El presidente del Gobierno no es Santa Claus
Mariano Rajoy se enfrenta a la muy difícil tarea de liderar la salida del túnel económico en un escenario marcado por la continuada crisis de la deuda soberana de la eurozona y el anémico crecimiento de la mayoría de economías desarrolladas. Afortunadamente, la economía internacional cuenta con múltiples polos de crecimiento. Los países emergentes y en vías de desarrollo ya generan el 45% del PIB mundial. Se está produciendo una disminución en las impresionantes tasas de crecimiento de China e India. Pero la mayoría de los emergentes siguen creciendo a fuerte ritmo América Latina, al 5% y una gripe en las economías avanzadas no debe necesariamente provocar una neumonía de la economía internacional. No obstante, la combinación de una recesión o crecimiento débil en la mayoría de países desarrollados y el lento desapalancamiento del lastrado sector financiero marcarán el primer año de la legislatura que iniciamos.
En este contexto, Mariano Rajoy hereda la peor gestión realizada desde 1977 y una crisis económica de una profundidad equiparable a la que se encontró y superó el primer Gobierno socialista de Felipe González en 1982. Rajoy continuará el proceso de fusión de entidades financieras españolas para que nuestro sistema cuente con menos pero más potentes entidades que alcancen el próximo junio el necesario 9% de activos destinados a reservas. El Gobierno profundizará asimismo en la reforma laboral, simplificando el número de modalidades de contratación y poniendo fin a su dualidad mediante una mayor protección de los temporales y menor rigidez y coste de los indefinidos. El tercer gran eje inicial de las reformas será la Administración pública. Rajoy pretende eliminar innecesarias trabas que ahogan a los emprendedores y desincentivan la inversión extranjera. No se trata de quitar competencias a nadie. En la UE contamos con directivas que especifican los estándares de fabricación y venta del conjunto de bienes y servicios que consumen sus 500 millones de habitantes. Parece razonable homogeneizar desde la lealtad y el respeto entre Administraciones que los criterios para ser un hotel de lujo sean los mismos en Andalucía y Cataluña.
A pesar de la prudencia que impone la necesidad de comprobar si España efectivamente alcanza el objetivo de déficit del 6%, Rajoy anunció en el debate de su investidura una batería de medidas concretas: actualización de las pensiones, deducción fiscal de 3.000 euros por primer trabajador contratado, ayudas adicionales para contratación de jóvenes sin empleo, deducciones fiscales por compra de la primera vivienda y por obras de renovación de la habitual, supresión de los puentes y acueductos mediante el traslado de la mayoría de los festivos a lunes, prolongación del bachillerato en un año, no renovación de plazas en la función pública y lucha contra el cobro de la prestación por desempleo como método de prejubilación. Rajoy aspira también a rebajar el impuesto de sociedades, renovar el Tribunal Constitucional y otros órganos judiciales, alcanzar un pacto por la sanidad que determine una cesta de servicios básicos y homogeneizar (desde el consenso, no la imposición) las prestaciones en educación, sanidad y servicios sociales que gestionan las comunidades autónomas. Nos hallamos pues ante un imprescindible programa de regeneración, liberalización, modernización y transformación del modelo productivo y administrativo de nuestro país para adaptarlo a las exigencias de una economía globalizada.
Rajoy apuesta por mantenernos en la primera división europea asumiendo el objetivo de reducir el déficit del conjunto de las Administraciones al 4,4% del PIB a finales de 2012. Ello conlleva la necesidad de generar ahorros por valor de 16.500 millones de euros durante 2012. Quizás serán necesarias medidas de austeridad adicionales, como una congelación de salarios de los funcionarios o incrementos de impuestos a las grandes fortunas improductivas. La magnitud del ajuste dependerá en parte de la evolución de la situación en la eurozona.
Ojalá el presidente Sarkozy y Herman Van Rompuy, presidente del Consejo, logren convencer a la canciller Merkel sobre la preferencia de modificar un protocolo, el 12, del existente Tratado de Lisboa que únicamente deberían aprobar los jefes de Gobierno para dar cabida a los elementos de gobernanza económica pactados en el Consejo del pasado 9 de diciembre. Los mercados financieros, nos guste o no, no tienen interés ni tiempo para entender y confiar en un laborioso y arriesgado proceso de renegociación del Tratado de Lisboa. Los líderes europeos deben hablar con una sola voz. Si de aquí a marzo la UE consigue ratificar una modificación del protocolo 12 y el Gobierno de Rajoy aplica las medidas anunciadas esta semana, podríamos atisbar una verdadera recuperación en la segunda mitad de 2012.
Durante el debate de investidura no cesaron las peticiones y exigencias a Rajoy, en muchos casos de partidos que han sido abiertamente hostiles con el PP. Por ahora, y parafraseando a John Kennedy, dichos partidos y los españoles en general haremos bien en preguntarnos cómo podemos trabajar juntos y apoyar al nuevo presidente del Gobierno en lugar de pedirle qué puede hacer por nosotros.
Alexandre Muns. Profesor, Escola Superior de Comerç Internacional, Universitat Pompeu Fabra