Todos son culpables
El máximo obstáculo que paraliza el país es su mala conciencia. La falta de una mínima autocrítica de los partidos mayores que como consecuencia quita credibilidad a sus propuestas de futuro, que suenan fastidiosamente patéticas. España no tendrá futuro claro hasta que no disponga de una relación del pasado que muestre los errores cometidos, sus causas y sus responsables.
Antes del euro, la economía mejoraba con regularidad su situación relativa en Europa, apenas tenía deuda soberana y era plenamente solvente y fiable para los mercados. Para que haya sufrido un brutal deterioro en los últimos 10 años solo se puede explicar con una concomitancia continuada de hechos promovidos por los principales agentes de la economía que no tenían el interés general como objetivo prioritario.
Las Administraciones públicas, a todos los niveles, se entregaron a un aumento desmesurado de gasto gracias a los recursos del fuerte y duradero pero falaz crecimiento que permitía el euro, generando un importante déficit público que si en el pasado no encontraba financiación exterior superior al 3% del PIB hoy el euro permite que la deuda soberana vaya camino del 90% del PIB.
Pero fue el fin de la espiral de la construcción y del desmesurado e irresponsable aumento del crédito hipotecario financiado en parte en el exterior con 800.000 millones de euros lo que inicia la recesión a principios de 1980. Y el consiguiente aumento de la morosidad, generando una importante descapitalización que hoy Bruselas se compromete a colmar hasta 100.000 millones, de momento a través del FROB, es decir del Estado, lo que sin duda está teniendo efectos negativos sobre la confianza de los mercados.
Este es el panorama que vive hoy con angustia la sociedad española, empezando por los casi seis millones de parados, que no ven perspectivas a corto plazo para su situación, y el resto de la sociedad, que teme el rescate de la economía por Bruselas y los nuevos recortes que se añadirían a los ahora en vigor. Pero es un panorama huérfano de padres que con una perfecta impudencia nadie se hace cargo de la parte que ha tenido en su generación. Todos inocentes de que la deuda pública haya crecido a niveles vertiginosos, y del despilfarro de todo tipo y medida del gasto público.
Pero al menos para el grave y capital problema de las finanzas el nuevo poder público en 2012 ha encontrado al parecer culpable al Banco de España, quizás por ese de a moro muerto, gran lanzada. Es verdad que el Banco de España sí fue culpable, pero de algo distinto, de connivencia con el INE para estimar un ligero crecimiento del PIB sobre un año antes en el segundo trimestre de 2008, lo que permitió al expresidente Zapatero negar la recesión con las nefastas consecuencias que tuvo ese retraso. Pero en ese trimestre no hubo crecimiento en absoluto. Medida la variación del PIB en el segundo trimestre de 2008 da un crecimiento nulo anualizado del PIB y una caída del empleo del 2%. De la desmesura e irresponsabilidad de las entidades de crédito, que dedicaban el 70-80 de sus activos a créditos vinculados a la construcción en 2007 y su financiación en el exterior, no se puede inculpar en modo alguno al Banco de España, porque la norma reguladora, la Ley de Intervención y Disciplina de las Entidades de Crédito de 2008, pensada en la guerra de papá, no ponía límites a la concentración sectorial ni al endeudamiento exterior.
El mundo de las finanzas parece haber caído en la misma trampa que la clase política española, que no supo o quiso ver que las grandes facilidades que ofrecía el euro podían tener un elevado coste en el futuro si no se hacían los ajustes que exigía una moneda única.
En realidad, los políticos han seguido la práctica general de las improvisaciones políticas que, despreocupadas del mañana, han aprobado leyes mal pensadas y peor aplicadas. La primera de las improvisaciones políticas, quizás más grave por sus consecuencias, fue la creación del engendro de las comunidades autónomas, pensando en equiparar todas las regiones a las concesiones históricas de Cataluña, País Vasco y Galicia. Se aceptó bajo el lema café para todos, pero pensando en el empleo para todos que así se iba a crear, como así fue, pero no pensaron que la irresponsable capacidad de gasto de los políticos iba a crear un problema de solvencia mucho más tarde.
Al nuevo Gobierno le faltó tiempo para aplicar, recién tomado el poder en 2012, la mala práctica de la improvisación, quizás para dar muestra de eficacia. Si el nuevo ministro de Economía hubiese tenido en cuenta la advertencia del anterior subgobernador del Banco de España, habría empezado por encargar una auditoría de los activos de las entidades de crédito, principalmente de las cajas de ahorros, hubiera conocido su nivel de insolvencia, su proyecto de reforma financiera habría sido diferente y más eficaz y hubiera caído bien en los mercados.
Pero es posible que estos hubiesen reaccionado mejor si el jefe de Gobierno, al dar a conocer las fuertes medidas de ajuste que exigía la reducción del déficit público, hubiera promovido el ajuste del nivel excesivo de las Administraciones públicas que absorben una parte importante de recursos en empleos de dudosa utilidad. No hay duda de que se podría mantener e incluso hacer más eficaz y eficiente la descentralización administrativa de otro modo que con las costosas comunidades autónomas.
Anselmo Calleja. Economista