE pide condenar a España por aplicar mal el IVA a agencias de viajes

Bruselas considera que Hacienda se ha excedido al interpretar la directiva europea

La decisión europea podría encarecer el servicio de las agencias de viajes

El comisario europeo de Fiscalidad, Algirdas Semeta.
El comisario europeo de Fiscalidad, Algirdas Semeta. EFE

La abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) Eleanor Sharpston recomendó hoy condenar a España por incumplir la directiva europea sobre el IVA al considerar que no aplica correctamente el impuesto a las agencias de viajes.

La jurista dio la razón parcialmente a la Comisión Europea (CE), que en 2011 llevó ante la Corte a España y a otros Estados miembros al considerar que no aplican correctamente el llamado régimen especial de imposición del margen previsto por la ley comunitaria para este tipo de negocios.

En concreto, la abogada general considera que España incumple la normativa al excluir del régimen todas las ventas realizadas al público por agencias minoristas cuando se trata de viajes organizados por agencias mayorista.

Es decir, la normativa española excluye del pago del IVA no sólo las ventas cuando el minorista actúa como intermediario (lo que permite la directiva), sino también cuando las hace en su propio nombre (que no está previsto en la norma).

Además, también cree que se incumple la ley europea al autorizar a las agencias a consignar en la factura una cuota global que no guarda relación con el IVA efectivo repercutido al cliente y al permitir que determinen la base imponible del impuesto de forma global para cada periodo impositivo.

Los tres puntos en cuestión son aspectos específicos de la normativa española del IVA.

Mientras, la abogada general propone a los jueces desestimar otra parte del recurso de la Comisión, en la que Bruselas pedía condenar a España por permitir que las agencias de viaje apliquen el régimen del margen de beneficio cuando presten servicios de viajes a personas que no sean viajeros, por ejemplo, a otras empresas.

Si los jueces confirman la postura de la jurista, España sería condenada y se vería obligada a adaptar su legislación a la sentencia, bajo amenaza de posibles sanciones económicas si no lo hace.

La Corte sigue en la mayoría de los casos la recomendación de los abogados generales, a pesar de que su opinión no tiene carácter vinculantes.

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