El plazo de pago de la Administración pública sube a 160 días

El plan de pago a proveedores va a permitir al sector público ponerse al día de sus facturas atrasadas (anteriores al 31 de diciembre pasado). Sin embargo, no parece haber supuesto que las nuevas deudas se abonen en un plazo razonable. Los últimos datos recabados por Intrum Justitia muestran que la Administración tarda de media 160 días en hacer frente a sus facturas, un 4,5% más que hace un año.

Además de generar un problema de liquidez en los proveedores, la tardanza en el pago supone incumplir de forma flagrante la Ley de Morosidad, que obliga a la Administración a pagar en 40 días, una cifra que a día de hoy resulta simplemente utópica. "Los datos muestran la falta de eficacia de la Ley de Morosidad, ya que los plazos de pago de Administraciones públicas y empresas en España no solo no han disminuido, sino que mantienen su escalada", indica Luis Salvaterra, director general de Intrum Justitia.

Esta normativa, que se aprobó en 2010 y que en su día se vendió como la solución a la morosidad, no está sirviendo de nada. Entre otros motivos, porque todavía no existe un reglamento que desarrolle dicha norma. Intrum Justitia advierte que la Administración en España paga 95 días más tarde que la media europea. En el caso del sector privado, las empresas abonan sus facturas en un plazo medio de 97 días, lejos de los 75 que fija la normativa española y también de los 45 días de media en la UE.

Esta situación genera un círculo vicioso en el que las empresas que sufren la tardanza en el pago de sus clientes no pueden, a su vez, cumplir con sus proveedores.

Sanciones

Desde la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad abogan por aprobar un régimen sancionador que imponga multas de hasta 900.000 euros para las faltas más graves y cierres temporales para aquellas compañías que incumplan de forma sistemática.