COLUMNA

Reforma laboral base cero

Hace años, en tiempos ya de preocupación por el rigor presupuestario, hizo fortuna la idea de presupuesto base cero. Esto es, de elaborar el presupuesto no sobre la base de las partidas del año precedente, operando sobre las mismas las debidas actualizaciones, sino, simplificando, llevando a cero todas las partidas y debiendo justificar, para cada una de ellas, tanto la procedencia de su mantenimiento como la cuantía de la correspondiente asignación presupuestaria. Solo así podían romperse las inercias de gasto del pasado e introducir verdadera racionalidad en el uso de los recursos públicos. Ni que decir tiene que los gestores públicos se resisten fieramente a estos planteamientos, porque siempre les resulta preferible partir de lo ya precedentemente conseguido y luchar por su incremento o, al menos, en momentos de austeridad, por el menor decremento posible.

Creo que para la reforma laboral, si finalmente se acomete, deberíamos adoptar esta idea y hacer una reforma base cero. Esto es, se trataría no de proponer modificaciones de la normativa actual sino de tener el valor de hacer tabla rasa de los planteamientos precedentes y repensar todas y cada una de las instituciones laborales. Los impulsos de conservación son muy fuertes.

Ya la primera normativa democrática, el Estatuto de los Trabajadores de 1980, y también la propia Constitución fueron víctimas de ellos. Con el argumento, tramposo, de que la democracia no debía suprimir las conquistas sociales del franquismo, se mantuvo una legislación laboral paternalista y una negociación colectiva corporativa que han sido fuente de ineficiencias y de desviaciones perversas de nuestras relaciones laborales (con, entre otras cosas, pensiones de oro, exenciones de fiscalidad para indemnizaciones millonarias, etcétera).

No debemos volver a las ocurrencias. Ni a los debates absurdos de si 12, 20, 33 o 45 de indemnización por despido, o de si la contratación incentivada de jóvenes debe ser hasta los 25, o hasta los 30, y con una retribución inferior en uno u otro porcentaje a la convencional o legal. En esta línea de las ocurrencias hemos llegado a ver la propuesta reciente de controlar a los parados y hacer un seguimiento de los mismos, contratando, para ello, a otros parados. Genial.

Lo ideal sería que cada parado firmase un contrato para controlarse a sí mismo y así acabaríamos con el paro. O que cada parado contratado controlase a otro, y así el paro se reduciría a la mitad. Seamos serios. Lo que debemos hacer es plantearnos, sin condicionamientos previos, si las decisiones empresariales relativas al empleo, y fundadas en motivos económicos en sentido amplio, deben ser libres o dejadas a la libre relación de las partes en conflicto, o si deben estar sometidas a algún tipo de control, bien administrativo bien judicial.

Y, por otra parte, si tales decisiones deben comportar un costo económico para las empresas o si, por el contrario, la tutela económica de los trabajadores afectados debe corresponder al sistema público de protección social. En este caso habría que plantear el alcance de dicha tutela, su financiación y sus contrapartidas (en términos formativos o de aportaciones a la comunidad).

Lo mismo cabría plantear en relación con la contratación y con todo lo relacionado con la utilización del trabajo en la empresa, abandonando viejas cantinelas de condiciones más beneficiosas o derechos adquiridos y sentando bases razonables parta la gestión de las relaciones laborales.

Los mecanismos de protección social también deben ser repensados, desde la protección del desempleo a las pensiones, venciendo las demagogias que han impedido hasta ahora, por ejemplo, plantear abiertamente la conversión de la pensión de viudedad en una asistencial, solo justificada (si es preciso con un mayor nivel de protección) ante situaciones de necesidad. Y, por supuesto, en relación con la negociación colectiva la tabla rasa es más necesaria aún si cabe.

Si seguimos así, dentro de unos años tendría que haber una intervención excepcional del legislador para derogar todos los convenios colectivos y permitir empezar da capo, porque si no nos veremos prendidos en una maraña reguladora, formada por acumulación sucesiva de beneficios y de rigideces cada vez mayores, en la que mantener el empleo será misión casi imposible y crearlo poco menos que un milagro.

Federico Durán López. Catedrático de Derecho del Trabajo. Socio de Garrigues