Reforma financiera (europea)
La reforma financiera en España se ha producido en el marco de la futura unión bancaria europea. Entre otros aspectos, el autor analiza la figura del 'banco malo' y la conveniencia de que su diseño sea tan flexible
El pasado 6 de junio, la Comisión Europea presentó su propuesta de un nuevo marco legal de la Unión Europea para el rescate y la resolución de entidades de crédito, que incluye elementos de prevención, intervención y, finalmente, su resolución. Al final, herramientas comunes a las autoridades responsables de la resolución.
El vicepresidente de la Comisión anticipó esta semana en el Parlamento Europeo que el día 12 de este mes presentará las dos etapas que se deben cubrir como transición hacia la unión bancaria. Por un lado, un único supervisor a nivel europeo para este mismo año. Más tarde, garantía común de depósitos y un régimen común de resolución de crisis.
La última reforma financiera en España se produce en este escenario. De hecho, podríamos decir que los problemas del sistema financiero español han acelerado la toma de decisiones para una unión bancaria europea que ya parece imprescindible. El problema, como siempre, será concretarlo. Lamentablemente, con la variable tiempo en contra. Dar tiempo será la responsabilidad del Banco Central Europeo (BCE): tiempo para tomar decisiones políticas en el euro, sobre temas clave como la unión fiscal y bancaria. Tiempo imprescindible, reduciendo la tensión en los mercados: no es la solución de la crisis del euro, pero es fundamental para que no se escape de las manos.
La reforma financiera en España era imprescindible. ¿Definitiva? Nunca se puede decir que algo es totalmente definitivo. Pero, en este caso, hay una diferencia importante con respecto a las dos reformas anteriores del Gobierno: esta se ha realizado de acuerdo con Europa, que la avala con fondos europeos por un importe de hasta 100.000 millones de euros. En su presentación de junio, la Comisión Europea consideraba dos argumentos para fijar normas comunes en la resolución de crisis bancarias. El primero era minimizar el coste para el contribuyente. El segundo, desvincular la crisis bancaria de la crisis de deuda soberana. Las autoridades españolas, en la presentación de la reforma, han asegurado que el coste para el contribuyente será nulo o muy limitado. Lo veremos en el futuro. Y hablamos de hasta 15 años para gestionar los activos problemáticos en el banco malo y hasta cinco años para devolver el capital por las entidades con problemas. Son fondos europeos, pero con garantía del Estado.
Contar con dinero europeo supone un factor de confianza para los inversores, pero esto se traduce en obligaciones. Y no me refiero solo a las condiciones a cumplir, también a nivel soberano.
Es muy importante la disciplina al aplicar las medidas aprobadas y el mayor margen de maniobra que ofrece, tanto para el FROB como para el Banco de España, aislándolos de decisiones políticas. La pérdida de soberanía es evidente aunque, por otro lado, debemos valorarlo en términos de mayor integración europea. Precisamente el presidente del Gobierno ha pedido medidas ya tangibles de integración bancaria europea a final de año. De forma implícita, esta integración comienza ya en España. Los objetivos de la reforma en España son claros: el primero y más importante es eliminar el estigma que ha pesado sobre el sector financiero español desde el inicio de la crisis; el segundo, clarificar su posición separando a aquellas entidades con problemas (una minoría, pero alguna con potencial riesgo sistémico) del resto; por último, resolver de forma ordenada la situación de las entidades débiles.
Aquí hablamos de la existencia del banco malo y del banco puente. En el primer caso, comprando los activos con problemas (vivienda, locales y suelo) de las entidades; en el segundo, liquidando las entidades que no puedan devolver las ayudas considerándose de esta forma inviables. Parte del saneamiento de las entidades financieras con problemas procederá de los accionistas y de los poseedores de deuda preferente. Como ya saben, esta última podrá ser intercambiada por acciones, por bonos convertibles o directamente pagada en efectivo.
"Dinamizará el sector inmobiliario para sacar a la venta a precios razonables el stock de viviendas en manos de los bancos". De esta forma describía la vicepresidenta del Gobierno al banco malo. La realidad inmediata es que será una institución (sociedad de gestión de activos o fondos) cuyo objetivo es liquidar los activos problemáticos de las entidades financieras intervenidas. Los 15 años de vida son demasiado plazo si el objetivo es acelerar el ajuste de precios en el sector residencial. Pero adecuado si se trata tanto de limitar el castigo sobre el balance de las entidades financieras, como de perseguir también un ajuste gradual de precios en el sector residencial.
La gestión del banco malo queda en el aire, hasta ser concretada en un reglamento posterior. De hecho, escasean los detalles en el real decreto sobre la nueva institución creada. Sabemos que el precio de compra de los activos "permitirá a la institución tener beneficios a largo plazo". Pero el precio en sí será determinado por el Banco de España ("precio justo"), un ejemplo del poder que acapara la autoridad monetaria española. Además, se deja abierta la puerta para que la inversión privada pueda tomar posiciones en el banco malo.
En definitiva, su configuración final se concretará más adelante. Y me refiero bien a dotarle de capital, precisamente el exceso de los 100.000 millones sobre los 60.000 millones que se estima serán realmente necesarios, hasta darle garantías estatales en la emisión de deuda que podrá ser intercambiada por los activos con problemas. Esta deuda podría utilizarse como colateral en las inyecciones de liquidez del Banco Central Europeo.
En condiciones normales, diría que esta flexibilidad en el diseño del banco malo es positiva: dejemos que sea el mercado el que se imponga. Pero estas no son condiciones normales. Con todo, muchas de estas dudas deben ser resueltas antes de noviembre o diciembre, cuando el banco malo inicia su andadura.
José Luis Martínez Campuzano. Estratega de Citi en España