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Situación de dumping social

La UE amplía la protección a los trabajadores expatriados

Una nueva directiva evitará que los salarios percibidos estén por debajo del mínimo legal del país de destino

La Comisión Europea propuso ayer nuevas reglas para evitar que el envío de trabajadores al extranjero genere una situación de dumping social al esquivar la legislación del país de destino. El sector que más utiliza esta práctica es la construcción, sobre todo en Francia, Alemania y Bélgica.

Alrededor de un millón de trabajadores en la UE están temporalmente desplazados por sus empresas en un Estado miembro distinto al de donde está su lugar de trabajo habitual. Esta situación se produce sobre todo en sectores como la construcción, transporte, medio ambiente y tecnologías de la información. Polonia, Francia y Alemania son los principales países de destino de esta mano de obra, mientras que los Estados que reciben más trabajadores son también Francia y Alemania, además de Bélgica.

El Ejecutivo comunitario reconoce que "algunas empresas pueden abusar del desplazamiento de trabajadores estableciéndose artificialmente en el extranjero solo para beneficiarse de un menor nivel de protección social o contribuciones a la Seguridad Social", explicó ayer el comisario de Empleo, László Andor.

Los trabajadores desplazados no entran en el mercado laboral del país de destino, sino que se rigen por las reglas del Estado donde está ubicada su empresa. Esta práctica ha provocado polémica en Francia, Alemania o los países nórdicos al recibir a trabajadores del este de Europa. Sus salarios más bajos y peores condiciones laborales hacen que los locales estén en desventaja. En adelante, el trabajador afectado podrá denunciar en el país de acogida a la empresa contratante principal si recibe un sueldo por debajo del mínimo legal del país. La principal novedad es que se introduce el principio de responsabilidad solidaria para las contratas o subcontratas que reciban a trabajadores desplazados. Estas empresas podrán ser consideradas responsables, por ejemplo, del pago de los salarios mínimos a los empleados desplazados. Esta situación ya está prevista en España, Austria, Alemania, Finlandia, Francia, Italia, Holanda y Bélgica.

La nueva norma refuerza la obligación de información a los trabajadores sobre sus derechos y obligaciones, establece reglas de cooperación entre los Estados y aclara las competencias de supervisión. Además, fija nuevos controles para evitar que las empresas usen el desplazamiento de trabajadores para esquivar las reglas laborales. Esta nueva directiva refuerza el cumplimiento de otra ya existente desde 1996.

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