Una solución urgente para Iberia
El nombramiento por parte del Gobierno de un mediador para tratar de resolver el conflicto de Iberia pretende desbloquear la crisis abierta en la aerolínea de forma urgente y sin necesidad de tener que acudir a un arbitraje. Para dirigir ese procedimiento, el Ejecutivo ha elegido al catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad Autónoma de Madrid, Gregorio Tudela, quien será el encargado de facilitar el acercamiento entre ambas partes. El objetivo a corto plazo es lograr un acuerdo antes del próximo 4 de marzo, fecha de inicio del segundo de los tres ciclos de huelgas que han convocado los sindicatos. La propuesta de mediación del Gobierno ha sido aceptada tanto por la dirección de Iberia como por los representantes de los trabajadores, como también lo ha sido la persona elegida para dirigir el procedimiento. A priori puede resultar sorprendente que el Ministerio de Fomento haya elegido para ese papel a un experto en Derecho del Trabajo como Tudela, que se ha posicionado públicamente en contra de la reforma laboral aprobada por el Gobierno. Todo apunta, sin embargo, a que además de buscar prestigio académico, Fomento ha elegido a un candidato con posibilidades de resultar aceptable para los sindicatos, cuyos recelos constituyen la primera gran barrera a derribar para conseguir el acuerdo.
En cualquier caso, hay que tener en cuenta que la propia naturaleza del procedimiento de mediación –un mecanismo de resolución de conflictos en el que las partes conservan toda la responsabilidad y poder de decisión– resta importancia a esta cuestión. Mucho más relevante resulta la pericia, flexibilidad y capacidad de diálogo del mediador, en cuyas manos está la oportunidad de lograr que empresa y trabajadores consigan llegar a un acuerdo. Al contrario que el arbitraje, que finaliza siempre con la emisión de un laudo de obligado cumplimiento, la mediación se basa en el acercamiento de ambas posturas y puede, por tanto, terminar sin una solución. Por esa razón, resulta habitual que se combine con el arbitraje, como segunda opción en caso de fracaso del procedimiento.
Más allá de la fórmula elegida, el conflicto abierto en Iberia a raíz del ERE presentado por la compañía –uno de los mayores ajustes laborales desde la aprobación de la reforma laboral– no constituye únicamente un grave problema empresarial, sino también económico y social. Como muchas otras compañías en la coyuntura actual, Iberia está inmersa en un ajuste laboral y estratégico que resulta difícil y doloroso, pero cuyas implicaciones pueden agravarse considerablemente si este se enquista y se alarga en el tiempo. A nadie beneficia –ni a Iberia, ni a sus trabajadores, ni a sus clientes– una situación de conflicto enconado y permanente que hará daño a la compañía, pero también al futuro de la plantilla.