Bruselas y el BCE plantean obstáculos al plan de Rajoy
El Gobierno de Mariano Rajoy trabaja a marchas forzadas para cerrar la reestructuración del sistema financiero con una gran incógnita aún sin resolver: la fórmula para financiar el saneamiento del sector. El capítulo de fusiones sigue su curso pero la escalada de la prima de riesgo a niveles récord complica la búsqueda de capital en el mercado en un momento en el que ni el BCE ni Bruselas parecen precisamente dispuestos a dar aire de forma urgente y generosa al Ejecutivo para facilitar una tarea que se vuelve cada día más titánica.
El presidente del Gobierno ha aprovechado sus recientes intervenciones públicas, la última el lunes, para hacer llamamientos cada vez más claros a favor de la unidad del euro y de apoyo del BCE. Peticiones de auxilio en toda regla cuando la escalada del coste de financiación del Estado -la rentabilidad del bono a 10 años cerró en el 6,4% ayer- amenaza la sostenibilidad de la deuda. Pero los apaños rápidos no llegan. El BCE lleva 11 semanas sin comprar deuda en el mercado y ayer mismo Ewald Nowotny, consejero del organismo, recordó que la autoridad monetaria no está considerando reactivar este programa de compras. El BCE tampoco parece dispuesto a responsabilizarse en última instancia de la inyección de deuda pública en vez de efectivo en Bankia, una solución que evitaría el paso por los mercados para captar recursos pero que requeriría su visto bueno para que la entidad rescatada pudieran utilizar los títulos como garantía para obtener liquidez en Fráncfort. "Rescatar bancos es responsabilidad de los gobiernos nacionales", aseguró Nowotny. "El papel del BCE es en el campo de la liquidez, no el de la solvencia". Todo un mazazo para el Gobierno, atrapado en una espiral de desconfianza que lejos de suavizarse, se incrementa tras destaparse el agujero de Bankia.
El Gobierno, por lo pronto, necesita 19.000 millones para afrontar el rescate de Bankia y ha dejado claro que su prioridad será buscar ese capital en el mercado. Una pretensión, la de emitir más deuda, que no ha hecho más que incrementar la espiral de desconfianza hacia España por el impacto que tendrá en el endeudamiento de la economía. El rescate de Bankia supondrá un incremento del 2% en el ratio de deuda sobre PIB y está por ver si finalmente impacta o no en el déficit, algo que el Gobierno niega de momento. Bankia, además, pese a ser una pieza fundamental del mapa bancario, no es la única ficha y el mercado teme que la factura final del saneamiento del sector se incremente sustancialmente si las nuevas provisiones aplicadas a la entidad se extrapolan al resto.
Ante esta disyuntiva y con el mercado cada vez más receloso del riesgo España, las opciones para el Gobierno escasean. Pagar los tipos de interés que exige el mercado en la actualidad pueden dar al traste con los esfuerzos por reconducir el déficit y al mismo tiempo no terminaría de romper el vínculo nocivo que existe entre la banca y el Estado. Al final el sector es un gran financiador de las emisiones del Tesoro pero es el Estado quien debe acudir al rescate de la banca mediante emisiones que incrementan la deuda en circulación, acentúan la escalada de la prima de riesgo y fomentan la desconfianza hacia la banca por su exposición a la deuda.
Una situación que hace que muchas entidades financieras vean cada vez más cerca la apelación al fondo de rescate europeo, una fórmula que rompería este vínculo y abarataría la factura del rescate. El problema es que aquí, una vez más, las pretensiones del Gobierno chocan con la burocracia de Bruselas. Rajoy quiere evitar a toda costa un rescate a la banca española a través del fondo de rescate (ESM) que debería entrar en vigor en julio. El Gobierno, sin embargo, sí se muestra favorable a un cambio en las normas que rigen este mecanismo para que pueda entrar directamente en los bancos sin intermediación de los Gobiernos, una solución que evitaría una intervención al país con todas las letras y por tanto unas condiciones más benignas a las que sufren hoy países rescatados como Grecia, Irlanda o Portugal.
Europa tendría la capacidad de cambiar los estatutos pero de momento pesos pesados como Alemania son contrarios puesto que prefieren impedir un acceso directo de la banca al mecanismo de rescate para tener a los Estados más controlados. El pulso entre Gobierno y Europa sigue pero el tamaño de España, una amenaza real para el euro, hace urgente una tregua.
Crecen las dificultades para el Tesoro
El deterioro de las condiciones de mercado supone una amenaza para el Tesoro si la escalada de tensión persiste en el tiempo y el riesgo bancario mina la capacidad del Estado de captar recursos. El Gobierno, de momento, ha logrado financiarse sin problemas en lo que va de ejercicio y, aunque ya tiene cubiertas el 55% de las necesidades a medio y largo plazo, aún debe captar recursos millonarios de aquí a final de año. En total, el Gobierno central y las regiones deben refinanciar 117.500 millones de euros para afrontar vencimientos y una generación de déficit de 52.000 millones.La rentabilidad del bono a 10 años cerró ayer en el 6,4%, un nivel que se acerca al máximo del 6,7% que alcanzó el pasado mes de noviembre durante otra escalada de tensión. Meses atrás las subastas de liquidez a tres años del BCE y la cumbre europea de finales de año en la que se acordó un pacto fiscal permitieron relajar los costes de financiación. Los expertos reconocen que rebajar la tensión en el mercado requiere algún tipo de medida extraordinaria a nivel europeo, lo que hace que la reunión del BCE el próximo mes se convierta en una cita clave para los mercados.La acumulación de vencimientos en los últimos meses del año hace que la caída de los costes de financiación se convierta en una prioridad para España. Una situación que complica en especial la financiación de las comunidades autónomas, con vencimientos pendientes por 12.000 millones de euros en los últimos tres meses del ejercicio.