Conflicto de intereses

Guerra comercial por las bombas de racimo

EE UU se enfrenta a Europa para defender a sus fabricantes.

Algunos activistas y Gobiernos han usado la convención contra las bombas de racimo como una herramienta para intimidar y presionar a los suministradores, a los inversores y a las aseguradoras de las empresas del sector de la defensa de Estados Unidos, socavando la seguridad nacional al poner en peligro nuestra base industrial y los compromisos contractuales que tenemos con nuestros aliados".

La cita tiene miga. Es uno de los párrafos de una carta escrita, a principios de mes, por los senadores estadounidenses Jon Kyl y Richard Lugard (republicanos y con predicamento en materia de asuntos exteriores) a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, con motivo del encuentro clave que, desde hace una semana, se está llevando a cabo en Ginebra (Suiza).

Se trata de la cuarta conferencia para el examen de la Convención sobre Armas Convencionales. Una reunión que finaliza el próximo viernes y que tiene como tema estrella de sus discusiones las bombas de racimo. Para unos está en juego lo logrado en 2008 con la Convención de Dublín, a la se han sumado 111 países para poner fin a este tipo de municiones, devastadoras para la población civil. Para otros, lo que está en peligro son determinados intereses políticos y militares, amén de buena parte del negocio de empresas de peso.

Discriminación frente a Europa

"La Convención de Dublín discrimina a los fabricantes de Estados Unidos" frente a determinadas empresas europeas de países que han firmado el acuerdo, insisten los dos senadores republicanos en su misiva a Hillary Clinton, hecha pública por la revista Foreign Policy.

La carta de Kyl y Lugard insta a la Administración Obama a sacar adelante una enmienda a la Convención sobre Armas Convencionales que, en la práctica, supone un paso atrás en la política de erradicación de las bombas de racimo.

El texto propuesto aboga por la eliminación total de las bombas de este tipo fabricadas antes de 1980 (que ya están al límite de su vida útil), excluye de cualquier prohibición a las que no tienen un porcentaje de fallos mayor de un 1% a la hora de explotar, no contempla la destrucción obligatoria de stocks y ofrece un margen de 12 años a los países para que apliquen las medidas.

Los criterios propuestos avalarían, por ejemplo, las MAT-120 que fabricaba la zaragozana Instalaza, hasta que el Gobierno prohibió su producción y venta, en el marco del acuerdo de Dublín. Estas bombas made in Spain fueron usadas este año por las tropas del dictador libio Muamar Gadafi en el asedio de Misrata.

EE UU no está solo en la defensa de la enmienda que se discute en Ginebra. Cuenta con el apoyo de países como Brasil, China, India o Rusia. Otros Gobiernos que pueden apoyar un texto similar son los de Israel, Pakistán o Corea del Sur.

Detrás están los intereses de compañías como Lockheed Martin, Textron, L-3 Communications y Alliant Techsystems (ATK), de Estados Unidos; Poongsan y Hanwha, de Corea, o ST Engineering, de Singapur.

En contra de esta propuesta se han manifestado de forma expresa los Gobiernos de Austria, Noruega, México y España, entre otros. El Parlamento Europeo también aprobó el jueves una iniciativa que insta a los países firmantes de la Convención de Dublín a oponerse al texto que apoya Estados Unidos.

Steve Goose, uno de los responsables de Humans Rights Watch, recuerda que 20 de los 28 países de la OTAN han suscrito la Convención de Dublín y que esta incluye una regulación más dura con la fabricación y venta de las bombas de racimo que la que se pretende aprobar en Ginebra. "Es hora de que EE UU abandone el disparate de su propuesta y se una a la Convención de Dublín", subraya en un artículo.

Hoy se retoman las negociaciones. Como punto de partida, una nueva enmienda presentada a última hora del viernes que no introduce cambios sustanciales sobre la original. Los dos bloques mantienen su pulso.

Balance. La convención contra las Bombas de racimo, un año en vigor

En agosto de 2010 entró en vigor la convención contra las bombas de racimo, firmada por 111 países.

Once de los países firmantes, entre ellos España, ya han destruido sus reservas de este tipo de explosivos.

En conjunto, han destruido 600.000 bombas de racimo, con más de 64,5 millones de submuniciones.

Las ONG cifran en al menos 16.921 las víctimas de este tipo de bombas. Un 25% de ellas son niños.