El ministro garantiza que no habrá más fondos públicos para el sector

Reforma Guindos: una banca solvente antes de fin de año

El Gobierno aprobará mañana la reforma del sistema financiero, que exigirá a las entidades aumentos de provisiones y capital por valor de 50.000 millones de euros. El saneamiento tendrá que estar concluido a finales de año, salvo para las entidades que se embarquen en un proceso de fusión, que disfrutarán de dos años y ayuda del FROB. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha augurado un descenso del precio de la vivienda al facilitarse la salida al mercado de los activos inmobiliarios de los bancos.

Luis de Guindos, ministro de Economía
Luis de Guindos, ministro de Economía

"Pediremos en un año casi el mismo esfuerzo de dotación de fondos que en los tres anteriores". Con estas palabras ha resumido Guindos la ambición de una reforma financiera que tiene una cifra mágica: 50.000 millones de euros.

Esa es la cuantificación del saneamiento adicional de los activos inmobiliarios de la banca española, que se repartirá entre nuevas provisiones y recapitalización, y que deberá estar culminado antes de que termine el año. Y se hará, según ha enfatizado el ministro de Economía, "sin ninguna participación de fondos públicos".

El objetivo del Gobierno es acabar con las dudas sobre la valoración de los activos inmobiliarios, que suman cerca de 320.000 millones de euros y que "afectan al acceso a los mercados mayoristas y también a la prestación de crédito".

Así las cosas, las entidades deberán dotarse de una provisión específica de 25.000 millones sobre los activos inmobiliarios problemáticos.

Además, habrá otra provisión genérica del 7% del valor de los activos considerados como no problemáticos (unos 150.000 millones), para cubrir las pérdidas de los problemáticos por valor de otros 10.000 millones.

Para llegar a la cifra global de 50.000 millones, a las provisiones adicionales habrá que sumar un colchón de capital de 15.000 millones de euros, que se podrán derivar de beneficios no distribuidos, aumentos de capital o conversiones de híbridos.

Normas específicas para las fusiones

Frente a estas exigencias generales, la reforma financiera moderará los requisitos para las entidades que abran procesos de fusión. Estas dispondrán de dos años, en lugar de uno, para completar los incrementos de capital y provisiones. También podrán sanear el deterioro de sus activos, y disfrutar de una ayuda del FROB aunque, según Guindos, no habrá más fondos públicos en la reforma.

El decreto de creación del FROB se modificará para que este pueda comprar bonos convertibles contingentes (los conocidos como cocos, títulos de renta fija que pueden transformarse en capital en caso de pérdidas, y que se contabilizan como capital de máxima calidad según Basilea III). Para ello, el capital del FROB se elevará desde 9.000 hasta 15.000 millones de euros. Dado que la capacidad de endeudamiento se mantiene en los 90.000 millones, se eleva el ratio de capital del fondo, por lo que se refuerza su estabilidad.

Pero para acceder a esas ventajas específicas el Gobierno exigirá condiciones a los proyectos de integración: las entidades que lo aborden deberán elevar su balance en al menos un 20% (o 10%, en "circunstancias especiales) y comprometerse a mantener o elevar el crédito. Los acuerdos se realizarán mediante actuaciones societarias, y no mediante los SIP que se utilizaron en la reforma de las cajas de ahorros.

Las entidades que pretendan fusionarse deberán presentar su proyecto antes del 31 de mayo; previo informe del Banco de España y de la CNMV, el Ministerio de Economía se pronunciará sobre los mismos en el plazo de un mes.

Efecto derivado: caída del precio de la vivienda

Guindos ha explicado que el objetivo de la reforma es conseguir un saneamiento rápido y profundo del sistema financiero español, y generar, mediante integraciones, entidades viables. Dado que el problema de credibilidad se centra en la valoración de los activos inmobiliarios (según estima el Banco de España, por valor de 320.000 millones), lo que "facilitará su salida al mercado" y, en último término, "llevará a los ciudadanos a beneficiarse de un descenso de la vivienda".