La seguridad jurídica, un pilar necesario para crecer
Desde hace unos años vivimos instalados en una preocupante incertidumbre y un alarmante desasosiego. Como puse de manifiesto en la conferencia que pronuncié en el Club Siglo XXI allá por el año 2007, a los Gobiernos corresponde, más que gobernar la incertidumbre, reducirla e intentar acertar. La cuestión, lejos de mejorar, persiste aún hoy y, si cabe, acentuada.
En el Estado de Derecho, la ley se alza como el mejor instrumento para que todos puedan operar con certeza, tanto los que gobiernan como los ciudadanos gobernados. Me refiero a una ley justa y clara, que no siempre lo es y, en ese caso, genera, además de incertidumbre, injusticia. Es en este sentido en el que debemos plantearnos la necesidad de una regulación bien estructurada que acoja los diferentes intereses en juego, priorice los más dignos de protección y cree seguridad jurídica, entendida esta como el conjunto de reglas de referencia que vinculan a todos los sujetos de derecho y son aplicadas bajo el principio de igualdad y efectividad de la tutela legal.
Liberalizar mercados para introducir más competencia puede ser un principio bueno, pero no absoluto
Estamos en un escenario convulso en el que las reglas se cambian, y quizá haya que hacerlo, pero con el exquisito cuidado de no afectar a la esencia de los derechos y libertades ciudadanas conquistadas a lo largo de mucho tiempo, lo que ha dado como resultado un conjunto compacto y sostenible de derechos y deberes. Liberalizar mercados para introducir más competencia –y con ello, mejorar la economía– puede ser un principio económico bueno, pero no absoluto, sobre todo si los mercados están afectados y marcados por contenidos sensibles referidos a los derechos ciudadanos. Con ello me refiero al ejercicio de las profesiones colegiadas, ámbito en el que habrá que considerar, más que el concepto de liberalización, el de estructura de la regulación del sector que resulte coherente, especialmente en estos momentos tan difíciles para casi todas las profesiones.
En su obra 'El espíritu de las leyes', Montesquieu afirma que las leyes “no son un arte de lógica, sino el argumento sencillo de un padre de familia”.
Las leyes están para aplicarlas, no para diluir los efectos de la inaplicación con nuevas normas
El principio de seguridad jurídica busca que el ordenamiento sea correctamente aplicado, es decir, con justicia. A partir de este concepto se crea un marco con unas reglas del juego que permiten a los ciudadanos ejercer sus derechos fundamentales con garantías, independientemente de los avatares políticos. Se reduce así significativamente la incertidumbre y las leyes son más estables. Los acontecimientos de los últimos años nos han demostrado que cuando el marco legal funciona, más que cambiarlo, deberíamos modernizarlo, lo que, en ningún caso, quiere decir necesariamente desregularlo o liberalizarlo.
"Craso error sería desconocer las claves del crecimiento que pueden aportar e impulsar los profesionales, las profesiones y sus instituciones”
Antes de nada, habría que aplicarlo; porque las leyes están para aplicarlas, no para diluir los efectos de la inaplicación mediante la promulgación de otras normas, creando a veces más confusión e ineficacia en un marasmo regulatorio de imposible cumplimiento.
En especial, habrá que considerar, previamente a la promulgación de cualquier medida, el efecto que va a producir en términos de coste-beneficio, pues en el sector de los servicios profesionales de calidad, los beneficios de la liberalización no son tan nítidos para la sociedad, sino de dudosa producción de resultados en conjunto positivos. A lo que se añade un alto coste para el sector que podría resultar muy perjudicial.
Craso error sería desconocer las claves del crecimiento que pueden aportar e impulsar los profesionales, las profesiones y sus instituciones y organizaciones colegiales, que están contribuyendo eficazmente al cambio social, removiendo toda clase de obstáculos y realizando esfuerzos de todo tipo para que los espacios de certidumbre que proporcionan sus servicios no desaparezcan ni sean minimizados.
A través del respeto a sus respectivos códigos deontológicos y de sus incansables esfuerzos en el estudio permanente para adaptar sus conocimientos científicos y éticos, los profesionales garantizan a los usuarios, clientes y pacientes unos estándares muy altos de calidad, cuando menos parangonables respecto a los más reputados ámbitos sociales y económicos.
Pero para que este subsector de las profesiones despliegue todo su potencial necesita también el mismo escenario de certidumbre, lo que es esencial para que su eficiencia alcance los niveles deseables en la vertebración de la sociedad civil, en su efectiva aportación a la democracia y en su contribución al crecimiento.
Carlos Carnicer Díez es presidente de Unión Profesional.