Deberíamos avanzar

Cuando uno lee, por vez primera, el acuerdo alcanzado entre patronal y sindicatos signado el pasado 25 de enero (II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2012, 2013 y 2014), una palabra, una sola palabra, se detiene en la retina: Debiera.

"Debiera de negociarse (...), debiera de entenderse (...), debiera de contemplarse (...), debiera tomarse en consideración(...)".

Bajo mi punto de vista la situación actual no pude contemplar un debiera. Debemos, todos, conscientes de la realidad que hoy por hoy nos asiste, interiorizar, por fin, que el antiguo sistema de relaciones laborales ha quedado obsoleto. De esta declaración de intenciones, de marcado carácter obligacional y no normativo, se desprende, el claro inmovilismo manifestado por las partes en su ámbito de actuación. Es decir, si bien se establecen una serie de recomendaciones, se deja patente, con manifestación expresa, que las partes son libres de seguirlas o no.

Todos tenemos claro que el derecho al trabajo y, más aún, al trabajo digno, es un bien jurídico que hay que proteger y preservar; y es justo, en ese afán de protección, donde debiéramos ser conscientes de que, la misma (es decir, la tan perseguida protección) no debiera de pasar por la vía de la petrificación de las condiciones, sino de la adaptación de las mismas a las situaciones que nos permitan, a todos, preservar los puestos de trabajo y ser capaces de abrir el mercado, reactivando la oferta de empleo.

Las opciones que el mencionado pacto pone a disposición de los negociadores en los ámbitos del posible acuerdo (y, en el suyo, en la empresa, si así fuese), pasan, en todo momento, por las pautas ya expuestas por el Estatuto de los Trabajadores, norma que, conviene recordar (pese a sus reformas parciales), data del año 1995, y por tanto, alejada de nuestra realidad social actual.

De esta huida hacia delante, algunas voces se refugian en la, tan esperada y anunciada, reforma, que, por otro lado, nunca acaba de llegar.

En cambio, otros, nos preguntamos, ¿qué solución podrá aportar una reforma que, por mor de la propia Constitución, no podrá tener, en caso alguno, efectos retroactivos que desconozca derechos anteriores? ¿Sería ésta la solución? ¿Qué posibles medidas de necesaria flexibilidad podrían venir dadas por el Gobierno que adaptaran las necesidades actuales a las obsoletas relaciones laborales de las que veníamos hablando?

Y, esta última reflexión, nos lleva a replantearnos el bien marcado carácter indefinido del contrato de trabajo. Sin duda alguna, es un objetivo que todos nos seguimos marcando, pero, en estos momentos, ¿qué sentido tiene el seguir penalizando la temporalidad con causa de los contratos laborales? Esto, en caso alguno, ayuda a la adaptación de las circunstancias actuales.

Muchos de nosotros esperábamos (e, insisto, seguimos esperando) incluso ya desde un punto de vista estrictamente jurídico, que, entre otras, la desnaturalización del contrato por obra, operada a raíz de la Ley 35/2010, dejara de tener efecto y, con ello, se armonizara la hoy contradictoria redacción del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores. Porque, qué sentido tiene limitar la contratación ajustada a la ley cuando existe causa cierta y real y obra que, por ende, tiene una duración cierta pero indeterminada en el tiempo.

¿Cuántas de nuestras empresas no ofrecen trabajo con una estabilidad más que apreciable? ¿Qué sucederá cuando estas empresas finalicen el servicio o la obra encomendada y hayan sobredimensionado sus plantillas en pro de la legalidad? ¿Qué capacidad tendrá esa empresa para afrontar nuevos retos, mercados o inversiones si la rentabilidad del finalizado negocio pudiera haber sido empleada, en casi su totalidad, en las extinciones de unos contratos de trabajo que nacieron ya con el tildado carácter temporal? Quién sufragará el consabido coste de negociación, mínimo de 45 días, y quién hará posible que esos trabajadores sigan percibiendo sus salarios sin que esta situación precipite las pérdidas en la empresa que puedan llegar a poner en claro riesgo la estabilidad del resto de la plantilla.

En cualquier caso, a día de hoy, seguimos esperando.

Nuria Pino. Directora de relaciones laborales de Avanza