El FMI pide que las fundaciones de las cajas estén bajo control estatal
El Fondo Monetario Internacional (FMI) reconoce que las cajas de ahorros españolas han dado un paso de gigante en su reestructuración, tanto en el reforzamiento de su solvencia con el saneamiento de balances como en el ajuste en su red de oficinas y plantilla y en la reducción del número de entidades. Pero quiere que el sector vaya más allá en las reformas, sobre todo en la eliminación de las injerencias políticas en la gestión.
En su último informe específico sobre las cajas de ahorros, publicado el pasado día 11, el FMI indica que lo más coherente con los principios de buen gobierno sería que las fundaciones de las cajas tuvieran la consideración de "carácter especial" y con ello estuvieran bajo el control del Estado y no de las comunidades autónomas, como ocurre ahora. Añade que "la posible injerencia del banco sobre la actividad de la fundación debe ser regulada".
En caso contrario, a juicio del organismo internacional, se daría un frenazo en todos los avances que se han producido respecto a la profesionalización de los órganos de gobierno de estas entidades al mantenerse la influencia de los poderes políticos autonómicos sobre la gestión de la obra social de las entidades financieras.
El actual Ejecutivo introdujo este punto en el real decreto del pasado mes de febrero, pero al final dio marcha atrás tras pactar con CiU y PNV la introducción de una enmienda que modificaba el artículo y precisaba que la tutela de Economía de las fundaciones de las cajas se realizaría "sin perjuicio real del respeto a las competencias que los estatutos de autonomía atribuyen a algunos ámbitos en materia de fundaciones".
El Gobierno también ha flexibilizado los criterios. Si una caja de ahorros o grupo de cajas controla menos del 25% del banco correspondiente debe convertirse en fundación, cuando antes el límite estaba fijado en el 50%. Estos cambios se llevaron a cabo para que entidades, como Bankia -abocada ahora a que las siete cajas que integran la alianza se conviertan en fundación al haber visto diluida su participación en el banco cotizado con la entrada del Estado en su capital-, pudieran recapitalizarse a través de la conversión de preferentes en acciones.
El FMI también insiste en la necesidad de una mayor "racionalización de la estructura de Gobierno" de las entidades, con una reducción de su tamaño y la incorporación de consejeros independientes, para cuya adaptación da el plazo de un año.
El organismo recuerda que tras las recientes fusiones muchas entidades mantienen aún las antiguas estructuras de las cajas -asambleas, consejos de administración y diferentes comisiones-, que se suman a la de los nuevos bancos.
"Ciertas medidas de transparencia pueden permitir un adecuado seguimiento del negocio y reforzar los incentivos para la entrada de capital extranjero en las entidades", concluye el informe del FMI.
Ajustes
El informe recuerda que desde 2008 el número de oficinas de las cajas se ha reducido un 17%, mientras que la plantilla ha descendido un 14,3%. El número de entidades ha pasado de 45 a 11, de las que dos (Catalunya Caixa y Novagalicia) están controladas por el FROB.
Rato renuncia a su indemnización
El expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, ha renunciado a su indemnización de 1,2 millones. Rato envió el pasado martes una carta al actual presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, en la que solicita que no le sean aplicadas las obligaciones establecidas en la cláusula octava de su contrato, que le impedía trabajar en una entidad financiera durante los dos años posteriores a su salida, según Europa Press. En la misiva, Rato pide "que se manifieste expresamente por la sociedad la renuncia a su aplicación, con todas las consecuencias que de ello se derivan, incluida la no percepción (...) de la indemnización prevista en la citada cláusula". Como indemnización tiene derecho a dos anualidades. En 2011, Rato ganó 2,34 millones, pero el Gobierno limitó hace unos meses la remuneración de los directivos de entidades que hubieran recibido ayudas a un máximo de 600.000 euros anuales. Fuentes oficiales de Bankia aseguran que la entidad analizará en los próximos días la petición de Rato.