Los desafíos de la sanidad española
La sanidad pública española debe enfrentarse al doble reto de resolver el agujero de déficit y, al mismo tiempo, mantener las actuales prestaciones sin merma alguna de su universalidad y calidad asistencial, en un escenario determinado, entre otros, por los más de 60.000 millones de gasto anual que representa para las arcas públicas, suponiendo desde un 30% a un 60% de los presupuestos de las comunidades autónomas. A esto hay que sumar la existencia de un deuda acumulada superior a los 15.000 millones de euros, cuya rebaja será difícil teniendo en cuenta el necesario recorte presupuestario por las actuales circunstancias económicas (menos ingresos públicos e inexistencia de financiación) y las mayores exigencias en la atención y prestaciones sanitarias.
Estas exigencias son consecuencia de la mayor esperanza de vida de la población, los avances en técnicas diagnósticas y terapéuticas, la demanda de mayor calidad en la atención y la sostenibilidad de unas proyecciones e infraestructuras creadas al albur de unas circunstancias económicas muy diferentes a las actuales. Esta situación plantea un verdadero desafío para Gobierno y comunidades autónomas, que en los últimos meses venían huyendo del fantasma del copago sanitario como una alternativa para reducir los crecientes costes del Sistema Nacional de Salud (SNS).
Según lo anunciado ayer por el Gobierno a los consejeros autonómicos de Sanidad, en un principio se aplicaría únicamente el copago en el gasto en medicamentos, no a la asistencia sanitaria, y se haría en función de la renta, por lo que los trabajadores activos que antes pagaban el 40% por las medicinas ahora pagarán el 50% o el 60%, dependiendo de lo que ganen. Sin embargo, la principal novedad es que los jubilados tendrán que abonar el 10% del coste, lo cual es una medida que impactará en el bolsillo de nuestros mayores.
Pese a lo impopular de la medida, la mayor ventaja de introducir el copago farmacéutico debería ser, sin duda, el cambio de mentalidad de los ciudadanos a la hora de afrontar la compra de fármacos, léase comprar los indispensables y solo cuando en realidad lo necesiten. A esto se suma una ventaja puramente económica, ya que los cálculos del Ejecutivo cifran el ahorro de esta propuesta en 3.700, más de la mitad de los 7.000 millones que espera recortar en sanidad al margen de los Presupuestos Generales. Es una cantidad muy importante que aliviará el déficit sanitario, lo cual no es baladí en el contexto actual de ajuste presupuestario.
Estas ventajas sostienen este cambio de modelo en la sanidad pública, un modelo que seguirá siendo universal y gratuito, pero que, como el propio Gobierno reconoce, necesitará de más medidas para atajar toda la deuda existente.
Esas otras medidas pasan por la reducción del gasto y por la colaboración público-privada. Sobre el primer aspecto ya hay muchas iniciativas en marcha, pero la entrada del sector privado en la sanidad pública se ha convertido en un tema tabú del que conviene hablar abiertamente.
Hoy en día muchos de nuestros hospitales ofrecen una asistencia sanitaria gratuita y de la mayor calidad sin que la mayoría de nosotros sepamos que detrás de ese servicio está la gestión de una empresa privada. Los costes para el paciente se reducen a la mitad mientras que las prestaciones son las mismas y el horario de atención se amplía.
Llegados a este punto, conviene recordar las conclusiones del ya lejano en el tiempo pero actual en contenido, informe Abril que al respecto, decía que el carácter de servicio público no está determinado por la forma jurídica en que se organiza, sino básicamente por la naturaleza de su función, por el origen público de los recursos que la financian y por la igualdad de los ciudadanos en el acceso a la asistencia.
La colaboración público-privada cumple estos requisitos y, además, generaría cuantiosos ahorros a las arcas públicas si se extendieran por las diferentes autonomías españolas: hasta 13.000 millones de euros al año, una cuarta parte del presupuesto sanitario público.
Ahora es el momento de darnos cuenta de que lo único que tiene valor para el paciente es la calidad y el coste de la asistencia sanitaria, no quién gestiona el hospital. El debate no está en la privatización de la sanidad sino en conseguir que un servicio público y universal se adapte a la nueva realidad. En definitiva, se hace necesaria una actuación rápida y decidida que permita despejar dudas e introduzca seguridad, fiabilidad, eficacia y flexibilidad. Solo de esta forma será posible desarrollar con éxito estas fórmulas de colaboración y garantizar la supervivencia del sistema.
Gabriel Martínez. Socio fundador de Russell Bedford International en España