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Cuesta abajo y sin frenos

Estamos en el buen camino, y los frutos de la austeridad y las presuntas reformas darán resultado en el futuro. Ese es, más o menos, el mensaje oficial, si es que lo capto bien. Es decir, los 6,2 millones de parados pueden ser, bien un mal necesario para salir de la crisis, bien una fatalidad (como la propia crisis). Nunca son una consecuencia de las decisiones de política económica asumidas, con mayor o menor entusiasmo, por los últimos dos gobiernos pero adoptadas en latitudes más al Norte.

¿Cuándo empezó todo? ¿Cuándo empezó la glaciación de la austeridad? Por una vez, tenemos una fecha. Mayo de 2010, aquel fin de semana en el que Europa acordó crear un fondo de rescate para los países en crisis a cambio de que todo el mundo equilibrase sus cuentas. En España, el mismo Gobierno que había repartido 400 euros a cada español por el hecho de serlo o había puesto en marcha el Plan E para parar la sangría del empleo, se comprometía a dejar el déficit en el 3% en 2013. El efecto sobre la economía fue rápido. La demanda nacional había pasado de caer a ritmos cercanos al 10% a empezar a repuntar. Pero a partir del tercer trimestre de ese 2010 la economía empezó a caer, y a un ritmo acelerado.

¿Tiene la austeridad la culpa de todo? No, como no la tenía Zapatero, ni la tiene Rajoy. Tampoco el paro es culpa de la reforma laboral ni, antes de ésta, había parados porque no se hacía una reforma laboral. Varitas mágicas no hay, pero lo mínimo que se puede exigir a una política económica es que no empeore las cosas. Hoy, tres años después, el único mensaje sigue siendo la promesa de un paraíso en otra vida para el parado español.

En términos de empleo, tras el desastre de 2009, en el tercer trimestre de 2010 apenas se destruía empleo (caía a un ritmo del 0,18% trimestral). Hasta mediado 2011 el empleo no volvió a hundirse, pero a partir del cuarto trimestre de 2001 marca caídas superiores al 1% trimestral. No solo se destruyen 100.000 puestos de trabajo al mes, sino que hoy sigue siendo mucho más probable que un trabajador pierda su empleo (le pasó al 7% de los ocupados en el primer trimestre de este año) a que un parado encontrar trabajo (4,7%). Casi el 10% de los parados llevan más de dos años sin cobrar una nómina, es decir, están prácticamente excluidos del mercado laboral, lo que complica seriamente su reincorporación.

En términos empresariales, más de lo mismo. La actividad comercial lleva 33 trimestres a la baja, y el consumo minorista cae a ritmos del 10%. La producción industrial, en torno al 7%. En ambos casos se trata de caídas sostenidas, no puntuales.

Desde el citado mayo de 2010, todas y cada una de las medidas adoptadas han ido enfocadas o bien a ajustar déficit público o bien a estimular la oferta para una eventual mejora de la competitividad. Nada más. Ni una sola decisión ha intentado estimular la demanda, en un país donde el consumo supone la mayor parte del PIB. El resultado ha sido la muerte lenta de la economía, con el sector privado y el público recortando a la par y la sequía de crédito estrangulando a las empresas, exportadoras o no, competitivas o no.

Esta receta ha agudizado la destrucción de tejido económico en una espiral terrible: a más paro, menor consumo, y así sucesivamente, sin una sector público que pueda paliar (o al menos no agravar) la deriva depresiva. Un proceso que deja fuera del mercado esos parados de larga duración o esas empresas a quienes la severidad de la crisis y el cierre del grifo del crédito les ha podido, aunque fuesen competitivas. Hechos que no sientan las bases de la recuperación, al contrario, las erosionan.

¿Tienen que estar saneadas las cuentas públicas? Sí, nadie defiende déficits eternos y creciente. Pero en economía no suele haber verdades absolutas (ni varitas mágicas, recordemos); todo tiene un precio, y debería tener también una razón de ser. Coste y beneficio. El déficit es problema cuando es tan alto que cierra el acceso a los mercados y/o cuando supone una carga de deuda inasumible a largo plazo. Las medidas aplicadas en España no han solucionado estos dos problemas: el acceso al mercado lo ha dado el BCE, no los recortes, y la deuda española no habría sido menos sostenible a largo plazo con un objetivo de déficit menos exigente, porque no hay en el mundo nada menos solvente que una economía en depresión.

Ya sabemos todos que la política económica viene dictada por el BCE, y que la principal función de los recortes ha sido esa: conseguir que Fráncfort no cerrase el grifo. Un planteamiento menos dogmático en Europa habría ahorrado varios cientos de miles de puestos de trabajo en España. Pero eso no debería liberar de responsabilidad a nuestros sucesivos gobernantes sobre otras cuestiones que podían estar en sus manos.

¿Por qué un país que tiene un tipo nominal del IRPF similar a Suecia, pero una recaudación tributaria similar a Rumanía, no cambia su modelo fiscal? ¿Por qué el rescate bancario ha generado más deuda de la que se ha recortado sumando todos los ajustes? Si el problema del empleo es la precariedad, ¿por qué se han mantenido los contratos temporales? ¿Es realmente necesario que el contribuyente rescate autopistas quebradas?

Música contra la crisis. Nick Cave. Bring it on

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