¿Qué piden los mineros?
Era la pregunta que se escuchaba en las huelgas de los años sesenta, cuando lo mineros se atrevieron a protestar en un ambiente de férreo control por la dictadura. "Ventanes en les galeríes", la respuesta que procedía ante la obviedad de la pregunta.
Decidieron plantar cara entonces, supieron luego pactar un duro proceso de reconversión y reclaman ahora que se cumpla lo acordado. El proceso de drástica reducción de actividad y empleo se combina con planes de desarrollo alternativo de las comarcas mineras, condicionadas por un severo impacto ambiental y unas escasas posibilidades de desarrollo debido a la inexistente diversificación de la actividad económica, debida al monocultivo del carbón.
Conviene recordar que el sector pasó de tener cerca de 53.000 empleos en 1985 a apenas 6.000 actuales en todo el país en menos de tres décadas, con el agravante de la obligada concentración de la actividad en unos territorios sometidos a bruscos cambios coincidiendo con el punto álgido de la explotación de los yacimientos mineros. Una actividad en gran parte subterránea, consumidora de mano de obra intensiva, que generó inmigración de población necesitada de vivienda, resuelta con asentamientos no planificados. Esto produjo un urbanismo desordenado añadido a los efectos de la actividad que generó una fuerte contaminación en unos tiempos donde la consideración ambiental era inexistente, pero no sus impactos. Contaminación de ríos, suelos y atmósfera junto con un urbanismo caótico definen unos hábitats de muy baja calidad ambiental y residencial.
El proceso de reconversión parte del doble objetivo: reducción paulatina de la actividad acorde con las reservas estratégicas del carbón combinado con un proceso de desarrollo alternativo a la actividad minera. Para ello los sindicatos mineros firmaron con los distintos Gobiernos sucesivos planes dirigidos a esta doble finalidad: la reducción paulatina de la actividad y el fomento del desarrollo alternativo que requirió de inversiones en reordenación urbana, recuperación ambiental e infraestructuras de comunicación e industriales que asegurasen un entorno favorable a nuevas actividades productivas, con especial acento en el fomento de la innovación, tanto en el propio sector (seguridad, mecanización o de proyectos de investigación de captura y secuestro de CO2) como en nuevos actividades productivas.
Fue a través de sucesivos planes basados en el acuerdo entre la Administración general del Estado y los agentes sociales, junto a una acción concertada entre empresas mineras y eléctricas que establece el régimen de consumo del carbón nacional. El último firmado abarca el periodo 2006 a 2012. El mantenimiento de la actividad responde a dos cuestiones previas: la garantía de extracción y suministro de un recurso energético estratégico y la inclusión del régimen de ayudas en el marco europeo, adoptada mediante la decisión del Consejo Europeo de 10 de diciembre de 2010 que considera compatibles las ayudas a empresas hasta el año 2018.
En este contexto, asistimos primero al drástico recorte de los proyectos destinados al desarrollo alternativo de las comarcas mineras, los llamados fondos mineros. Pero es en el proyecto de Presupuestos para 2012, ahora en tramitación, donde se produce la ruptura definitiva con el proceso iniciado en el año 1985 antes descrito. Se produce un recorte de casi un 40% en los presupuestos destinados al Instituto del Carbón, que alcanzan todos los programas, los destinados a las ayudas a la actividad y al desarrollo alternativo.
Es necesario recordar que los recortes se producen respecto de los Presupuestos de 2011, elaborados ya en plena crisis por el anterior Gobierno socialista. En concreto, suponen una disminución de 130 millones, que afectan tanto a la empresa pública Hunosa como a las empresas privadas y que sitúan la actividad minera en una situación de inviabilidad.
Las consecuencias: sobre la imposibilidad de utilización de un recurso energético autóctono, en un contexto de precio del petróleo en escalada; la necesidad inducida de inversiones en las centrales térmicas diseñadas para ese tipo de carbón; la repercusión en el empleo de cerca de 6.000 mineros, y, lo que es más preocupante, incertidumbre para el futuro de las comarcas mineras, colocándoles una losa añadida a la crisis que afecta a todo el país. Supone tapiar las ventanas que los mineros quisieron abrir cuando solo había oscuridad.
María Luisa Carcedo. Diputada nacional del PSOE por Asturias
