Acreedores de Spanair exigen el embargo de los bienes de los consejeros
La Asociación de Afectados de Operaciones de Spanair (ACOS) instaron ayer a la administración concursal a "afectar al pago de las deudas los bienes de los miembros del consejero de administración de Spanair, por su presunta responsabilidad", al estar la compañía "inmersa en causa de disolución previamente al cese de operaciones".
Según señalaron en un comunicado, esta opción "está siendo considerada por la administración concursal a la espera del informe de PricewaterhouseCoopers" para que determine la concurrencia de la causa de disolución anterior al cese de operaciones".
Además, la asociación está instando a la misma administración a que estudie si existe la posibilidad de reintegrar el aval bancario de 400.000 euros, que se niega a desbloquear el director general de Spanair, "a la masa activa una vez que la misma sea cobrada".
"En breve, la administración concursal pondrá a disposición de ACOS las pólizas de seguro de responsabilidad civil exigidos por la Ley de Navegación Aérea" y los despachos de abogados con los que trabajan "estudiarán las posibilidades del cobro por esta vía de las obligaciones derivadas de la responsabilidad contractual de la compañía para con los titulares de los títulos de transporte", añade el escrito.
Para la asociación que "una empresa con capital de todos haya dejado tirados a más de 4.000 trabajadores y 500.000 clientes" es algo que resulta "indignante".
Así, estima que es necesario que la Generalitat repare estos daños porque, de no hacerlo, exigirán la reparación ante los tribunales, "sin perjuicio de las responsabilidades políticas que procedan". Con la finalidad de ayudar a los afectados, ACOS ha indicado que "ya es posible hacer la comunicación de créditos en el concurso de acreedores" a través de un formulario que se colgará en la web de Spanair.
Indemnización
ACOS ha exigido a la Generalitat que asuma su responsabilidad e indemnice a los perjudicados ya que no existe un seguro obligatorio que cubra los pagos por adelantado. Este hecho "abre la vía de reclamación contra el garante de la legalidad vigente".