La banca reclama más ayudas públicas para las subastas pendientes
Gobierno y banca coinciden en la necesidad de cerrar cuanto antes el saneamiento de las entidades intervenidas, aunque difieren profundamente en la fórmula de financiación. La banca se resiste a nuevos rescates a cuenta del FGD y, tras la solución acordada para Unicaja y Caja España Duero, reclama ayudas públicas para las próximas subastas.
La solución dada a Caja España Duero, que recibirá nuevas ayudas públicas en el marco de su fusión con Unicaja, ha marcado un punto de inflexión en el modo en que se abordará el coste de sanear a las entidades financieras con problemas. Hasta el momento, tanto la adjudicación de CAM como la de Unnim se han resuelto con los recursos del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), en línea con la pretensión del Gobierno -tanto el anterior como el actual- de no hacer uso de más dinero público para el rescate de entidades financieras. Sin embargo, la fórmula por la que Unicaja se hace cargo de Caja España Duero, con nuevas ayudas del FROB por 475 millones de euros, más la opción para la entidad andaluza de emitir bonos convertibles por entre 375 y 1.025 millones de euros -lo que ha salvado el largo proyecto de fusión de ambas entidades y evitado la intervención de la castellana-, ha abierto un nuevo escenario, que se suma al malestar que se ha estado larvando entre la banca por tener que sufragar con sus aportaciones al FGD los rescates de CAM y, más recientemente, de Unnim.
Fuentes financieras reconocen que el sector se plantea la petición de ayudas públicas bajo la fórmula de nuevos préstamos del FROB, incluso de cara a la próxima subasta de Banco de Valencia. El sector reivindica que la banca deje de ser quien aporte los fondos necesarios para el saneamiento de las entidades en dificultades, a pesar de que los principales aportantes -las cuotas al FGD son proporcionales al volumen de depósitos- sean también quienes están en condiciones de asumir la adjudicación de las entidades intervenidas por el Banco de España.
En el trasfondo de esta petición subyace el agotamiento de los recursos disponibles en el Fondo de Garantía de Depósitos para abordar nuevos rescates. Habría fondos suficientes para Banco de Valencia, el próximo en la lista para su subasta, pero no para Catalunya Caixa, cuya adjudicación podría acelerarse a antes del verano, ni para Novagalicia, en el supuesto de que su presidente, José María Castellano, no logre la entrada en el capital de inversores privados. Fuentes financieras apuntan que el coste de subastar, y sanear del todo, Catalunya Caixa y Novagalicia oscilaría entre 15.000 y 20.000 millones de euros.
Los actuales recursos del FGD apenas llegan para el rescate de Banco de Valencia
Tras las subastas de CAM y Unnim, el FGD cuenta con fondos disponibles por unos 2.300 millones de euros. Fuentes del Ministerio de Economía insisten en que el recurso al FGD sigue siendo la fórmula con la que abordar la adjudicación de las entidades intervenidas y recuerdan que hay previstas varias vías para elevar su dotación: el endeudamiento del propio FGD en el mercado, el aumento de las aportaciones hasta el nuevo máximo legal del 3 por mil -desde el 2 por mil efectivo en la actualidad- o una derrama adicional por parte de la banca.
Por ejemplo, para Santander el incremento de la dotación al FGD aprobado por el Gobierno el pasado año supone un coste adicional de 170 millones de euros, hasta un total de 240 millones que el banco tiene previsto para este año. Y para BBVA, el otro gran aportante, al fondo, el impacto es de 130 millones, según señalan en ambas entidades.
En el sector financiero temen que, ante la urgencia por obtener nuevos recursos, se requiera al sector una nueva derrama o el adelanto de la aportación prevista para 2013, por un importe estimado de 2.000 millones. De hecho, si bien tanto la banca como el Gobierno coinciden en la necesidad de cerrar cuanto antes el saneamiento de las entidades con problemas, con el fin de recuperar la credibilidad para el conjunto del sector, surge una gran divergencia a la hora de concretar el aspecto fundamental, quién pone el dinero necesario para ello.
Impacto sobre la deuda pública
El Gobierno se encuentra ante el gran reto de sanear el sistema financiero sin disparar el déficit público. El uso de los bonos contingentes convertibles (los denominados cocos) se ha convertido en la fórmula diseñada para inyectar ayudas públicas en las entidades que se fusionen durante la tercera oleada de operaciones pero sin repercutir en el proceso de consolidación de las cuentas públicas, según recoge la reforma financiera.La idea es que el FROB suscriba los bonos contingentes convertibles de las entidades que necesiten ayuda, pero a cambio reciba un tipo de interés anual superior al coste que supone para el Estado captar los recursos en el mercado con los que abastecer al FROB. De esta forma no solo no incidiría en el déficit público sino que además podría reportar beneficios, defienden desde Economía. Una opción que, aunque no repercute en el déficit público, la variable más analizada por la UE, sí impactará en la deuda pública sobre el PIB del Estado, cada vez más elevada, tras finalizar 2011 en el 68,5%, el nivel más alto de la democracia.El uso del Fondo de Garantía de Depósitos para los procesos de fusión y saneamiento del sector financiero es de momento la vía preferida por el Gobierno para evitar que los contribuyentes se hagan cargo de la reestructuración del sistema financiero, si bien tiene como contrapartida que la banca terminaría repercutiendo en las comisiones a sus clientes el impacto de aportar más al FGD.
Fórmula intermedia
Fuentes financieras sugieren una fórmula intermedia entre la ayuda pública y el recurso a los fondos del FGD: que sea el FROB quien aporte dinero al FGD, aunque se trate al fin y al cabo de una nueva subvención pública de los rescates pendientes, como el de Banco de Valencia y Catalunya Caixa.
