Y en estas llegó Rajoy
Las medidas que ha ido desgranando hasta ahora el Partido Popular han provocado un cierto choque en la opinión, que lo aumenta lo anunciado el jueves por la vicepresidenta Santamaría. Parece el retorno a una política económica que no se veía desde aquellos tiempos, ya tan lejanos, de Fuentes Quintana y Fernández Ordóñez que, desde las filas de la extinta UCD, daban un toque socialdemócrata a los ajustes, también inevitables, de aquellos dramáticos años de finales de los setenta.
Porque, la verdad, por más que las cuentas no nos salieran, y a mí no me salían, ¿quién iba a pensar en una radicalidad fiscal como la anunciada hace una semana? Por no hablar de la decisión del pasado jueves por la que se va a luchar contra la economía sumergida con un instrumento obvio, como es el de prohibir los pagos en metálico por encima de cierto importe, siguiendo la estela de los Gobiernos conservadores de Francia e Italia, que los han limitado a los 1.000 y 3.000 euros, respectivamente. ¿Tan difícil era imaginar una medida como esta en un país que llegó a concentrar más del 40% de los billetes de 500 euros en circulación de toda el área del euro? En fin, bien está lo que bien acaba.
En especial en un país, como el nuestro, en el que los ingresos públicos han estado siempre a la cola de los que obtienen nuestros socios de la Unión Europea y, desde 1999, de los del área del euro. Los ingresos obtenidos por nuestras Administraciones públicas en media de los años 1996-2007 no alcanzaron el 39% del PIB, cuando en la eurozona superaban el 45%. Y ello merced a las generosas rebajas del IRPF instrumentadas primero por el señor Aznar en 1996, posteriormente por el ministro Rato en 2003 y, finalmente, por el señor Solbes en 2007. Aunque nuestro gasto público también se sitúa a la cola europea, con una media en esos mismos años del 39% del PIB (frente al casi 48% de la eurozona). Con la crisis, el desplome de los ingresos (hasta el 36% del PIB en 2011) y el aumento del gasto (al 44%) explican la emergencia del déficit que ahora intentamos contener. Estas cifras indican que, si nuestro sector público ingresara la media de los países de la eurozona, sus ingresos ascenderían anualmente a una cifra adicional media que superaría los 60.000 millones de euros. En suma, unas Administraciones que no se destacan por su generosidad en el gasto ni, en especial, por su atrevimiento en el ingreso.
Viene esta reflexión a cuenta de lo decidido por Rajoy. El aumento del IRPF, que en Cataluña se va a situar en un tipo marginal del 56% solo alcanzado por Suecia, y, en especial, la parcial marcha atrás de la rebaja de Aznar de 1996 en el gravamen de las rentas del capital, junto al aumento del IBI, van en la línea adecuada. Que no es otra que avanzar en el peso de los ingresos y, dentro de ellos, en los tributados por aquellos que más obtienen. Desde este punto de vista, se encuentra a faltar, en la línea que ya ha iniciado el gobierno, un impuesto sobre grandes fortunas, a lo Sarkozy, y, con seguridad, una reconsideración de la tributación de las Sicav. Pero no por ello lo avanzado es menos sustancial. En especial, porque va a situar el debate sobre el nivel del Estado del bienestar que deseamos en España tanto en el volumen de gasto como, en especial, en el del ingreso. Cuando la tempestad escampe, y puedan reconsiderarse con calma estas medidas, habrá que explicar qué servicios básicos dejan de prestarse para poder reducir la tributación a los niveles de 2011. Será un debate mucho más interesante que las engañosas afirmaciones sobre la imposibilidad de continuar manteniendo el actual Estado del bienestar.
El resto de medidas, o propuestas, también parecen bien encaminadas. La reducción de los casi 9.000 millones de gasto, inevitable, al igual la nueva fase de recapitalización y consolidación financiera. También las propuestas de reforma laboral son imprescindibles, y mejor si se obtienen con pacto, de la misma forma que la necesaria coordinación de los presupuestos de las comunidades autónomas con los de la Administración central.
Como les decía, este Gobierno comienza a acumular una pátina de UCD que no le viene nada mal al país, tras los problemas de los últimos años. No obstante, tampoco hay que precipitarse. Tras las elecciones andaluzas, mucho me temo que vendrá la segunda parte del ajuste, con reducción de salarios en la función pública y aumento del IVA. Habrá que esperar a los 100 días de gracia para evaluar el empuje inicial de este nuevo Gobierno. Pero la música suena bien.
Josep Oliver Alonso. Catedrático de Economía Aplicada (UAB)