La UE, del revés

España: no sabe o no contesta

Organismos públicos y empresas apenas se hacen oir en Bruselas.

Optan por recurrir más a menudo al lobby defensivo y desesperado que al preventivo.

España tiene fama (merecida) de país ruidoso. Pero en Bruselas, al menos, una de sus principales señas de identidad es el silencio. Rara vez se pronuncian las administraciones públicas o las empresas españolas cuando la Comisión Europea somete a consulta sus proyectos legislativos. Una inhibición que se paga muy caro porque, una vez en marcha, resulta muy difícil detener o reconducir la maquinaria comunitaria.

“La capacidad de influencia está directamente relacionada con el momento de la intervención”, señala un consultor con casi una década de experiencia en Bruselas. Y añade que “cuanto más temprano te hagas oír, más posibilidad hay de que te escuchen”.

La consulta pública es una de las primeras oportunidades que ofrece la Comisión para escuchar a todas las partes potencialmente afectadas por un proyecto de directiva o reglamento. Suele haber más de medio centenar cada año y están abiertas durante dos o tres meses.

La participación es voluntaria y, si se desea, anónima. El número de contribuciones varía, pero suelen sumarse decenas de empresas, patronales, organizaciones no gubernamentales, organismos públicos y ciudadanos. Entre los participantes figuran como mínimo las autoridades y las grandes empresas del sector al que se dirige la futura regulación. En el caso de España, sin embargo, entidades públicas y privadas a menudo dan la callada por respuesta.

“No hay tradición dentro de las empresas sobre la participación en este tipo de consultas”, reconoce una ejecutiva de una multinacional española. “La mayoría de las veces”, añade, “se agotan los plazos sin que las compañías hayan dado la orden de responder y, mucho menos, la orientación de la posible respuesta”.

Las fuentes consultadas señalan que no se trata de un problema de falta de personal o de conocimiento. “Los cuestionarios de la Comisión no suponen una dificultad excesiva para la persona que se ocupe de la materia y se pueden rellenar en poco tiempo”. El problema, dicen, es que no se cursan las instrucciones para hacerlo.

Para explicar esa pasividad se mencionan dos razones: la primera, la resistencia dentro de la alta jerarquía de las empresas o los organismos públicos a asumir la responsabilidad de la posible respuesta. Y la segunda, el temor a que la participación en la consulta pública pueda limitar la capacidad de maniobra durante el trámite legislativo de la norma, en el que a veces conviene modular la posición o sacrificar un a reivindicación a cambio de un objetivo más valioso.

Dentro y fuera de la Comisión, sin embargo, se considera un error estratégico el clamoroso silencio de España. Y se recuerda que en la inmensa mayoría de los casos, los proyectos legislativos se alejan muy poco de la versión inicial planteadas por el organismo que preside José Manuel Barroso. Entre otras cosas, admiten fuentes comunitarias, porque antes del pistoletazo de salida, Bruselas sopesa las consecuencias políticas del proyecto.

Algunas capitales, como Berlín, París o Londres, no tienen demasiadas dificultades en hacerse oír durante ese proceso previos. Pero el resto, insisten las mismas fuentes, deben esforzarse por clarificar cuanto antes su posición, un esfuerzo que compete por igual al sector público y al privado.

No parece ser el caso de las autoridades y las empresas españolas, con fama en Bruselas de recurrir más a menudo al lobby defensivo y desesperado que al preventivo.

Hay excepciones, como la participación de Iberdrola y Repsol en la última consulta sobre el mercado de emisiones de Co2. O la del Santander y el BBVA en la relativa al marco de resolución bancaria, cuya tramitación ha ganado especial importancia tras la quita a los depósitos bancarios en el rescate de Chipre. Y por parte de las administraciones, la contribución del Gobierno central en la consulta sobre el régimen de ayudas públicas al sector audiovisual. Pero no dejan de ser eso: excepciones.

El fantasma de Kosovo vuelve a acechar a Exteriores

La independencia unilateral de Kosovo fue una de las pesadillas de la política exterior de los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, que tras algunas dudas optaron por no reconocer a la antigua provincia de Serbia. El dilema acaba de resucitar tras el acuerdo del pasado viernes en Bruselas entre el gobierno serbio y el kosovar para resolver su principal conflicto fronterizo. El pacto, impulsado por la Alta Representante de Política Exterior de la UE, Catherin Ashton, no supone todavía el reconocimiento de la independencia por parte de Belgrado. Pero allana el camino para que Pristina solicite su ingreso en la UE, lo que obligará a España a tomar de nuevo posición.

Tierra de oportunidades desembarca en Bruselas

La gira del Consejo Empresarial para la Competitividad llega esta semana a Bruselas (el 23 de abril) para intentar demostrar que, a pesar de la crisis, España es “una tierra de oportunidades”. La presentación correrá a cargo del antiguo secretario de Estado, José Manuel Campa, que llega precedido por ecos muy positivos sobre sus intervenciones anteriores en Londres y Amsterdam. Si mantiene su guión, Campa anunciará a los inversores internacionales que a final de año España recuperará el crecimiento, que la reforma laboral empieza a dar resultado y que los sectores innovadores generan ya el 65% del empleo.

Rajoy ofrece reformas a cambio de margen fiscal

El Gobierno de Mariano Rajoy espera como agua de mayo que la Comisión Europea flexibilice el próximo mes el objetivo de déficit marcado para España (3% del PIB en 2014). Pero Bruselas quiere conocer antes la cosecha de reformas de este mes de abril, que se concretarán en el Consejo de ministros del próximo viernes. Fuentes del ministerio de Economía rebajan las expectativas y descartan, entre otras cosas, una rebaja del coste del despido o incrementos del IVA o de los impuestos de los combustibles, Pero admiten que el Ejecutivo va a revisar los efectos de la reforma laboral y podría realizar “retoques” para blindar, sobre todo, su aplicación en los tribunales.

Normas