La devaluación salarial debe llegar a los precios
Toda etapa de expansión económica generosamente larga, como la española entre 1997 y 2007, provoca una crisis de balances que solo puede resolverse metabolizando lentamente los excesos. Tantos las empresas como las familias tienen que hacer frente a sus elevados endeudamientos en un proceso de desapalancamiento natural que, en el mejor de los casos, llevaría la crisis hasta más allá de 2016 según los cálculos de varias instituciones económicas. Como tal calendario se antoja excesivamente largo y gravoso en una economía con las urgencias de los seis millones de desempleados, no queda más remedio que buscar atajos con reformas que cambien los paradigmas tradicionales de la economía. Entre otras cosas, porque la economía española no vive ya en el entorno tradicional en el que encadenaba etapas largas de euforia con depresiones efímeras. Con unidad monetaria, sin capacidad de mover la palanca cambiaria, ni crediticia ni presupuestaria, España no tiene más opciones que modificar los esquemas de producir para recomponer la competitividad de su oferta tanto en el mercado nacional como en el internacional, donde la ha perdido a raudales desde que se entregó al desenfreno del crédito con la llegada del euro.
Los desequilibrios acumulados se han magnificado por la fuerte concentración de la inversión financiada a crédito barato en el inmobiliario. La descomunal inflación generada en activos inmobiliarios se ha trasladado miméticamente a todos los costes de todos los sectores productivos y a todos los precios de todos los bienes y servicios, con las gloriosas excepciones de aquellos que se desenvolvían en abvierta competencia con la ofertta europea, americana o china. Por ello el desfase de precios y costes es aún mayor con los competidores, es más desproporcionado sobre todo con los países con niveles de productividad elevada.
Los instrumentos más útiles para hacer con relativa rapidez la transición hacia un modelo competitivo son los que facilitan lo que los expertos han llamado la devaluación interna, que no es ni más ni menos que un abaratamiento de todos los costes de producción (energéticos, tecnológicos, de equipamiento, financieros y, por supuesto, laborales) para poder reducir los precios de venta de los bienes y servicios y ponerlos en el mercado con capacidad creciente de ganar cuota. Todas las reformas iniciadas por el Gobierno, algunas de ellas muy radicales, se encaminan a ello. En concreto la laboral pretende desmontar los paradigmas cuasi franquistas de las relaciones industriales para adaptarlas a las europeas, tanto en materia de despidos como de determinación de salarios.
Y esta reforma ya ha comenzado a dar sus frutos, pues las empresas han acelerado unos procesos de ajuste que tenían en cuarentena por la carestía de los mismos en muchos casos. Además, la fuerte caída de la demanda interna, el apremio de la factura financiera y la propia presión que ejerce un fenémeno como el desempleo masivo con altos grados de endeudamiento de las familias, han empezado a presionar de forma continua sobre la determinación de los salarios. Así, las nuevas contrataciones están comenzando a recoger unas remuneraciones sensiblemente inferiores a las comunes hasta ahora.
Hasta tal punto se ha producido este fenémeno, que solo ha comenzado y veremos de forma intensa en los próximos años, que los salarios nominales están subiendo menos de un 1% en las tablas de los convenios y bajando allí donde no están reguladas las condiciones laborales por un convenio, como es el caso de una gran franja productiva en España, constituida por empresas de muy pequeño tamaño.
De hecho, el salario más frecuente está acercándose al nivel en el que se mueven las pensiones de jubilación, e incluso está por debajo de la pensión de jubilación de nuevo cuño. La devaluación de los costes, por tanto, está en marcha. Lo que tiene que producirse es un trasvase del fenómeno a los precios, puesto que, de no producirse, se contraerá más la capacidad de consumo de los agentes privados y se prolongará la recesión. Y en esta tarea devaluativa de los precios tienen responsabilidad todos los agentes económicos, y también el Gobierno, recomponeniendo cuanto antes la estabilidad fiscal y forzando bajadas en los precios regulados y aquellos que condicionen el resto de los precios.