Elecciones 20-N

Los partidos prometen más ayudas a la I+D contra la crisis

Las empresas han recortado drásticamente los presupuestos en cuanto han caído sus ingresos

En 2004, España gastaba en I+D poco más del 1% del PIB (8.945 millones). Dos legislaturas después, el gasto se ha elevado al 1,38% del PIB (14.581 millones), lo que representa un alza del 63%. Un incremento muy importante en términos económicos, aunque claramente insuficiente para situarse en el nivel de los países más desarrollados y de las naciones de nuestro entorno económico.

El objetivo fijado en la Agenda de Lisboa para que ese indicador llegara al 3% del PIB suena a ciencia ficción, más aún en un contexto en el que los presupuestos de las empresas se han reducido de forma dramática y en el que los fondos públicos van a sufrir una merma prolongada en el tiempo para tratar de rebajar los excesos de deuda y déficit acumulados durante los 15 años de bonanza de la economía española.

La evolución del gasto en I+D en España, sin embargo, ha vivido tres fases bien diferenciadas. En la primera, coincidente con la primera legislatura, este indicador crecía a tasas de dos dígitos y la participación de las empresas en el origen de los fondos prácticamente la mitad del total. En la segunda, con la irrupción de la crisis financiera, los fondos procedentes del sector privado empezaron a caer y fueron compensados por la mayor aportación de las Administraciones. Y la tercera, que se inició con la crisis de la deuda soberana en la UE, es la que ha roto cualquier esperanza de cambio de modelo productivo (si es que había alguna). En 2009, el gasto en I+D retrocedió un 0,8% (la primera vez en la serie histórica) y en 2010 el recorte se ha elevado al 1,7%, según las primeras estimaciones del INE, lo que ha devuelto el gasto a los niveles de 2007.

En este contexto tan poco halagüeño, ¿qué propuestas plantean las formaciones políticas de cara al 20-N para estimular el sistema de ciencia y tecnología? Todos los partidos, independientemente de su sesgo ideológico, apuestan por impulsar los incentivos fiscales a las empresas como la vía más rápida para tratar de que los proyectos más innovadores reciban financiación. El portavoz del PP en la Comisión de Ciencia e Innovación en el Congreso, Gabriel Elorriaga, recalca que los principales niveles de excelencia en materia de innovación se han producido en el sector "semipúblico", en el que coexisten fondos de carácter público y privado. "Por ello es imprescindible apoyar que las empresas inviertan en el sector de la innovación", remarca. Las consultoras también creen que queda recorrido en el apoyo fiscal a las empresas y de hecho recalcan que existen mecanismos que no han sido utilizados en toda su intensidad.

Es el caso de la patent box, que consiste en la cesión de unos activos intangibles de una empresa a otra que los utiliza para la realización de una actividad económica. De los ingresos que obtenga la segunda, la primera se puede deducir hasta un 50%. María Corominas, directora general adjunta de F Iniciativas, consultora especializada en este tipo de incentivos, apunta que la patent box, pese a estar en vigor desde el año fiscal 2008, ha tenido un escaso desarrollo por parte de la compañías. "Lo que hemos creado en nuestra consultora es un informe pericial para que las empresas puedan aplicárselo con mayor comodidad. Es un certificado necesario para que todos los requisitos previos queden bien armados", recalca Corominas, quien señala que esta deducción se creó inicialmente para elevar el número de patentes y para reducir la dependencia tecnológica en el exterior.

A esa deducción le pueden acompañar otra clase de incentivos, como las ayudas para la contratación de personal cualificado o para la internacionalización de las compañías. Todos serán bien recibidos en un contexto en el que las Administraciones públicas recortarán sus aportaciones de forma brutal y en el que las empresas también lo harán, a menos que cuenten con ayudas públicas.

Esa parálisis también puede afectar a la correcta aplicación de la nueva Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, en la que se han introducido mejoras sustanciales en la contratación del personal investigador y en su movilidad entre el sector público y el privado. Sin embargo persisten las dudas sobre la capacidad de financiación de los organismos públicos, toda vez que parece que pueden sufrir un profundo recorte de gasto en aras de la consolidación fiscal. Todo apunta a que, independientemente de quién gane las elecciones del 20-N, el Ministerio de Ciencia e Innovación, una apuesta personal de José Luis Rodríguez Zapatero para abanderar el cambio de modelo productivo, desaparecerá. Aunque nadie lo ha hecho público, sí se han hecho algunas propuestas sotto voce en las que se plantean su degradación a rango de secretaría de Estado, tal y como sucedió con los Ministerios de Vivienda e Igualdad.

Otro punto que queda por resolver es el de la financiación del sector privado y público. En la actualidad, todas esas ayudas empresariales están concentradas en el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación. De él, por ejemplo, dependen en gran medida las medidas comprometidas en la Estrategia Nacional de Innovación hasta 2015: incrementar el gasto privado en 1.500 millones de euros al año, propiciar la creación de medio millón de empresas de media y alta tecnología y duplicar el número de compañías innovadoras. En el caso del sector público, esas ayudas no están concentradas en ningún organismo.

La división establecida en la nueva Ley de la Ciencia fija que todos los fondos para investigación aplicada los gestionará el CDTI y que los dirigidos a investigación básica serán administrados por una nueva Agencia Estatal de Investigación. Ese organismo se integraría dentro de la Dirección General de Investigación y Gestión del Plan Nacional de I+D+i del ministerio. Solo falta saber si ese ministerio se mantendrá.