Las cajas de ahorros, algo más que bancos

No es ninguna exageración calificar de histórico el proceso de reestructuración de las cajas de ahorros que ha tenido lugar tras la aprobación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en julio de 2009 y la reforma de ley de cajas que tuvo lugar un año más tarde. En apenas dos años, el número de cajas de ahorros se ha reducido a la tercera parte y se ha más que triplicado su tamaño medio. Además, con el cambio de modelo jurídico que se ha producido, la mayoría de las cajas han traspasado su actividad financiera a un banco y tres de ellas (CaixaBank, Bankia y Banca Cívica) ya cotizan en los mercados. El último episodio del proceso de reestructuración tuvo lugar el pasado 30 de septiembre, en el que con la entrada del FROB en tres grupos de cajas (Novacaixagalicia, Unnim y Catalunya Caixa) y la concesión de una prórroga de 25 días a Liberbank y Banco Mare Nostrum para formalizar la entrada de capital privado, todas las entidades de depósitos españolas cumplen con la nueva ratio de capital que exige el Banco de España.

Una reestructuración de tal calibre solo se explica por el enorme impacto que la crisis que aún estamos sufriendo ha tenido sobre las cajas de ahorros. La solidez de que estas gozaban durante la anterior etapa de expansión económica se debilitó como consecuencia de los desequilibrios que fueron acumulando en esos años de bonanza y de las restricciones a las que les sometía el anterior modelo jurídico. En el primer caso, la fuerte expansión crediticia desarrollada en la etapa del boom inmobiliario se tradujo en una elevada concentración del riesgo en el sector inmobiliario y un crecimiento insostenible de su capacidad instalada. A la altura de 2008, que es cuando la crisis adquiere su mayor virulencia en el caso español, las cajas habían concentrado en el sector de la construcción y la promoción inmobiliaria el 27,4% de su crédito al sector privado. Además, en el periodo 2000-08, su red de oficinas había crecido un 30%, habiendo aumentado incluso más (32,5%) su volumen de empleo. Ante semejantes desafíos, a los que se incorporó posteriormente unas mayores exigencias de capital a nivel internacional, el corsé al que le sometía su imposibilidad de captar capital en el mercado les iba a pasar factura.

Sin embargo, parte de los problemas descritos anteriormente no son exclusivos de las cajas de ahorros. También la banca pecó de los mismos excesos en el sector inmobiliario. De hecho, frente al mencionado 27,4% de concentración del crédito en el sector inmobiliario, en los bancos la concentración solo fue un poco más reducida (24,4%). Sin embargo, los bancos no expandieron su red de sucursales ni el tamaño de sus plantillas, siendo este el motivo que justifica que el exceso de capacidad instalada sea patrimonio de las cajas de ahorros.

En este contexto, las autoridades españolas tuvieron que aprobar una serie de medidas de gran calado. Además de la citada reforma de la ley de cajas y la aprobación de un fondo (el FROB) para facilitar el proceso de reestructuración mediante la integración de entidades, fue España quien propuso la realización de los primeros stress test en la banca europea en julio de 2010 para despejar las dudas existentes sobre la salud de nuestro sector bancario. A finales de 2010 se amplió aún más la transparencia informativa, aportando al mercado información sobre la exposición de las entidades al sector de la construcción y la promoción inmobiliaria. Desgraciadamente, y a pesar de la artillería pesada utilizada, las medidas no fueron suficientes para restaurar la confianza en el sector bancario español, siendo necesario aprobar en febrero de 2011 el Real Decreto Ley 2/2011 que exige un nivel de solvencia este mismo año superior al que exigirá Basilea III en 2019.

La magnitud de la crisis y de las medidas adoptadas ha cambiado por completo el mapa de las cajas de ahorros españolas. Las medidas han empezado a surtir efecto, como demuestra que ya se ha producido una corrección en el exceso de capacidad (en torno al 17% en las entidades fusionadas, tanto en términos de red como de empleo) y que haya mejorado la gobernanza con renovaciones en los equipos de dirección. Ha sido necesario realizar un esfuerzo considerable en términos de saneamiento, utilizándose para ello tanto las provisiones acumuladas en el pasado como provisiones específicas con cargo a resultados y reservas afloradas en los procesos de fusión. En términos de ayudas públicas, la cuantía es reducida en comparación con otros países, como muestra el reciente Informe de estabilidad financiera del FMI que cifra en un 2,1% del PIB la cuantía de las ayudas en España frente a valores del 38% en Irlanda, el 12,4% en Alemania y el 5,7% en Reino Unido, por poner algunos ejemplos. En concreto, si sumamos los 7.551 millones de euros de capital público inyectado con cargo al FROB2 y los 10.066 millones de euros desembolsados mediante la adquisición de participaciones preferentes con cargo al FROB1, la factura pública de la crisis es reducida y está por ver qué parte de los 17.600 millones de euros no se recuperará. Además, hay que tener en cuenta que el coste de la capitalización hubiera sido menor si no se hubiera penalizado a las cajas exigiéndole un nivel de capital del 10% (en lugar del 8% exigido a los bancos), si bien la penalización está justificada para incentivar la entrada de inversores privados en su capital.

El hecho diferencial más importante que explica la distinta capacidad de respuesta de bancos y cajas para afrontar la crisis es la imposibilidad que tenían las cajas para captar capital de los inversores privados, lo que ha retrasado la salida a la crisis y dificultado y alargado el proceso de reestructuración. Con el cambio de la ley de cajas de ahorros y el consiguiente proceso de bancarización se corrige esa barrera y se somete a las entidades a la disciplina del mercado. Sin embargo, la deseada y conveniente despolitización del sector solo se ha producido tímidamente, ya que la reducción del 50% al 40% del peso de las Administraciones públicas en los órganos de gobierno de las cajas que incorpora la nueva ley es insuficiente para mejorar la imagen y profesionalidad del sector. En cualquier caso, la entrada de inversores privados en su capital y la disciplina que impone el mercado les obligará a renovar sus órganos de gobierno.

Desgraciadamente, la imagen de las cajas de ahorros no está en su mejor momento y ello se debe a que los problemas de una parte del sector acaban contaminando al resto. Es cierto que con escándalos como los que han salido a la luz en los últimos días y con declaraciones poco afortunadas del propio gobernador del Banco de España afirmando que CAM es "lo peor de lo peor", es complicado recuperar la imagen del sector. Pero conviene no confundir el todo con la parte y no olvidar que tanto dentro del colectivo de cajas como de bancos hay enormes diferencias entre entidades, por lo que sería un error generalizar las malas prácticas y falta de diligencia en la gestión de unas pocas entidades al conjunto del sector.

Como nos recuerda el propio Banco de España, el proceso de recapitalización que se ha completado estos días no puede ni debe considerarse como definitivo dadas las incertidumbres existentes en el contexto de la crisis de la deuda soberana y las dudas que despierta la valoración de los activos inmobiliarios. En el primer caso, una nueva oleada de recapitalización en la banca europea colocaría en una situación de desventaja al sector bancario español, lo que exigiría mayores dotaciones de capital. En el segundo caso, y ante la valoración que ha hecho el FROB del patrimonio neto de las tres entidades nacionalizadas, con descuentos en torno al 90%, se extiende la duda de si la recapitalización hasta ahora realizada es suficiente. Solo el tiempo y la evolución del cuadro macroeconómico de la economía española y del precio de los activos nos dirá si el capital inyectado es suficiente. Si la crisis griega no se resuelve con éxito, solo el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera podría financiar el necesario capital, pero no solo en España, sino también en otros países europeos.

De cara al futuro, las cajas de ahorros deben volver a sus orígenes, que están en su vinculación con sus territorios de origen, en aprovechar las ventajas que les proporciona su cercanía al cliente (lo que se conoce como banca relacional), y en recuperar el valor que les da su hecho diferencial que es la función social que cumplen destinando parte de sus beneficios a la obra benéfico social. Pero antes tienen que recuperar la buena imagen de que disfrutaban en el pasado, aumentando aún más la transparencia informativa, mejorando la profesionalidad de la gestión y reduciendo su politización. Y por supuesto, no olvidar que para ser competitivas deben mejorar su eficiencia, lo que exige acelerar y cumplir con los planes de reestructuración presentados al Banco de España con el objetivo de reducir costes. Si superan estos retos, la actual crisis será un paréntesis a olvidar en su dilatada y exitosa trayectoria histórica en la que en los últimos 50 años (para ser exacto, desde 1962, año al que se remontan las series que ofrecía el Banco de España) han ganado 21 puntos porcentuales de cuota de mercado a los bancos.

Joaquín Maudos. Catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia e investigador del IVIE