Amnistía fiscal o fraude
Seguramente, en un contexto económico excepcional como el actual, la decisión del Gobierno de aprobar una amnistía fiscal puede parecer razonable. Sin embargo, tal decisión no está exenta de polémica. Veámoslo.
La amnistía aprobada evidencia el fracaso en la lucha contra el fraude fiscal como consecuencia de haberse centrado en, básicamente, comprobar a quien ya declara y no en investigar los hechos ocultos o no declarados. Para mayor desesperación, la controversia que normalmente se suscita en las actuaciones de comprobación tiene su origen en interpretaciones al límite que cercenan la efectiva aplicación de beneficios fiscales. El régimen de reestructuración empresarial, la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios o por I+D+i son un buen ejemplo de ello. Si a esto le unimos los incentivos por productividad que los inspectores perciben, la comprobación es sin duda mucho más rentable que la investigación. En este contexto, no cabe duda que el beneficiado de tal situación es quien permanece ajeno a los controles de la Administración, consciente de que sin una ardua y compleja labor de investigación quedará al margen de los circuitos de control. Por el contrario, quien cumple con sus obligaciones fiscales soporta una desproporcionada presión fiscal indirecta y una carga fiscal global excesiva. En este ámbito, una amnistía es una burla a quienes han cumplido con sus obligaciones, una decisión éticamente reprobable y un flaco favor a la credibilidad de quienes colaboramos en el cumplimiento espontáneo de las obligaciones tributarias.
Pero ¿cuáles son entonces las razones que justifican la decisión adoptada? Sin duda, la imperiosa necesidad de obtener mayores recursos sin aumentar más los impuestos. ¿Y no hay ninguna otra alternativa? Pues sí, la lucha contra el fraude. No obstante, es cierto que mientras la amnistía fiscal proporciona ingresos a corto plazo, los resultados de la lucha contra el fraude son a largo plazo. A pesar de ello, mientras la amnistía no incentiva el cumplimiento voluntario, la lucha contra el fraude lo estimula y reduce. La mejor opción es pues clara: luchar contra el fraude.
¿Es entonces implanteable una amnistía? Por principio, sí. Cosa distinta son situaciones tan excepcionales como la actual. En estos casos, y dependiendo de cómo se plantee, puede ser razonable valorar la posibilidad de una amnistía fiscal. Veámoslo. La regularización voluntaria aprobada por el Gobierno beneficia a la propia Administración y al sistema financiero. A la propia Administración porque obtendrá los recursos necesarios para reducir el déficit; y al sistema financiero porque en él se depositará gran parte de los capitales que se regularicen con una importante observación: la norma aprobada no exige la repatriación del dinero que se refugia fuera de España salvo que se trate de dividendos o rentas derivadas de la transmisión de valores de entidades no residentes en territorio español que cumplan determinados requisitos y opten por tributar por un gravamen especial del 8%.
Sin embargo, sí sería aceptable una amnistía que se articulara, por ejemplo, mediante una fórmula utilizada hace ya algunos años: la suscripción de deuda pública especial con vencimiento a largo plazo y a tipo de interés cero o muy bajo; suscripción, eso sí, con la finalidad de que la Administración obtenga los recursos necesarios para reducir el déficit e inyectar liquidez a nuestra economía, en concreto, a pymes y a particulares que han cumplido con sus obligaciones. En este sentido, una regularización al tipo del 10%, muy por debajo del tipo medio efectivo en el IRPF, que no obligue además a repatriar el dinero no declarado es, sin más, injustificable.
Pero, ¿hay otras alternativas extraordinarias para aumentar los ingresos? Pues sinceramente pienso que sí. Por ejemplo, promover un acuerdo amistoso en los numerosos expedientes que están pendientes de resolución en vía económico-administrativa o en la jurisdicción contencioso-administrativa; acuerdos, seguramente, selectivos y no generales. Y, por qué no, llegar también a acuerdos selectivos en expedientes en fase administrativa de gestión y recaudación.
En definitiva, la amnistía fiscal que se ha aprobado incide negativamente en la confianza de los ciudadanos, deja atónitos a quienes han cumplido con sus obligaciones ante la evidente impunidad de quienes defraudan y pone en evidencia el fracaso en la lucha contra el fraude.
En este sentido, y a pesar de la excepcionalidad del momento, un país en el que se han aprobado ya tres regularizaciones voluntarias, sin contar la del año 1977, y en el que la conflictividad tributaria aumenta, es un país en el que algo falla. Entre otras cosas, una muy importante: la lucha contra el fraude fiscal.
Antonio Durán-Sindreu Buxadé. Presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf). Profesor de la UPF