El foco

Los costos ocultos de la política

El autor no oculta su perplejidad ante el desinterés general por desentrañar los costos ocultos de la política económica. Su análisis muestra los efectos negativos sobre la economía.

Causa cierta perplejidad el desinterés general por desentrañar los costos ocultos de la política económica a pesar de haber contribuido sustancialmente a la grave crisis económica. Se comprende esta desidia con los costos que tienen una manifestación dineraria por su opacidad que con gran retraso se podría aliviar si la Agencia Estatal de Transparencia que se va a crear tiene la eficacia que nunca tuvo la Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas. Pero tampoco parece interesar el costo de lo que podría denominarse prevaricación política, también necesitada o más de transparencia pues sus efectos negativos sobre la economía pueden ser muy importantes.

El caso más emblemático de política prevaricadora no se dio en España pero hay que mencionarlo porque fue la causa principal del grave problema de la deuda soberana europea y, como consecuencia, del euro. Cuando Jacques Delors inculpaba de esta situación a la política errónea de algunos países del euro, decía la verdad pero no toda la verdad y se estaba inculpando inconscientemente según el aforismo excusatio non petita… Al proponer en el Tratado de Maastricht en 1992 la moneda única y un banco central europeo era consciente del riesgo del mal uso que políticos irresponsables podían hacer -y de hecho han efectuado- de un euro huérfano de política. Lo hacía porque el presidente Mitterrand no podía soportar que, a pesar del poder político de Francia en la CEE, la política monetaria en Europa la dictase el Bundesbank con el marco, que así se eliminaba.

En un intento exculpatorio de la grave situación del sistema financiero español y de sus repercusiones sobre la economía que nadie pedía, el portavoz de la AEB cayó en el mismo error. Acabó inculpando inconscientemente al sistema financiero cuando llega a decir que "siempre hemos señalado que los problemas autóctonos son el excesivo apalancamiento de empresas y familias". Pero él sabía que gran parte del mismo se debía a los 800.000 millones de euros con que las entidades de crédito financiaban excesiva y temerariamente en el exterior gran parte del desmesurado aumento del crédito vinculado a la construcción. Así se ha creado una necesidad sustancial del capital que ha frenado la concesión de créditos al sector privado estos últimos años y lo seguirá haciendo si no se recapitaliza el sistema en la forma que solo un apoyo estatal puede hacer.

El elevado costo del reprobable comportamiento del sector financiero tuvo en realidad un origen político en la prevaricación pasiva del ente regulador. Si en su momento hubiese desaconsejado pública y severamente a las entidades reguladas de proseguir la concesión de créditos en la arriesgada forma en que se financiaban, probablemente el paro no hubiese aumentado en el millón que ahora espera reduzca una reforma laboral, por imprescindible que sea para flexibilizar las relaciones laborales y adaptarlas a las exigencias de la globalización, y la accesión al euro para mantener la competitividad.

Pero la reducción del desempleo no lo consigue por sí sola esa reforma. Necesita un crecimiento duradero del empleo, solo posible con un ritmo adecuado de expansión económica. Los sindicatos saben perfectamente que la condición necesaria, aunque no sea suficiente, para recuperar la competitividad que exige ese crecimiento precisa de una variación del costo salarial unitario menor que la de los países de la UE.

La medida de la competitividad no puede sin embargo limitarse al costo del trabajo, aunque sea un componente esencial. La competitividad se apoya además en otros medios: la innovación, la inversión productiva, la organización del trabajo industrial y el acceso a la financiación. Las empresas, principales beneficiarias de la recuperación de la competitividad con las devaluaciones, deberían hoy emplear la parte que reciben de los cuantiosos recursos destinados por el Estado a la I+D+i en innovar el sistema productivo y la gama de productos que, a juzgar por las estadísticas de comercio exterior, no lo hacen en su totalidad.

La economía es prisionera de la acción acumulativa de las dos cadenas de la recesión y la creciente austeridad impuesta por Bruselas, pero los dirigentes políticos disponen de medios para romperlas. Deben empezar por recentrar al máximo la gran descentralización fruto de la Transición. Se quiso entonces reorganizar el Estado bajo el lema café para todos, pero pensando en realidad en empleo para todos los políticos en 17 Parlamentos comunitarios, otros tantos Gobiernos, sin olvidar las diputaciones, ayuntamientos y los millares de entes de apoyo administrativo de todo tipo. Se crearon así unas Administraciones públicas hipertróficas que, al absorber una enorme masa de recursos detraídos de las empresas y familias, frenaban la economía. El nuevo Gobierno debe enderezar esta situación pero no hay tiempo que perder si quiere, como ha prometido y es su obligación, crear empleo duradero y reducir el paro.

Los Presupuestos Generales del Estado para 2012 intentan reducir el déficit público al 5,3% del PIB, lo que implica una detracción adicional de unos 15.000 millones de la economía, ambicioso objetivo difícil de alcanzar por una serie de razones. Las medidas de ajuste anunciadas afectarán solo a la segunda parte del año, o sea, que el recorte de los gastos ministeriales del 16,9% equivale a una tasa del 13,8% anual. Por otra parte, la tendencia recesiva con que comienza 2012 presagia, de continuar, un aumento apreciable en las ayudas por desempleo y en la carga por intereses de la creciente deuda soberana. Por último, el efecto recaudatorio de la reforma del impuesto sobre el beneficio de las empresas se dejará sentir solo en 2013. Dado el cada vez menor margen de recortes del gasto público, el que ahora se haga debería empezar eliminando o reduciendo sustancialmente -parece que lo hará tímidamente- los millares de entidades de todo color político improductivas creadas al socaire de un fuerte pero falaz crecimiento económico que también incitó un excesivo nivel en el Estado del bienestar tampoco permitido por el potencial de la economía.

La ciudadanía debería saber que todos estos empleos artificiales y gran parte de los beneficios sociales que se brindaron con fines partidistas fueron financiados fundamentalmente con un incremento de la ya elevada deuda exterior. Por lo tanto, la alternativa a la inevitable y dolorosa corrección que exigen Bruselas y los mercados sería una continuada caída del empleo y un nuevo aumento del paro.

Anselmo Calleja. Economista