¿Quién responde de la gestión de las cajas?

Un reto, colosal, máxime en tiempos de tribulación económica, financiera, pero también jurídica. Se legisla como se legisla, a golpe de decreto, de improvisación, con una deficientísima técnica legislativa. Falta rigor, escrupulosidad y leyes simplemente bien hechas. Todo lo que hemos vivido desde hace dos años en el ámbito de la reestructuración financiera de las entidades de crédito es un buen ejemplo. El Gobierno ha cambiado criterios, formas jurídicas y sobre todo las reglas de actuación o juego. Cambiado el marco, todo lo demás puede anclarse en todo menos en seguridad jurídica, criterio y eficiencia. Ahora se dice que el Estado se convierte en el banco malo, y no es para menos.

Reducidas a la tercera parte las cajas de ahorros, y transitando hacia un modelo bancario, la exigencia elevadísima de core capital más toda la retahíla subterránea de condiciones y exigencias, la recapitalización forzosa concluía el pasado viernes. El 30 de septiembre estaba marcado a sangre y fuego en el calendario financiero. El Banco de España se ha convertido en el indiscutible protagonista, para lo bueno, pero también para algunas cosas que no se han hecho bien, han llegado tarde y han quebrado la sana supervisión, cuando menos tempestivamente.

El futuro sigue siendo incierto en el sector financiero. A pesar del FROB, de la tarea reconstructiva, al menos financieramente, desde la base, de los miles de empleados que han sido despedidos o prejubilados -y en esto se han ido miles de millones del fondo de reestructuración- y de los cientos y cientos de sucursales cerradas, en el ambiente se sigue palpando algo que se llama miedo, incertidumbre, riesgo y temor a que empeore la situación. El punto de partida nada tiene que ver con el de arrumbe. Es más, tal vez ni siquiera en estos momentos sabemos si se ha llegado a puerto definitivamente. El Banco de España controla más del 90% del capital de algunas cajas fusionadas primero y hoy reconvertidas forzosamente en bancos. Tres cajas han sido intervenidas y otras tres, resultado de la fusión de otras antes, han sido nacionalizadas. La reconversión, la emisión de capital, de participaciones preferentes, la inyección de dinero público ha sido casi total, ahora hay que ver cómo se gestionará todo esto, cómo se mitigará la inmensa, descomunal deuda adquirida, y qué será del futuro inmediato de algunas entidades en un mercado cada vez más competitivo y duro, donde le coste del producto o servicio financiero irá en aumento y algunas entidades difícilmente podrán sobrevivir para devolver lo que deben ofertando sus productos a precios o comisiones que no impliquen una huida de clientes.

Nadie sabe qué va a suceder ni cómo serán las cosas a partir de ahora. Si se ha concluido o no el proceso de reestructuración y recapitalización con dinero de todos los contribuyentes, o si habrá nuevas medidas, nuevas exigencias o nuevos criterios propios o impuestos desde fuera. Lo cierto es que la volatilidad de los mercados, la crisis de la deuda soberana, el fuerte endeudamiento y apalancamiento privado, tanto familiar y empresarial como de las propias entidades financieras, aventuran tiempos difíciles y en los que la confianza y la credibilidad no está ganada, tal vez ni siquiera suficientemente merecida.

Como muy bien señalaba este mismo periódico el pasado 1 de octubre, estamos ante un punto y seguido, no final. Ni siquiera aparte. Todo es posible en el vaivén de incertidumbre y desasosiego que devora los mercados. Pero quizás lo más triste de todo esto, lo penoso, es la falta de responsabilidad civil, penal, administrativa de muchos gestores, también políticos que se han situado y mangoneado en las cajas de ahorros a su gusto, merced y capricho. Gestiones deficientes, peligrosas, arriesgadas, escandalosas. Riesgos inasumibles desde la sana lógica, pero sobre todo desde el dictado impenitente de las cifras contables y patrimoniales, económico-financieras en suma. Nada ha importado. Se ha derrochado, se ha dilapidado y algunos responsables han abusado de su poder, de sus decisiones y del dinero, en suma, de la entidad en provechos que no se sabe muy bien de qué y de quién, aunque todos lo sospechamos. Se llama presunción, sin embargo. Pero nadie responderá ni nadie exigirá ni depurará esas responsabilidades. Y esto se llama también cinismo y corrupción. Demagogia barata y reírse de leyes y de justicia. Y a pesar del tono pausado y sosegado, el pasado viernes, del gobernador del Banco de España, que no obstante blasonar el éxito de la recapitalización y reestructuración -éxito según quién lo mire y cómo a nuestro juicio-, descargó su verbo hacia la gestión escandalosa de una caja en concreto. Pero, ¿por qué ahora y no antes?, ¿qué falló si es que algo falló de la supervisión y la fiscalización financiera hacia la entidad? No todo se arregla con el cese fulminante de una cúpula directiva, es necesario exigir responsabilidades, indagar en esa gestión, sea dolosa, sea negligente, sea simplemente arbitraria, caprichosa y temeraria. Es hora de acabar con la impunidad y empezar a ser serios en un país que debería haberlo sido siempre y no lo ha sido.

Abel Veiga Copo. Profesor de Derecho Mercantil de Icade