Cataluña amenaza con llevar al Constitucional la reforma educativa

Cataluña está dispuesta a llevar al Tribunal Constitucional la reforma educativa que propone el Gobierno. Euskadi la ve "segregadora". Canarias cree que "no va en la buena dirección" y Andalucía sostiene que es una vuelta a los sesenta.

La consejera catalana de Educación, Irene Rigau, amenazó ayer con acudir al Tribunal Constitucional si se aprueba la reforma educativa que promueve el Gobierno -de momento es un anteproyecto-. Lo anunció durante la reunión de las comunidades con el ministro de Educación, José Ignacio Wert. El texto, que incluye la instauración de una reválida nacional al final de todas las etapas educativas, fue criticado por tres de las cinco regiones en las que no gobierna el Partido Popular: Cataluña (CiU), Andalucía (PSOE e IU) y Canarias (Coalición Canaria y PSOE).

Cataluña criticó que la evaluación de la revalida dependa del Gobierno central. "Lo importante es quién evalúa", defendió la consejera Rigau. "Si quien evalúa y decide los conocimientos a examinar es el Ministerio de Educación, supone de facto anular las competencias que el Estatuto de Cataluña le da a la Generalitat en el desarrollo y evaluación del sistema educativo".

"Los centros que están en la Generalitat y bajo su tutela deben ser evaluados por la Generalitat", continuó la consejera antes de añadir que el Gobierno central debe ampliar el consenso y renunciar a algunas de sus pretensiones.

Desde el Ministerio de Educación, se repite que el Gobierno está dispuesto a consensuar la reforma con la comunidad educativa, las regiones y los sindicatos. Todo ello sin renunciar a los principios básicos de la propuesta para tenerla redactada en octubre y empezar a tramitarla en el Congreso antes de que termine el año.

La propuesta incluye el fin de las pruebas de acceso a la Universidad (selectividad), la disminución de asignaturas en aras de aumentar las horas de clase de las materias básicas (Lengua, Matemáticas, Ciencias e Inglés) y la eliminación de Educación para la Ciudadanía en primaria y en la ESO (secundaria). Entre otros cambios, el Gobierno propone adelantar a partir de tercero de la ESO la elección del curso que lleva a la Formación Profesional o al bachillerato.

Por su parte, el nuevo consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, José Miguel Pérez, anunció que estaba a la "espera" de estudiar los detalles de la propuesta presentada ayer. La redacción inicial de la reforma le "preocupa considerablemente" porque supone un cambio de "calado del sistema educativo". "En esta ley se considera un obstáculo la equidad y la igualdad para el progreso de la calidad de la educación", criticó. "Se plantea que los alumnos sean segregados desde edades tempranas y se dice que muchos lo serán por razones de origen económico. Estas reformas no van en la buena dirección. El ministerio se equivoca".

Euskadi

La consejera de Educación de Euskadi, Isabel Celaá, defendió que con esta reforma "no se le da competencia al profesorado para poder evaluar a su alumnado", lo que demuestra "una desconfianza total hacia el sector docente". Lo peor, añadió la consejera, es que la propuesta generará "una segregación importante" que dejará "a los alumnos con más dificultades de desarrollo abandonados a su suerte".

Los aplausos a la propuesta llegaron desde las comunidades gobernadas por el PP. Valencia, por ejemplo, la respaldó porque ha llegado "el momento de reforzar la formación profesional", tal y como demandan las empresas.

La excelencia y el fracaso escolar, para septiembre

Vivir en una casa repleta de libros, como le sucedió a Borges, es lo mejor para la educación de un niño. Eso, y que sus padres los lean y dispongan de tiempo como para aportar otras cosas: buenos hábitos culturales de referencia, incentivos al mérito, apoyo extraescolar... Pero, según el estudio que se presentó ayer en la sede madrileña de la Fundación BBVA, hay otras variables relacionadas con el nivel de educación de los jóvenes. El catedrático de Economía y coordinador del proyecto, Antonio Villar, las expuso durante su presentación.La primera: que, a la luz del Informe Pisa de 2009, el sistema educativo español está sobre la media europea en rendimiento y equidad, pero no en calidad. Dado que esta, grosso modo, se calcula descontando los que no alcanzan el mínimo de competencias de aquellos que llegan hasta los niveles más altos, la conclusión es que en España no se atiende debidamente a esos que -por lo alto o por lo bajo- exigen una atención algo más profusa. Con un 3,4% de alumnos "excelentes" y un 36,6% de repetidores, frente al 7,6% y 17,4% de la OCDE, España necesita, a juicio de Villar, "fomentar niveles diferenciados en las clases y dispensar un trato más pormenorizado".Otra conclusión llamativa es que tampoco hay homogeneidad entre autonomías. La brecha que separa Castilla y León de Canarias -las comunidades con mejor y peor calidad educativa- es enorme y Villar la atribuye no tanto a su nivel de renta, como a su distribución por sectores. Allá donde no hay un tejido industrial variado, el nivel de los educandos se resiente. "La educación y el desarrollo económico están muy relacionados", señaló Villar, que cifra en un 1% el crecimiento que tendría la renta per cápita en España si sus estudiantes sacaran el año que viene las mismas notas que sus homólogos finlandeses.