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Tribuna
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Los pasos perdidos

En el Salón de los Pasos Perdidos, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, presentó los Presupuestos más restrictivos del periodo democrático español, exigidos por el durísimo calendario de austeridad que nos han impuesto las autoridades europeas. De semejante tamaño y ritmo de ajustes solo diré que son injustos socialmente y que carecen de lógica económica por ser procíclicos e instaurarse en todos los países europeos a la vez. Más bien, centraré mis comentarios en los posibles efectos sobre el desempleo.

Las cifras de paro de España son alarmantes y encabezan los registros de la UE. Por las medidas adoptadas durante los 100 primeros días de Gobierno se deduce que el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy pretende resolver este acuciante problema con la reforma laboral, de la que se esperan sus frutos a partir de 2013. Sin embargo, aunque la reforma laboral es necesaria -sin que ello signifique aceptarla como la ha decretado el Gobierno-, a mi modo de ver lo más importante y urgente es transformar el sistema productivo aumentando la presencia de empresas grandes, innovadoras y con fuerte base exportadora. Algunas cifras hablan por sí solas: el enorme salto de la tasa de desempleo de la economía española durante los dos primeros años de la crisis financiera se debió, sobre todo, a la contracción de la actividad en los servicios y en el sector de la construcción, y mucho menos a la estructura y funcionamiento del mercado de trabajo. Mientras que en agricultura e industria el desempleo aumentó hasta el 10%-12,5%, en los servicios alcanzó el 23% y en la construcción superó el 27%. Por consiguiente, lo prioritario y fundamental es modificar la estructura del sistema productivo en la dirección antes aludida.

¿De qué modo los nuevos Presupuestos contribuyen a esta tarea? Según mi modo de ver, muy poco. En la vertiente de los ingresos, el aumento del IRPF grava injustamente las rentas medias del trabajo, lo cual no predispone a los trabajadores a trabajar más y mejor. El aumento de la tasa efectiva del impuesto sobre el beneficio de las sociedades -mediante disminución de deducciones- parece razonable por cuanto que reduce una clara discriminación contra las pymes que no pueden acceder a las deducciones. El aumento de los ingresos por la amnistía fiscal es más difícil de justificar, no solo por razones económicas, sino, sobre todo, éticas. Los inconvenientes mayores residen en la vertiente de los gastos. El Gobierno ha agrandado la tijera en los ministerios y en las partidas que más ayudan a mantener o a crear empleo. La drástica disminución de fondos en el Ministerio de Fomento provocará una acusada caída en la inversión en infraestructuras, que se sumará al deterioro tan fuerte que acusa la inversión privada. La disminución de financiación de las actividades de I+D no solo agrandará el considerable atraso que la economía española tiene frente a los países más adelantados y frente a sus propios socios europeos, sino que impedirá que se lleve a cabo la transformación del sistema productivo en las líneas comentadas anteriormente.

Es verdad que los fondos destinados al Ministerio de Economía y Competitividad aumentan un 32%, pero cuando excluimos las aportaciones que debe hacer al Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, MEDE, se obtiene una disponibilidad neta inferior en un 19% con respecto al año anterior. Finalmente, el recorte de 1.500 millones en las políticas activas del empleo frenará la adquisición de competencias de los desempleados para encontrar nuevas ocupaciones.

Dentro de las disposiciones que conciernen a Educación, a mí me causa una gran preocupación la disminución de la partida de becas y ayudas al estudio porque contribuye a una asignación de recursos más injusta e ineficiente. El Gobierno ha perdido la oportunidad de diseñar una combinación de medidas más racional y justa, como es elevar las tasas universitarias y, al mismo tiempo, ampliar el número de becas y ayudas al estudio para aquellos que las merezcan y las necesiten. Actualmente, el despilfarro en la universidad, por abandonos de estudios y repetición de cursos, supera el 1% del PIB. Así pues, en cuanto a la contribución al empleo y a la asignación eficiente de los recursos, varios aspectos del Presupuesto hacen honor al marco en el que se ha presentado, poniendo la marcha atrás y realizando pasos perdidos.

José García Solanes. Catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Murcia

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