Editorial

El FMI y las políticas de pasividad

El Fondo Monetario Internacional no es un dechado de precisión en los escenarios económicos que pinta para cada zona del mundo porque, además de pretender abarcar demasiado trecho temporal, considera estanca la política económica de cada país, amén de variables horizontales que afectan directamente a la actividad económica. Así, para España prevé una salida relativamente pronta de la recesión nominal (caída de PIB del 1,6% este año y avance del 0,7% en 2014), pero con un languidecimiento en el crecimiento tal que hace imposible recomponer tanto el mercado laboral (con tasas de paro que tocarán este año el 27%) como las finanzas públicas (que no registrarían un déficit inferior al 6% hasta 2018).

En todo caso, y pese a errar como cualquier otra institución de análisis, el FMI alimenta sus proyecciones en la información rastreada en el propio país, y sus planteamientos no carecen de coherencia. Y lo lógico es pensar que sus escenarios se vean desbordados por las políticas económicas nativas y por las monetarias de la eurozona también. Aunque es cierto que los planteamientos siempre se hacen con políticas económicas invariables, en este caso coinciden con cierta parálisis gubernamental en la iniciativa económica, tras un esfuerzo muy intenso en 2012 para recomponer las finanzas públicas y el crédito y solvencia del país y su sistema bancario. Una parálisis que tiene que ser superada cuanto antes para que el activismo fiscal y reformista estimule tanto la vuelta de la inversión a España, la financiera y la productiva, y con ella el crecimiento económico.

Los Gobiernos, ni este ni ninguno, no pueden funcionar con las presiones de las instituciones internacionales: tiene que tener su propia política y convicción en sus planteamientos, como hasta ahora ha demostrado disponer el Ejecutivo de Rajoy. Pero sobre todo debe fiar menos parte de la solución a terceros, algo en lo que parece estar ahora empeñado reclamando a Bruselas cambios radicales en la caja de herramientas del BCE para estimular el crecimiento.

El primer responsable de lo que ocurra con la economía española, una vez que el BCE ha dejado claro que habrá euro para siempre, es el Gobierno. De él depende más que de nadie que el coste de la financiación mayorista para el Estado baje, y con él, lo haga también para la banca y para quienes demandan crédito en el último eslabón de la cadena financiera. El Ejecutivo no puede conformarse con una prima de riesgo de más de 300 puntos y el bono a diez años en el 4,7%, porque impide la financiación de la economía. Para romper ese estatus de los últimos meses debe llevar el déficit más pronto que tarde cerca del 3%, y olvidarse de las supuestas facilidades de la Comisión -si vienen, bienvenidas-, que únicamente prolongan una insostenible agonía para el empleo, y que pueden volverse en contra si la deuda pública rompe la barrera del 100% del PIB.

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