La banca española según la OCDE
Hace meses que la banca española es objeto de especial atención por parte de muchos actores internacionales: bancos de inversión, agencias de rating, instituciones internacionales como el FMI, etc. Y la OCDE no podía ser la excepción, tal y como consta en el último informe sobre la economía española que tantos titulares ha merecido en los medios de comunicación, sobre todo por las recomendaciones que formula.
Son muchos los artículos que se han escrito en la prensa centrándose sobre todo en las recomendaciones que tienen que ver con el mercado de trabajo y las finanzas públicas, centradas estas últimas en temas como la subida del IVA y las primeras en una propuesta de contrato único, reducción de los costes de despido y flexibilidad en la negociación. Sin embargo, han pasado más desapercibidas las recomendaciones sobre el sector bancario, seguramente por coincidir con la aprobación por la Comisión Europea de los planes de recapitalización de las entidades nacionalizadas, que tanta expectación han generado por las condiciones impuestas en términos de reducción drástica de balances, empleo y sucursales, así como por las quitas impuestas a los tenedores de participaciones preferentes y deuda subordinada.
La OCDE reconoce el enorme progreso que se ha realizado recientemente al reconocer la banca las pérdidas existentes en sus balances y al exigir un elevado nivel de provisiones necesario para recuperar la confianza en la salud del sector bancario español. Sin embargo, hace algunas advertencias sobre aspectos en los que hay que ser especialmente exigentes si queremos que, por fin, los mercados vuelvan a confiar en nuestros bancos.
Según la OCDE, resuelto el problema de la solvencia, la prioridad urgente es que la banca vuelva a tener acceso a los mercados mayoristas de financiación. Desgraciadamente, a pesar de que la parte más importante de la banca española ha pasado con éxito los test de estrés recientemente realizados incluso en un escenario adverso, sus ratings están estrechamente ligados al de la deuda soberana. En consecuencia, solo cuando se reduzca la prima de riesgo del Reino de España mejorará el acceso de los bancos a los mercados financieros. Mi opinión es que esto solo se logrará cuando pidamos ayuda financiera en forma de una línea de crédito preventiva que active el programa de compra de deuda del Banco Central Europeo.
El informe de la OCDE dedica un apartado específico a las cajas de ahorros. Advierte que el proceso de consolidación del sector ofrece resultados mixtos, ya que algunas fusiones han dado lugar a bancos débiles que han tenido que ser nacionalizados o intervenidos y posteriormente vendidos, lo que ha afectado negativamente a la confianza general en el sector bancario. Acierta la OCDE al afirmar que si bien en muchas ocasiones se justifican las fusiones en términos del aprovechamiento de las economías de escala, la evidencia disponible es que son muy pequeñas y que desaparecen para tamaños incluso reducidos, lo que indica que las fusiones no mejoran la eficiencia. Además, las fusiones crean bancos grandes, que es más difícil dejarlos caer, lo que aumenta el riesgo financiero para el Gobierno.
La OCDE recomienda una rebaja del peso político en las cajas ya que es consciente de que la aplicada en 2010 con la reforma de la ley de cajas de ahorros (del 50% al 40%) no evita que los Gobiernos regionales consigan mayorías con alianzas con otros grupos de interés. Finalmente, me llama la atención que proponga un "test de idoneidad" a los gestores de las cajas para aislarlos de la influencia política, no porque no sea necesario que las cajas estén en manos de profesionales del sector, sino porque lo veo de muy difícil concreción y aplicación.
Mención especial tiene la sección dedicada a los mecanismos de reestructuración y resolución bancaria. Nos recuerda que los accionistas y los tenedores de deuda deben asumir los costes de las crisis bancarias, incluyendo los que poseen deuda subordinada. Es consciente que una parte de las subordinadas y preferentes se han vendido de forma poco transparente en el segmento minorista, lo que ha obligado a un trato preferencial. Pero en la parte vendida a los inversores institucionales, la pérdida debe ser total. La deuda subordinada asciende a 86.000 millones de euros, que debe ser utilizada para absorber pérdidas. Incluso los bonistas sénior deberían asumir pérdidas en bancos no viables o recapitalizados con fondos públicos, algo que se ha olvidado por completo en España y que no contribuye, sino todo lo contrario, a reducir los problemas de riesgo moral.
También la OCDE se ha fijado en las características del banco malo (Sareb), al que las entidades con ayuda del FROB van a transferir sus activos tóxicos relacionados con el sector inmobiliario. La OCDE señala como principal ventaja del banco malo la separación de la gestión de los activos tóxicos del resto, que mejora la confianza en los bancos y que contribuye a centrar su gestión en el negocio que les es propio, es decir, captar depósitos y conceder créditos. El problema es que aunque es una sociedad privada para evitar que su deuda sea considerada pública, el Estado actúa como avalista de esa deuda, lo que expone al Gobierno a los problemas financieros del banco malo. Para minimizar ese riesgo, es necesario que se transfieran los activos al banco malo a precios lo suficientemente bajos, algo que se ha evitado para minimizar la petición de ayudas al fondo de rescate europeo. La prueba del algodón de que los precios no son suficientemente bajos es que Sareb no ha conseguido atraer a ningún inversor extranjero, y todo parece indicar que se está forzando a los bancos nacionales a que aporten capital, por lo que el banco malo se ha convertido en una cuestión de Estado de cuyo éxito depende la imagen del Gobierno. Obviamente, mal empezamos si no se consigue despertar el interés de los inversores privados a pesar de "prometer" rentabilidades anuales del 15%.
En resumen, el principal valor añadido del informe de la OCDE en lo que al sector bancario español se refiere es llamar la atención sobre unos pocos temas que son de enorme importancia para completar con éxito la profunda reestructuración que ha tenido lugar. Tras la aprobación desde 2008 de 13 leyes que afectan a la regulación del sector bancario español, es necesario rematar la faena hasta el final, ya que de lo contrario esta seguirá sin ser la última reforma del sistema financiero español.